Reforma en Inteligencia: la oposición rechaza el DNU y pide activar las bicamerales de control

El decreto con el que el Gobierno modificó por necesidad y urgencia la Ley de Inteligencia abrió en pocas horas un frente legislativo y político que se profundiza a cada hora. El cambio estructural en la SIDE, oficializado el primer día hábil del año, coincidió con la advertencia de un grupo de diputados del interbloque Unidos, que reclamó a Martín Menem y a Victoria Villarruel la conformación urgente de dos comisiones clave: la Bicameral de Trámite Legislativo, que revisa los DNU, y la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. El pedido fue acompañado luego por Unión por la Patria, que también envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados.

La exigencia apunta al primer paso institucional para que el Congreso pueda tratar el DNU 941/25, que reformó aspectos centrales del sistema de inteligencia. Según la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete tiene diez días hábiles para remitir el decreto al Parlamento. Una vez que eso ocurra, la Bicameral de DNU —aún sin conformar tras el recambio legislativo— dispondrá de otros diez días para expedirse. Aunque no haya dictamen, el decreto deberá llegar al recinto en febrero, cuando las cámaras vuelvan a sesionar con el desafío de reunir una mayoría simple que permita rechazar o avalar una de las reformas más sensibles de la administración libertaria.

Fuertes críticas de la oposición

La disputa política se activó incluso antes de que el decreto ingresara al Congreso. Desde el interbloque Unidos, Maximiliano Ferraro fijó una de las posturas más duras al señalar que, si la reforma de la SIDE la hubiera firmado un gobierno kirchnerista, “sería un escándalo institucional de proporciones históricas”. El diputado apuntó a lo que definió como “republicanos intermitentes” que guardan silencio ante un cambio que, según dijo, “va por el control total de la inteligencia nacional a costa de derechos, libertades y garantías”.

Ferraro también cuestionó que una medida de esta magnitud se aplicara por decreto: “¿Por qué no discutir un tema tan relevante en el seno del Congreso, con debate plural, contralor efectivo y pleno funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales?”. La advertencia se amplificó cuando el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez alertó que el alcance del decreto “es muchísimo más amplio” porque obliga a todo el Sector Público Nacional —universidades, organismos descentralizados, empresas estatales, seguridad social— a aplicar medidas de contrainteligencia definidas por la SIDE.

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Mónica Frade, también integrante de Unidos, se sumó al reclamo y advirtió que “nuestra libertad no es condicional al gobierno que se les ha prestado”, en referencia a Milei y Patricia Bullrich. Su mensaje apuntó a la necesidad de que el Congreso intervenga y ponga en marcha los controles previstos por la propia Ley de Inteligencia.

Desde Unión por la Patria, Agustín Rossi —ex titular de la SIDE y hoy diputado nacional— calificó el decreto como un “atropello a garantías individuales básicas” y alertó sobre un escenario de “extrema gravedad institucional”. Sus objeciones son centrales en el debate que viene: la posibilidad de que agentes de inteligencia “puedan detener personas sin orden judicial previa”, algo que consideró una violación directa de los derechos humanos y una habilitación a tareas de inteligencia interior, expresamente prohibidas por ley.

Rossi también cuestionó la habilitación para que las Fuerzas Armadas y de Seguridad realicen inteligencia interior a pedido del jefe de la SIDE, sin límites de personal ni plazos, y sostuvo que la eliminación del control civil en el área militar consolida una “militarización de la política de defensa”. En entrevistas radiales fue más lejos: advirtió que la reforma “convierte a la SIDE en una suerte de policía secreta” y señaló posibles impactos sobre el periodismo, al considerar que podría facilitar mecanismos de disciplinamiento y temor frente a investigaciones incómodas.

La defensa del Gobierno y el nuevo mapa del sistema de inteligencia

En medio de las críticas, la Secretaría de Inteligencia del Estado difundió un comunicado para justificar los cambios. Definió la reforma como parte de una “segunda generación” del Sistema de Inteligencia Nacional y la enmarcó en el “proceso histórico que impulsa el Presidente” para adaptar al país a “las amenazas y desafíos del siglo XXI”.

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Según el organismo, el DNU “acota, define y clarifica” la estructura y las competencias del sistema, elimina superposiciones y reduce funciones que —según el Gobierno— fueron asignadas de manera discrecional durante décadas. Entre los cambios más relevantes, la SIDE señaló que la Agencia de Seguridad Nacional quedará circunscripta a tareas de contrainteligencia, mientras que la protección de la infraestructura crítica y de los sistemas de información pasará a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

El comunicado también defendió la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y la concentración de sus tareas en el Estado Mayor Conjunto, con el argumento de lograr un esquema “más eficiente, integrado y coherente en materia de inteligencia de defensa”. Para la SIDE, el nuevo sistema de intercambio de información —basado en trazabilidad y registro obligatorio de cada requerimiento— garantiza transparencia interna y fortalece los controles legales y presupuestarios.

“El Estado argentino debe dejar atrás prácticas del pasado como persecución política interna, espionaje doméstico o control indebido sobre dirigentes, periodistas y ciudadanos”, afirmó el organismo, que cerró el texto reivindicando la reforma como una decisión que consolida “un Estado limitado, profesional y al servicio de la República y de la libertad”.

Mientras el Gobierno defiende el DNU y la oposición reclama el funcionamiento de las bicamerales, el reloj ya está en marcha. La carta enviada a Menem y Villarruel, firmada por diputados de Unidos y acompañada por UP, busca asegurar que el tratamiento del decreto no quede relegado mientras avanza el receso parlamentario. Si los plazos se cumplen, el DNU recién llegará al recinto en la segunda quincena de febrero, cuando las cámaras enfrenten el desafío de reunir mayorías simples en un Congreso aún desordenado tras el recambio de diciembre.

JD / DCQ