La protesta federal apunta a reunir a víctimas de la motosierra

La CGT no estará sola en su cruzada contra el Gobierno para impedir el avance de la reforma laboral en la movilización del 18. Este jueves, acompañarán a la central las dos CTA (tanto la que lidera Hugo Yasky como la tiene como referente a Hugo “cachorro” Godoy). También se sumarán los movimientos sociales reunidos en la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Corrientes Clasista y Combativa (CCC) y el sindicalismo combativo de izquierda. También prometen asistencia otros sectores críticos del oficialismo, como los trabajadores del Hospital Garrahan y colectivos de Discapacitados.

Cada uno de los sectores se caracteriza por tener enfrentamientos directos con la administración libertaria. Se sumarán al rechazo pleno al proyecto de modernización laboral y multiplicarán la presencia en las inmediaciones de la Casa Rosada. En algunos casos con consignas particulares. Creen que el texto que se presentó la semana pasada representa la posibilidad de unir a distintas organizaciones y una gran chance de conformar una marcha multitudinaria, con casi 150 mil personas. El número que pretende alcanzar la calle Azopardo.

En el caso de las CTA, sus principales cuadros nacionales se congregaron el viernes y ratificaron el estado de movilización permanente hasta que se retire la iniciativa del Parlamento.

Además de acompañar a la CGT frente a la Casa Rosada, organizará manifestaciones en todas las plazas del país el 18D y resolvió marchar al Congreso cada vez que se trate el texto. En el menú táctico contra el proyecto, Godoy y Yasky confirmaron que seguirán realizando reuniones periódicas con gobernadores, senadores y diputados. Mientras que el viernes 19 en la sede de Bartolomé Mitre se organizará una jornada de análisis sobre la iniciativa con los referentes sindicales más relevantes.

En esta sintonía, la UTEP aprovechará este jueves para denunciar el ajuste en comedores y la situación de los trabajadores informales en la era Javier Milei. Ante la consulta de PERFIL acerca del escenario que se traza con este proyecto de legislación laboral, Alejandro Gramajo, secretario general de la organización, opinó que es un retroceso con riesgo de explosión social. “El texto significa una invisibilización total de los más de 9 millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que no tienen ningún derecho y que reman todos los días contra una política económica que importa cartón, alimentos y textiles, destruyendo las pocas herramientas de rebusque que tiene nuestro pueblo”, planteó.

Y sostuvo que se requiere reconocimiento por parte del Estado de la informalidad bajo un estatuto que regule las actividades de los informales. “Es un paso necesario para registrar una Argentina que la política hace rato que no ve, y que la forma que tiene de expresarse cuando la acorralan mucho suele ser explosiva”, evaluó.

Otra agrupación que dirá presente es la CCC con “programa propio”, como anticipa Ramiro “Vasco” Berdesegar, coordinador de la CCC de La Plata e integrante de la Mesa Nacional de desocupados y precarizados. Dicho programa está basado en el reclamo de un incremento en el Salario Social Complementario y en la exigencia de la continuidad de los programas sociales, totalmente desfinanciados bajo la gestión Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano.

El gremialismo identificado con el Frente de Izquierda (FIT), como el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) también participará de la jornada con los dirigentes del partido político que quieren que exista un paro nacional y un plan de lucha “verdadero hasta derrotar la reforma esclavista”. Para completar el cuadro de situación, aparecen dispuestos a marchar empleados del Garrahan y colectivos de discapacitados, que le reclaman al Gobierno que aplique la Ley de Emergencia Pediátrica y la normativa denominada Emergencia en Discapacidad. Ambas leyes, vetadas por el jefe de Estado y con insistencia en el Parlamento, cuentan con una resolución judicial para su aplicación. Desde el Poder Ejecutivo plantearon que se apelará el fallo, ya que la sentencia constituye una intromisión en atribuciones propias del Ejecutivo, en especial en materia de administración del gasto público y elaboración del presupuesto.