El DNU 941/2025, publicado en el Boletín Oficial, introdujo cambios de fondo en el Sistema de Inteligencia Nacional y en la Secretaría de Inteligencia del Estado, una de las reformas más sensibles encaradas por el Gobierno de Javier Milei en el inicio de 2026. Al analizar la medida, Miguel Ángel Toma cuestionó en el programa de Modo Fontevecchia, por Net TV, lo calificó como ineficiente y burocrático y lanzó una definición tajante: “Los cambios en la SIDE son un mamarracho”.
El abogado y exfuncionario Miguel Ángel Toma cuenta con una trayectoria ligada al peronismo y, en particular, al sistema de inteligencia del Estado. Se desempeñó como secretario de Inteligencia del Estado (SIDE) entre 2001 y 2002, en el gobierno de Eduardo Duhalde, en pleno desarrollo de una de las crisis políticas, económicas y sociales más profundas del país. A la par, fue diputado nacional por el peronismo y presidió la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, desde donde impulsó la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), sancionada en 2001, que dejó atrás el esquema de la dictadura.
A partir de su conocimiento sobre los cambios dispuestos por el Gobierno nacional en materia de seguridad. Me gustaría leerle lo que me envía un amigo. Dice así, lo titula: “Todos seremos espiados”. Uno: básicamente es una ampliación de las funciones y misiones de la inteligencia, dándole marco legal a lo que ya hacen y a lo que quieren hacer. Dos: la consecuencia será un Estado policial que recortará derechos y perseguirá y controlará a opositores. Tres: en el caso de las Fuerzas Armadas, se autonomiza la inteligencia del control civil por parte del Ministerio de Defensa, disolviendo la DIIEM y concentrando el poder en la Dirección Estratégica Militar del EMCO, una vieja aspiración de la corporación. Cuatro: a cambio de ganar esa autonomía en defensa, se subordina la inteligencia militar al área de seguridad, dando un paso más en convertir a las Fuerzas Armadas en un auxiliar de las fuerzas de seguridad. Cinco: se avanza así en el objetivo de transformar a las Fuerzas Armadas en una Guardia Nacional, como impulsan desde hace años desde el Comando Sur.
Es absolutamente comprensible ese comentario, más que por este decreto, porque la Argentina viene de un proceso prolongado de utilización de las metodologías de inteligencia para el espionaje interno y como mecanismo de control y represión social. Eso es lo que definió y le dio características al Gobierno kirchnerista, al punto de desestructurar la inteligencia civil para construir una inteligencia ilegal y paralela en cabeza militar. En nombre del progresismo y de la defensa de los derechos humanos, se constituyó una estructura de control y represión social en cabeza militar, como en las peores épocas del terrorismo de Estado.
Aquella es la gran hipocresía de los populismos y de los autoritarismos pseudoprogresistas que hemos vivido en la Argentina. La utilización del espionaje interno, el carpetazo y la persecución de opositores, de curas, de empresarios y de quienes no opinaban como el gobierno pretendía, según el dictat de la época, formaron parte de ese esquema. Por eso, lo que plantea su amigo es comprensible: responde a una cultura autoritaria que durante 20 años condujo a la Argentina. Este decreto, lejos de servir a lo que debería ser una política de Estado, se convierte en un elemento que refuerza todavía más esa percepción.
La refuerza por varias razones. No porque necesariamente se vaya a ejercer, sino porque recurrir a un decreto para modificar la Ley 25.520, que fue sancionada con un consenso enorme, no es una buena actitud. Yo era opositor en ese momento, diputado por el peronismo, y presidía la Comisión Bicameral de Inteligencia. Trabajamos durante un año con Carlos Becerra, que era el jefe de la SIDE en el gobierno de De la Rúa, y elaboramos una ley convocando a todos los sectores políticos con representación parlamentaria, que obtuvo un consenso unánime. Derogó toda la legislación anterior: bandos militares, decretos secretos y decretos-ley.
Recurrir a un decreto frente a una ley con esas características no es una buena señal. Debió haberse convocado a un debate mucho más amplio, lo que habría disipado los fantasmas que su amigo plantea de manera comprensible. Desde el punto de vista técnico, la estructura del decreto es un mamarracho, porque no sirve para hacer más eficiente el sistema. Burocratiza, genera agencias con autonomía funcional y tecnológica, y dificulta la construcción de un organigrama que permita su control. Además, abre debates innecesarios. Si usted o yo, civiles de a pie, tenemos la posibilidad de neutralizar a un ladrón que está cometiendo un delito, la ley ya nos protege. ¿Para qué incluir eso en un decreto y otorgarle esa potestad a un oficial de inteligencia?
Eso genera un debate inconsistente, ajeno a lo que la sociedad necesita: construir una estructura de inteligencia más ágil y eficiente para neutralizar el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de armas, la penetración de Estados narco —como lo fue Bolivia con acuerdos militares con Irán y transferencia de tecnología militar—, o incluso la entrega de pasaportes legítimos con identidades falsas a espías rusos, iraníes, chinos, cubanos o venezolanos.
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En lugar de discutir esos temas, se debate el uso de palabras como “encubierto”. La inteligencia, por naturaleza, es secreta, no encubierta. Es secreta porque protege a los agentes, a las fuentes y a las metodologías. El decreto es un error y, además, es malo: no sirve para los fines que debería cumplir.
MV
