Las valijas de Laura Belén Arrieta: el juez Pablo Yadarola se despidió del fuero penal económico archivando la causa

El juez Pablo Yadarola cerró su etapa en el fuero penal económico con una decisión que causó sorpresa en el ámbito judicial y principalmente político: archivó la causa que investigaba el ingreso de diez valijas sin control aduanero en un vuelo privado cuya única pasajera era Laura Belén Arrieta, empleada del empresario Leonardo Scatturice, de suma cercanía con el gobierno de Javier Milei.

La medida expone un movimiento de perfecta sincronía entre los tiempos de la administración judicial y los reacomodamientos del poder político. El expediente se detiene justo el día antes de que el juez asuma un nuevo y estratégico rol en los tribunales federales de Comodoro Py.

Yadarola jura este jueves 3 de septiembre como camarista en lo criminal y correccional federal de la Ciudad de Buenos Aires y su última decisión deja la resolución de la trama de las valijas de Arrieta en un escenario de numerosas respuestas pendientes.

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La medida del magistrado contiene una salvedad técnica y curiosa. En su escrito el juez indica que "La presente decisión no reviste carácter definitivo, quedando supeditada la reapertura inmediata de la investigación a toda información que pudiera remitir la autoridad competente de los Estados Unidos de América respecto del origen, ruta, pasajeros, equipaje, mercadería declarada, controles y registros vinculados a la aeronave matrícula PRV-N18RU, o a cualquier otro elemento probatorio nuevo y relevante".

El motivo central invocado por Yadarola para suspender el avance de las actuaciones se sostuvo en la existencia de lo que denominó "límites probatorios estructurales". En el texto del fallo, el magistrado argumentó que la causa presentaba obstáculos materiales insalvables para la acusación, y detalló puntualmente la falta de un escaneo de los bultos en el momento del arribo, la presentación demorada de la denuncia inicial y la necesidad de incorporar los informes requeridos a los organismos estatales de Washington.

La promoción del juez para ocupar una de las sillas de la Cámara Federal lleva la firma del presidente Javier Milei y se publicó este miércoles 2 en el Boletín Oficial de la República Argentina. Con este nombramiento, Yadarola pasa a desempeñarse en una estructura judicial de máxima influencia, ya que integrará el tribunal encargado de revisar, confirmar o revocar las decisiones y procesamientos dictados por los juzgados federales de primera instancia en las causas de corrupción pública.

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La instrucción penal que acaba de suspenderse se había iniciado el 17 de marzo de 2025 bajo la hipótesis del presunto delito de contrabando. El hecho central bajo análisis se concentró en el trayecto realizado por el avión Bombardier Global 5000, identificado con la matrícula N18RU.

La aeronave aterrizó en el área metropolitana el pasado 26 de febrero de 2025 proveniente de Miami, y despegó el 5 de marzo de ese año hacia París, transportando a la tripulación y a su única pasajera, Laura Belén Arrieta, colaboradora directa de Scatturice, empresario de conocida cercanía con el gobierno librtario, dueño de la empresa de correo OCA y de la low cost Fly Bondi, que se encuentra al borde de la quiebra.

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En los momentos posteriores al arribo de la aeronave, el entonces vocero del Poder Ejecutivo, Manuel Adorni, había calificado públicamente de inviable la versión sobre el ingreso de diez bultos sin registrar. “Pensar que uno puede salir de Estados Unidos con un montón de valijas sin que nadie pregunte nada infiere dos alternativas: o que sos un imbécil o que estás operando", afirmó.

La posición oficial inicial afirmaba que se habían completado la totalidad de las inspecciones reglamentarias. Sostenían que Arrieta solo había ingresado al territorio nacional portando un bolso de mano y una única valija, elementos que supuestamente habían pasado por los controles obligatorios de la estación aérea.

La hipótesis del Gobierno fue descartada por los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez, quienes presentaron ante el juzgado un dictamen con la reconstrucción precisa del arribo del avión y el movimiento de los pasajeros.

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El Ministerio Público Fiscal probó, mediante el análisis técnico de las filmaciones de seguridad del aeropuerto, que al menos diez bultos de equipaje entraron efectivamente al país dentro de esa aeronave y eludieron los mecanismos de fiscalización obligatorios.

Tras la incorporación de estas pruebas fílmicas al expediente, la Casa Rosada modificó su postura y trasladó la responsabilidad de los hechos al personal de la Dirección General de Aduanas.

El propio presidente Javier Milei afirmó públicamente sobre el episodio que los agentes aduaneros son quienes poseen la potestad legal de decidir qué personas y pertenencias son sometidas a revisión y quiénes quedan exceptuados de los controles. Nunca aclaró que la Aduana depende del Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Luis Caputo, y naturalmente subordinado de forma directa al Presidente.

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A pesar de la argumentación oficial, la investigación conducida por los fiscales expuso cómo se saltearon los protocolos de inspección en este caso particular, mientras el resto de los viajeros que arribaban en la misma franja horaria hacían fila en el hall central para escanear sus pertenencias.

El registro de las cámaras de seguridad detalló el instante en que la vicejefa de la Aduana en persona le habilitó a Arrieta un acceso especial y paralelo, desviándola de la fila general que realizaba el público común.

El salto de la fila obligatoria ocurrió luego de que Arrieta realizara una llamada desde su teléfono personal y le entregara el aparato a la inspectora de la Aduana. La empleada del Estado mantuvo una breve conversación y de inmediato habilitó el ingreso de la pasajera con la totalidad de los bultos.

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Sin embargo, en estos 18 meses de investigación, la Justicia nunca pudo identificar quién estaba del otro lado del teléfono y dio la orden para habilitar el trato preferencial.

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En la misma resolución dictada este miércoles, Yadarola dispuso el envío de los testimonios recopilados a la Cámara Federal —organismo que él mismo integra desde este jueves— para que se abra una investigación independiente por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Esta nueva línea judicial buscará determinar las responsabilidades penales de los agentes aduaneros y de los particulares que intervinieron para que tanto Arrieta como los dos pilotos salieran de la zona aduanera por una vía exclusiva y sin controles.

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Finalmente, el magistrado le encomendó a las autoridades de la Aduana revisar las fallas organizativas expuestas en el expediente y diseñar un protocolo de control de carácter obligatorio, uniforme y sujeto a auditorías para vuelos privados internacionales.

Las nuevas directivas administrativas deberán fijar parámetros estrictos de selectividad para las revisiones. También establecerán la obligación de dejar una constancia escrita y justificada cada vez que se autorice a un pasajero a retirarse sin pasar su equipaje por el escáner.

La clausura de la investigación ofrece la clásica fisonomía de las causas sensibles que se desactivan al compás de los recambios institucionales. Con el archivo firmado por Yadarola a horas de abandonar el fuero y mudarse a Comodoro Py, el contenido de las valijas de Arrieta queda en incógnita, y la resolución del misterio en manos de la voluntad administrativa de la Justicia de Estados Unidos.

cp