La Libertad Avanza avanzará este miércoles en el Senado con modificaciones al proyecto del Súper RIGI, luego de alcanzar acuerdos con la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales. El oficialismo busca emitir dictamen en un plenario de comisiones para llevar la iniciativa al recinto el próximo 10 de septiembre, aunque los cambios implicarán que el proyecto deba regresar a la Cámara de Diputados si finalmente es aprobado por el Senado.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, aceptó incorporar dos modificaciones reclamadas durante las negociaciones: una mayor precisión sobre la participación de proveedores nacionales en los proyectos de inversión y nuevas condiciones para los emprendimientos que demanden grandes cantidades de energía, entre ellos los megacentros de datos vinculados con la inteligencia artificial. La decisión se tomó pese a que dentro del Gobierno persisten reparos sobre algunas de las condiciones acordadas.
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La pelea por la energía
El punto que genera mayor discusión está relacionado con los denominados proyectos electrointensivos. Los bloques provinciales plantean que las empresas que requieran grandes volúmenes de electricidad, especialmente los centros de datos, desarrollen sistemas propios de generación para evitar que el incremento de la demanda recaiga sobre las redes existentes y obligue a ampliar la infraestructura a cargo de las provincias.
El reclamo adquiere relevancia porque los centros de datos destinados a inteligencia artificial requieren un consumo energético elevado y forman parte de las inversiones que el Gobierno busca atraer mediante el nuevo régimen. Para los senadores provinciales, el debate no pasa únicamente por facilitar la llegada de capitales, sino también por determinar quién deberá afrontar los costos de la infraestructura necesaria para abastecer a esos nuevos emprendimientos.
Dentro del Gobierno, en cambio, existe preocupación por que la incorporación de nuevas obligaciones termine reduciendo el atractivo del régimen. El Súper RIGI es presentado como una herramienta para captar inversiones de gran escala en sectores considerados estratégicos, entre ellos tecnología, inteligencia artificial, centros de datos y minerales críticos.
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Más proveedores nacionales
El otro cambio negociado apunta a la participación de empresas argentinas como proveedoras de los grandes proyectos. El texto aprobado por Diputados establece que los planes de inversión deberán contemplar una contratación de proveedores locales equivalente, como mínimo, al 20% del monto destinado a ese concepto, siempre que exista oferta nacional en condiciones de precio y calidad.
Los bloques aliados buscan que la norma precise que el beneficio alcance a bienes producidos efectivamente en la Argentina. El planteo también fue respaldado durante el debate por representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), que reclamaron que la apertura a las inversiones extranjeras contemple mecanismos para que parte de esa actividad se traduzca en producción y empleo local.
La discusión introduce así uno de los principales desafíos políticos del proyecto: cómo combinar los incentivos para atraer grandes inversiones con una mayor participación de empresas nacionales. Mientras el Gobierno busca reducir las condiciones para facilitar la llegada de capitales, los bloques aliados intentan incorporar requisitos que permitan que esas inversiones tengan un impacto sobre la economía local.
Qué propone el régimen
El Súper RIGI propone un régimen especial para grandes inversiones, con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Entre ellos contempla una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, un esquema de amortización acelerada de las inversiones, certificados de crédito fiscal para afrontar IVA y contribuciones patronales, y exenciones de derechos de importación y exportación.
El proyecto también establece condiciones para la disponibilidad de las divisas generadas por las exportaciones y elimina determinadas restricciones para operar. El objetivo del Gobierno es ofrecer previsibilidad y menores costos a proyectos de gran escala que requieran inversiones importantes y tengan plazos extensos de recuperación.
Si el Senado aprueba el proyecto con las modificaciones acordadas, la iniciativa deberá regresar a Diputados. La Cámara baja deberá entonces aceptar los cambios introducidos por los senadores o insistir con el texto que aprobó originalmente.
