El exempresario kirfchnerista Lázaro Báez volvió a quedar en el centro de una investigación judicial por presunto lavado de dinero y narcotráfico luego de que se conocieran una serie de escuchas telefónicas que exponen cómo habría continuado manejando sus negocios desde el penal de Ezeiza, donde cumple una condena unificada de 15 años de prisión.
En las conversaciones, el empresario da instrucciones sobre la administración de campos, el manejo de personal, el cobro de alquileres y distintas operaciones comerciales, mientras mantiene una disputa por el control de sus propiedades con su pareja, Claudia Insaurralde, y su colaborador Cristian Ibáñez, alias “Budín”.
La causa, identificada como 169831/26, documentó movimientos económicos por aproximadamente $390 millones en ocho meses y derivó en la formalización de una investigación contra 16 personas por presuntas maniobras de lavado de activos y delitos vinculados al narcotráfico.
Báez dejaba en claro ante sus interlocutores que seguía teniendo la última palabra sobre sus negocios. "El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia ni los otros abogados", afirma durante una conversación sobre contratos de alquiler y negociaciones comerciales. Según los investigadores, la frase refleja el control que habría conservado sobre la toma de decisiones, pese a estar privado de su libertad y tener parte de su patrimonio bajo control judicial.
Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez cuando estaba por subir a un vuelo
Las órdenes de Báez a su mano derecha y la desconfianza hacia su pareja
En los audios, Ibáñez se refiere a Báez como “el tío” y a Insaurralde como “la tía”. El empresario aparece impartiendo instrucciones sobre cómo organizar el personal de sus establecimientos rurales y quiénes debían quedar a cargo de las tareas. También expresa desconfianza hacia su pareja, con quien mantiene una relación desde hace aproximadamente siete años, y advierte a su colaborador que no permita que las decisiones de ella se impongan sobre las suyas.
“La tía piensa que porque pone gente que ella quiere después va a hacer lo que ella quiere; ojo con eso”, le dice Báez a Ibáñez en una de las comunicaciones.
En otro intercambio, le ordena que el administrador que ya trabajaba en La Entrerriana sea trasladado a otro establecimiento y que, en su lugar, quede una persona de confianza. “Yo voy a supervisar los dos lados”, sostiene.
En una comunicación, Ibáñez le informa sobre posibles operaciones en Gobernador Gregores y le consulta si debe avanzar. Báez pregunta por los montos involucrados antes de dar su autorización.
Los alquileres, los contratos y el reclamo por los pagos
Otro de los audios incorporados al expediente corresponde a una conversación del 8 de octubre entre Báez y un interlocutor identificado como “Tato”, relacionada con el alquiler de propiedades comerciales utilizadas por empresas vinculadas a servicios médicos en Río Gallegos.
En el diálogo aparecen referencias a las firmas Trinidad, Cedimag y Prexa, además de una negociación contractual que habría generado diferencias entre las partes. Báez interviene para reclamar que se respeten sus instrucciones y advierte que está dispuesto a terminar el acuerdo si no se alcanza una solución “Hace diez años se vienen haciendo los pícaros”, se queja durante la conversación.
El empresario también cuestiona que otras personas hayan participado en negociaciones sin su autorización y sostiene que Insaurralde tenía instrucciones precisas sobre cómo debía resolverse el conflicto “Acá hay una sola parte, hay una sola parte, y Claudia tiene una instrucción muy clara”, afirma.
Las escuchas también incluyen conversaciones sobre la administración de establecimientos rurales de Santa Cruz, entre ellos La Entrerriana y Alquinta, dos propiedades identificadas entre los bienes sujetos a decomiso en el marco de las investigaciones contra el empresario.
Báez discute con Ibáñez sobre la distribución del personal y exige que se respeten las designaciones que había dispuesto. La fiscalía sospecha que el colaborador actuaba como uno de los operadores encargados de ejecutar las instrucciones del empresario y administrar parte de sus activos.
Otra conversación, registrada el 20 de octubre, involucra una negociación para comercializar 600 ovejas. Ibáñez consulta sobre el valor de los animales y explica que necesita conseguir alrededor de 10.000 dólares. En el intercambio aparecen referencias a ovejas sin documentación y a la posibilidad de vender lana y otros productos.
Los cuadernos secuestrados y las anotaciones de Báez
Durante los allanamientos, las autoridades secuestraron en la celda de Báez al menos 25 hojas de anotaciones y un cuaderno Gloria en el que el empresario habría registrado detalles de las operaciones que realizaba.
En esos documentos aparecen nombres resaltados, listados de proveedores, abogados y referencias a cuentas vinculadas con distintas personas. Algunas de las anotaciones fueron realizadas de puño y letra por el propio empresario.
El expediente patrimonial se relaciona con otra investigación federal que apunta a una presunta organización dedicada al tráfico y comercialización de estupefacientes en Santa Cruz. La conexión se habría establecido a partir de las intervenciones telefónicas sobre Ibáñez, quien también aparece investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Según la fiscalía, la estructura habría comercializado cocaína en distintos episodios y utilizado vehículos, transferencias y billeteras virtuales para movilizar dinero. En uno de los procedimientos realizados el 10 de noviembre, los investigadores secuestraron 1.305 gramos de cannabis y 725 gramos de cocaína en un domicilio de Pedro Nahuel Leal.
Las detenciones y las medidas judiciales
El juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez formalizó la investigación contra 16 personas en dos causas conexas por lavado de activos y narcotráfico. Durante las audiencias, que se extendieron durante casi diez horas, se dispuso prisión preventiva por 180 días para nueve imputados, entre ellos Báez, Insaurralde e Ibáñez. Una mujer quedó bajo prisión domiciliaria y otros acusados permanecen en libertad con restricciones.
Insaurralde había sido detenida en el aeropuerto de Ezeiza cuando arribó en un vuelo procedente de Río Gallegos, junto con otras dos personas. Los investigadores sospechan que intentaba fugarse. El magistrado también autorizó ampliar las medidas cautelares sobre el patrimonio investigado, que incluyen secuestro e inhibición de bienes, congelamiento de activos financieros y afectación de cánones locativos.
CS/MSS