OTRO FRENTE PARA EL GOBIERNO

La oposición va contra el DNU migratorio de Milei: presentó un amparo y pide frenar las nuevas reglas para expulsar extranjeros

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro pidieron a la Justicia que suspenda sus efectos mientras se define su constitucionalidad.

Maximiliano Ferraro y Mónica Frade Foto: Collage CeDoc

El nuevo frente de batalla contra el Gobierno de Javier Milei se abrió por su política migratoria y ya llegó a los tribunales. A la espera de que la Justicia defina el futuro del DNU 681/2026, que modificó la Ley de Migraciones, los diputados nacionales de la Coalición Cívica Radical (UCR) Mónica Edith Frade y Maximiliano Ferraro presentaron un amparo para frenarlo, al cuestionar la ampliación de las causales de expulsión de extranjeros bajo conceptos tan amplios como "mensajes de odio" o "ultraje a los símbolos patrios".

Sin duda alguna, el escrito presentado ante la Justicia desarma los argumentos del Poder Ejecutivo bajo pilares estrictamente constitucionales y convencionales.

A propósito, uno de sus argumentos apunta tanto qué decidió el Gobierno como la forma en que tomó esa decisión.

Plantean que el Poder Ejecutivo incumplió las condiciones previstas en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional al modificar una ley mediante un DNU, cuando “el Congreso se encontraba en funcionamiento” y, según plantean, “no existía una situación excepcional” que justificara saltear el procedimiento legislativo.

Por eso, además de pedir que el decreto sea declarado inválido, solicitaron una medida cautelar para suspender de inmediato su aplicación mientras se tramita la causa. 

Esa “campaña” fue orquestada por la “izquierda internacional”, sectores “wokistas” y el peronismo/kirchnerismo, según posts y declaraciones de funcionarios y del propio presidente​

En esta misma línea, otro de los aspectos que la demanda considera especialmente problemáticos son las nuevas causales que pueden utilizarse para impedir el ingreso de extranjeros, cancelar residencias o disponer expulsiones.

Sobre ese punto, aparecen referencias a “mensajes de odio” y “ultraje a los símbolos patrios”, dos expresiones que adquirieron especial peso en el discurso político del Gobierno durante las últimas semanas. 

A modo de sumar más leña al fuego, el propio Milei compartió en X una frase atribuida a Winston Churchill y la utilizó para reforzar su discurso sobre una supuesta "campaña anti-Argentina".

Para los diputados, estas disposiciones pueden afectar la libertad de expresión, además de principios como la legalidad, la igualdad, el debido proceso y la protección de la reunificación familiar. Advierten que son “demasiado amplias e imprecisas” y que podrían habilitar decisiones administrativas sin una condena judicial previa.

Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva durante la presentación de la nueva Agencia Nacional de Migraciones​

Campaña contra antiArgentina: un informe desmiente una operación organizada y cuestiona el discurso oficial

Antes de que se presentara el amparo, la Unión Cívica Radical como bloque también había salido a cuestionar el DNU. Su presidente, Leonel Chiarella, sostuvo que es inconstitucional porque “no hay ni necesidad ni urgencia” que justifiquen modificar la Ley de Migraciones por esta vía.

Qué había cambiado Milei en la política migratoria

El cambio de paradigma migratorio comenzó con el DNU 366/2025, una norma impulsada por la gestión de Javier Milei que reestructuró el acceso a ciertos servicios públicos (como la habilitación para que las universidades públicas arancelen carreras a extranjeros sin residencia permanente) y endureció los controles de permanencia y los requisitos económicos para ingresar al país.

Sin quedar afuera, hubo cambios vinculados con la educación universitaria, al establecerse nuevas condiciones para la gratuidad de las carreras de grado en universidades estatales, y modificaciones relacionadas con el acceso de extranjeros a determinadas prestaciones de salud.

A tener en cuenta, no significa que los extranjeros hayan perdido en general el derecho a la salud o a la educación. Las reglas varían según la situación migratoria y el tipo de prestación.

MV