Lobby oficial: traje a medida para un problema estructural

Argentina ocupa hoy el puesto 104 de 182 países en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Es el peor registro desde 2017. Ese dato no es un accidente: es el resultado acumulado de décadas de instituciones de control que dependen de quien deben controlar.

El Gobierno presentó una respuesta a ese problema. Se llama “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”. Regula el lobby. Crea un registro de gestores, exige reportes de actividad y establece cuatro nuevos tipos penales. Punto

No moderniza las declaraciones juradas. No regula los conflictos de intereses. No limita las puertas giratorias. No reforma la Oficina Anticorrupción. No crea ningún organismo de control independiente. Es una ley de lobby, no una ley de ética pública. La diferencia no es menor.

Hay además un problema constitucional que la iniciativa oficial no resuelve, y que los especialistas señalaron en la reunión de comisión: obligar a registrarse como gestor de intereses sin distinguir entre quien defiende un negocio privado y quien reclama una política pública en nombre de derechos colectivos vulnera el derecho constitucional a peticionar a las autoridades. Una ONG ambiental, un sindicato, una asociación de usuarios: todos quedarían alcanzados por el mismo régimen que un lobista corporativo. Nuestra propuesta invierte esa lógica: la obligación de registrar recae exclusivamente sobre el funcionario público, no sobre el ciudadano que peticiona.

Desde el Frente Renovador presentamos un proyecto diferente. No como respuesta táctica al debate de la semana, sino como propuesta de reemplazo integral de la Ley de Ética Pública vigente y de todo el andamiaje institucional que la rodea. El diagnóstico es simple: el modelo actual es reactivo. Sanciona después. Nosotros proponemos un sistema que prevenga, detecte y corrija antes de que el daño ocurra.

La innovación central es institucional. Creamos un Instituto Nacional de Integridad y Ética Pública bajo la órbita del Congreso, con un directorio tripartito conducido mayoritariamente por la oposición y con presencia del Poder Ejecutivo. Los mandatos de los directores caducan si su partido accede al gobierno o lo pierde. La designación pasa por audiencias públicas y concurso de antecedentes con participación de la sociedad civil. El punto es este: el controlador no puede depender del controlado. Hoy depende. Siempre dependió, con todos los gobiernos.

El proyecto moderniza además el régimen de declaraciones juradas para incluir criptoactivos, monedas digitales y beneficiarios finales de sociedades, y lo extiende a los tres poderes del Estado. Regula los conflictos de intereses graduando plazos y restricciones según jerarquía y tipo de conflicto — real, potencial o aparente. Extiende el régimen antinepotismo a todos los poderes. Obliga a proveedores y contratistas del Estado a presentar declaración jurada de intereses. Una plataforma tecnológica unificada garantiza el acceso ciudadano gratuito a toda esa información.

La transparencia y la integridad no pueden depender únicamente de la sanción posterior. Eso es lo que tenemos hace décadas y el resultado está en el índice de Transparencia Internacional.

Este debate es una oportunidad real. Sería un error desperdiciarla en una regulación parcial que no toca el problema de fondo.

*Diputado Nacional - Frente Renovador.