Reforma laboral: negocian en secreto pero no llegan a sancionarla en extraordinarias

A Javier Milei ya no le preocupa tanto que el período de extraordinarias le quede corto. Convocó al Congreso para que funcione durante el receso de verano, entre el 2 y el 27 de febrero. Solo han pasado cinco días desde su comienzo y los funcionarios que reportan al Presidente están al tanto de un obstáculo que esperaban desde diciembre: los tiempos no alcanzan para conseguir que las dos cámaras sancionen el proyecto de reforma laboral que tiene dictamen de mayoría desde fines del año pasado. 

La relojería legislativa y política ya corre con toda velocidad en el Senado, pero no pasa lo mismo en Diputados. En la Cámara alta, el oficialismo, junto con un puñado de aliados claves, presentó el pedido formal para que la vicepresidenta Victoria Villarruel convoque a una sesión el próximo miércoles a las 11 para llevar al recinto la iniciativa de “modernización laboral”. El texto encierra una demostración de fuerza impulsada por Patricia Bullrich, la jefa de la bancada oficialista en la Cámara alta. La solicitud lleva la firma de los jefes de bloques que “representan a 44 senadores”. En el texto no solo está el gancho de la exministra de Seguridad. También está la rúbrica de los jefes de las bancadas del PRO, la UCR y de los espacios que reportan a fuerzas provinciales y a sectores del peronismo dador de votos para el oficialismo. Entre las voluntades que bancan el pedido para el próximo miércoles están los votos que la Casa Rosada cuenta como propios para conseguir la principal victoria legislativa de este período tan breve. En la nota también están las firmas de la tucumana Beatriz Ávila, que reporta al gobernador Osvaldo Jaldo y del misionero Carlos Arce, en nombre del mandatario Hugo Passalaqua. Junto a ellos está el correntino Carlos Camau Espínola, por el bloque Provincias Unidas, la exministra neuquina Julieta Corroza, en representación de su jefe provincial, Rolando Figueroa y el cordobés Luis Juez, que no está dentro del bloque macrista, pero también aportará su voto. 

El texto presentado apunta a presumir una sumatoria de 44 voluntades. Dos menos que las 46 que consiguió el Gobierno para la sanción del Presupuesto 2026 antes de finalizar el año. Sin embargo, por ahora, dentro de La Libertad Avanza creen que alcanzarán a los 41 votos para el próximo miércoles. La aspiración apunta a la aprobación en general del texto y, por ahora, sigue un capítulo abierto sobre el desarrollo de la votación en particular. Cerca de Bullrich no quieren exponer a los aliados, pero una alta fuente del oficialismo admitió que también cuentan con votos provenientes del peronismo. No nombran, pero creen que la jujeña Carolina Moisés, que forma parte del bloque Convicción Federal, integrado todavía al peronismo, podría ser la garante de los tres votos del PJ que le sobraron al oficialismo en la negociación por el Presupuesto. 

“Todavía quedan algunos días para cerrar lo que falta”, confió un senador oficialista sin perder de vista que la victoria que esperan para el miércoles no tendrá un camino tan simple en Diputados. Esta semana, los jefes de todos los bloques le adviertieron al titular de la Cámara baja, Martín Menem, que no llegan con los tiempos después del miércoles. Si hay una eventual aprobación del texto laboral el próximo miércoles, los días que quedan hasta fin de mes no serán los suficientes por los feriados de carnaval y por el escasísimo tiempo para dictaminar antes de intentar llegar al recinto. El dato no es menor, porque rompe la velocidad que pretendía el oficialismo para cerrar la guerra relámpago de febrero. 

