El hijo mayor de Lázaro Báez, Martín Báez, volvió a recibir una condena por una causa vinculada con los negocios de su familia y, esta vez, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 le impuso tres años de prisión por defraudación contra la administración pública, en el segundo tramo de la causa Vialidad. La nueva sentencia se sumó a la que ya tenía por lavado de activos y dejó su pena unificada en siete años y nueve meses de prisión.
Su sentencia fue firmada por el juez Andrés Basso y alcanzó a otros cinco acusados: Julio Enrique Mendoza, Carlos Joaquín Alonso, Jorge Eduardo Gregorutti, Sergio Hernán Passacantando y Fernando Javier Butti. Todos reconocieron su responsabilidad en los hechos y aceptaron las penas acordadas con los fiscales, las defensas y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Aunque, la condena no fue la única resolución del tribunal. Basso también dispuso el decomiso de bienes por $684.990.350.139,86, casi $685.000 millones, un monto que deberá actualizarse cuando se concrete la medida. Se trata de la recuperación patrimonial vinculada con el perjuicio económico establecido en el primer tramo de la causa.
El nuevo fallo forma parte de la investigación por el reparto de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015. A diferencia del juicio que terminó con las condenas de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, esta segunda etapa se concentró en los funcionarios de segunda y tercera línea de Vialidad Nacional y de la delegación santacruceña, además de los empresarios que participaron desde las compañías beneficiadas con los contratos.
Según el fallo, Martín Báez fue partícipe necesario de la maniobra. Junto con Mendoza y Butti colaboró desde las empresas constructoras para que las irregularidades pudieran concretarse, a través de la presentación de ofertas, la firma de contratos y la ejecución de las obras.
Alonso, Gregorutti y Passacantando, en cambio, fueron considerados coautores. Para el juez, tenían bajo su responsabilidad la administración de los fondos destinados a los trabajos viales y quebrantaron los deberes que debían cumplir en sus cargos.
Al justificar la condena, Basso recordó que los hechos de esta segunda etapa ya habían sido acreditados en el juicio principal. En ese sentido, sostuvo que existía “con certeza la existencia de la maniobra defraudatoria perpetrada en perjuicio de la administración pública mediante la obra pública vial adjudicada en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015”.
En la misma línea, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían apuntado contra el funcionamiento de un sistema que, de acuerdo con la acusación, permitió direccionar las licitaciones y favorecer a las empresas de Báez. Los representantes del Ministerio Público Fiscal hablaron de “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional” y sostuvieron que los acusados actuaron con una división de roles para beneficiar sus propios intereses.
“Mediante sus aportes, contribuyeron al perfeccionamiento de una colosal maniobra de corrupción en la cual los imputados, mediante una estricta división de roles, de manera sostenida en el tiempo, sustrajeron sistemáticamente fondos del erario en provecho particular”, señalaron.
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Los videos de La Rosadita que también lo dejaron en el centro de la Ruta del Dinero K
La exposición pública de Martín Báez tuvo uno de sus momentos más fuertes en marzo de 2016, cuando se conocieron las grabaciones de la financiera SGI, conocida como La Rosadita, en Puerto Madero. En las imágenes aparecía contando fajos de dólares, euros y otras monedas junto a Daniel Pérez Gadín y Fabián Rossi.
Aquellos videos dieron vuelta el escenario político y judicial porque mostraban parte del movimiento de dinero que investigaba la denominada Ruta del Dinero K. La causa buscó reconstruir cómo se habían utilizado distintas sociedades y operaciones financieras para sacar fondos al exterior y ocultar su origen.
Dicho expediente terminó con una condena para Martín Báez por lavado de activos agravado. En 2021, el Tribunal Oral Federal N° 4 le impuso nueve años de prisión, aunque Casación redujo posteriormente la pena a seis años y seis meses.
Para junio de 2023 obtuvo la libertad condicional, pero eso no significó que la condena quedara atrás. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema en 2025 y, en julio de este año, el máximo tribunal rechazó un planteo de su defensa para que se le computaran como cumplimiento de pena los dos años que había permanecido bajo ese régimen. Además, quedó alcanzado por una multa de aproximadamente US$ 274 millones y por el decomiso de bienes relacionados con las operaciones de lavado.
MV
