Súper RIGI: aliados del Gobierno le pusieron un freno a Bullrich y reclaman que las inversiones prioricen a proveedores argentinos

El oficialismo sufrió un duro revés en la Cámara Alta este miércoles, cuando los sectores dialoguistas frenaron la firma del dictamen del proyecto de Súper RIGI, el régimen de incentivos para inversiones monumentales superiores a los US$1.000 millones de dólares, con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios superiores a los que ofrece el RIGI vigente. Al momento, el proyecto tiene media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue aprobado con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones.

Sin acuerdo, el cortocircuito estalló durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Economía Nacional e Inversión. A la cabeza del reclamo quedaron Maximiliano Abad (UCR), Carlos Espínola (peronismo disidente) y Martín Goerling (PRO). Ahora se sumó Victoria Huala (PRO). Los legisladores pidieron incorporar mayores garantías para que los proyectos alcanzados por el régimen prioricen la compra de bienes y servicios de producción nacional.

Estos senadores cuestionan que el proyecto pueda terminar favoreciendo a proveedores extranjeros por una diferencia de precio.

RIGI vs. realidad: los grandes proyectos avanzan pero la inversión productiva cayó 11,6%

En esta línea, propusieron establecer que un proveedor nacional sea considerado competitivo cuando, en condiciones equivalentes de calidad, cantidad, especificaciones técnicas y plazos de entrega, su precio no supere en más de un 15% al de un proveedor extranjero. Sin más, en la práctica, esto permitiría que una empresa alcanzada por el Súper RIGI compre un producto o contrate un servicio nacional aunque sea hasta un 15% más caro que la alternativa importada.

Además, plantearon que la comparación tenga en cuenta el precio final del producto o servicio puesto en destino y todos los costos asociados a la importación. La intención es evitar que una oferta extranjera aparezca como más barata simplemente porque no se contabilizan los gastos que implica traerla al país.

También plantearon que, antes de permitir una compra en el exterior por falta de oferta nacional, se consulte a las empresas del sector para verificar si existen proveedores argentinos que puedan cumplir con el pedido.

La respuesta de Patricia Bullrich

La jefa del bloque de La Libertad Avanza reconoció las dificultades para avanzar con el proyecto y aseguró que el planteo de los senadores aliados fue presentado pocas horas antes de la reunión. “Es un tema que va en contra de nuestra idea. Hay que consultar con Economía... no lo veo tan fácil”, sostuvo Bullrich ante los periodistas acreditados en el Senado.

A su vez, la senadora dejó abierta la posibilidad de que el proyecto no avance si no logra reunir los acuerdos necesarios. “Si el Súper RIGI tiene tantos problemas, tendremos que quedarnos con el RIGI”, afirmó.

De todas maneras, antes de que apareciera el nuevo reclamo, el Gobierno ya había aceptado algunas modificaciones al proyecto. Una de ellas amplía a bienes y servicios transables el porcentaje del 20% de contratación o compra nacional previsto para las empresas que ingresen al régimen. La medida apunta a garantizar un piso de participación de proveedores argentinos.

También se incorporó una condición relacionada con el abastecimiento energético. Los proyectos que tengan una demanda elevada deberán garantizar su capacidad de conexión al sistema eléctrico y contar con mecanismos para cubrir sus necesidades de energía sin poner en riesgo la seguridad del sistema ni afectar el suministro de una población o región.

MV/ML