Tal como están planteados los tiempos y las negociaciones, una desaceleración del impulso proveniente del Senado puede abrir un escenario indeseable en la Cámara baja.  En el oficialismo relativizan que una eventual postergación de los plazos previstos pueda dañar el plan trazado, pero tres involucrados directos en la negociación con Bullrich confirmaron a PERFIL que se están incluyendo distintas modificaciones en el texto. No implicará un nuevo dictamen para evitar más obstáculos, pero los cambios serán introducidos durante la sesión del próximo miércoles. Recién en ese momento se blanquearán los cambios que se están negociando a varias bandas. Desde el intercambio tributario con los gobernadores, que se siguen negando aceptar una reducción de la coparticipación por la reducción del impuesto a las ganancias, hasta el listado de exigencias de las cámaras empresariales. Los frentes más calientes, que preocupan a Bullrich, son la intransigencia de los bancos para aceptar cambios en la legislación sobre las cuentas sueldo y los planteos de las pequeñas y medianas empresas, reunidas en CAME, para sacar una decena de artículos que eliminan la ultractividad y podrían originar una judicialización total de la norma en caso de que el texto se transforme en ley. 

En ese punto se concentran los mayores cuidados y quizás por eso hay más preocupación por no revelar las concesiones del oficialismo que en un estiramiento de los plazos de máxima. Del texto final de reforma que se conozca el miércoles dependerá cuánto margen tiene el oficialismo para lograr la sanción en Diputados. Si gana la posición más intransigente del Gobierno sobre la reforma laboral, el paso siguiente en Diputados asoma empinado, pero no imposible para el oficialismo. La reforma no solo encierra cambios en el mundo del trabajo, sino también impositivos y la eliminación de los estatutos de viajantes de comercio, peluqueros, choferes particulares y periodistas. 

El capítulo de las derogaciones, en el final del texto, tiene entrampado a algunos negociadores que buscan ganar tiempo. Proponen una prórroga de seis meses, pero la argumentación suena poco convincente, especialmente para un oficialismo que no quiere aceptar ninguna prórroga. Así como en el Gobierno aceptan a regañadientes que el plazo de extraordinarias no les alcanza, también asumen que el acuerdo Mercosur - Unión Europea tampoco podrá ser aprobado antes del 1° de marzo, cuando Milei inaugure el período 144° de sesiones ordinarias del Congreso. A partir de entonces empieza otro momento y la semana próxima se sabrá de qué manera llegará el Gobierno.

Universidades: el Gobierno explora un nuevo esquema de financiamiento

Tras el fallido intento de derogar la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno avanza en negociaciones para impulsar una nueva ley que modifique –y no derogue– el esquema actual, con el objetivo de hacerlo financieramente viable y que lleve alivio a las universidades públicas. La estrategia oficial, según fuentes del Ejecutivo, apunta a resolver en un solo movimiento la discusión presupuestaria y desactivar los frentes legales y judiciales abiertos, mediante la aprobación en el Congreso de una norma que reemplace a la anterior. El secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron el jueves un encuentro con Carlos Greco y Franco Bartolacci, presidente y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –organismo que agrupa a las universidades públicas del país– en lo que el Gobierno describió como una ronda de conversaciones para sumar respaldo político e institucional a la nueva iniciativa antes de su envío al Parlamento. El proyecto buscará garantizar previsibilidad fiscal y seguridad jurídica. “Fue una reunión de acercamiento en la dirección correcta. Nos vamos con expectativa de que podremos avanzar en la resolución de algunas de las demandas que tenemos”, expresó Greco. Bartolacci agregó que si bien “son muchos los temas que quedan por resolver”, el encuentro significó “un paso en la dirección correcta”.

El conflicto universitario se intensificó en 2024 y 2025 tras sucesivas movilizaciones de estudiantes, docentes y no docentes en defensa del financiamiento de las casas de estudio públicas. En octubre de 2024, una segunda marcha federal en defensa de la universidad pública reunió a cientos de miles de manifestantes en rechazo al veto presidencial de la ley de financiamiento, originalmente aprobada por el Parlamento para actualizar el presupuesto universitario de acuerdo con la inflación. En septiembre, tras un segundo veto, se convocó otra marcha universitaria federal, acompañada de paros docentes y protestas en diversas ciudades, con el lema “Si hay veto, hay marcha”.