Una investigación judicial permitió descubrir la manera en que Lázaro Báez, el empresario que se volvió millonario de la mano del kirchnerismo al ser el principal beneficiario de la obra pública en Santa Cruz, usaba el teléfono de la cárcel de Ezeiza para liderar una organización que manejaba sus bienes.
La Nación informó que la “Causa 169831/26” registró movimientos por más de 390 millones de pesos en 8 meses, según la información presentada en la audiencia judicial ante la Justicia Federal de Río Gallegos.
La investigación fiscal informó que, desde la cárcel, el empresario manejaba bienes de origen ilícito que, en teoría, debía controlar la Justicia.
Aunque Báez está cumpliendo una condena de 15 años, mientras avanza el decomiso de sus bienes usó una organización formada por aproximadamente una docena de personas para poder seguir explotando sus propiedades.
La celda del empresario fue allanada el pasado martes y Báez fue dejado incomunicado. Fuentes judiciales que hablaron con La Nación indicaron que durante el registro se encontraron cuadernos donde estaban descriptos los movimientos de dinero sobre campos, departamentos y otros inmuebles que están sujetos a decomiso.
En paralelo a la inspección a la celda de Báez se realizaron 27 allanamientos en El Calafate, Río Gallegos, 2 estancias y en la ciudad de Buenos Aires. Estos operativos fueron ordenados en el marco de 2 causas conexas que investigan narcotráfico y lavado de dinero, con nombres que se repiten.
Además, fueron detenidos y quedaron incomunicados Claudia Insaurralde, pareja de Báez, y Cristian Sebastián Ibáñez y su pareja en el aeropuerto de Ezeiza, cuando acababan de llegar de un vuelo procedente de Río Gallegos. Les secuestraron 4 valijas grandes.
Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez cuando estaba por subir a un vuelo
De acuerdo al resumen de la causa al que tuvo acceso el medio antes citado, el juez federal Claudio Vázquez evaluó que existían riesgos ciertos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, por eso aceptó dejarlos incomunicados y además ordenó continuar con los allanamientos simultáneos pedidos por la Unidad Fiscal de Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Qué se sabe sobre la causa
La causa está caratulada como “Báez, Lázaro Antonio, Insaurralde, Claudia Noemí, Ibáñez, Cristian Sebastián y otros s/ lavado de activos, asociación ilícita y otros”, y comenzó el 25 de septiembre, por información obtenida de comunicaciones telefónicas que tuvo uno de los imputados con Báez.
La investigación por narcotráfico, que fue el origen de esta causa, conecta con la de lavado por tres motivos: el uso de un Ford Mondeo propiedad de Báez; el relato de un imputado sobre una inspección de maquinaria “del tío Lázaro” en la provincia de Corrientes; y el secuestro de un camión Scania el 24 de septiembre en el puesto policial de entrada a Río Gallegos con documentación falsa.
El hijo de Lázaro Báez recibió otra condena por corrupción y acumula siete años y nueve meses de prisión
Según La Nación, en la causa de lavado de activos, pudo probarse que el empresario daba las ordenes usando el teléfono fijo del pabellón donde se encuentra detenido. Por debajo de él se encontraban Insaurralde, Ibáñez y al menos 10 personas más.
De acuerdo al informe que forma parte de la causa, entre el 1 de diciembre de 2025 y el 7 de agosto de 2026 hubo 677 operaciones por 380.620.089 millones de pesos.
Según la reconstrucción que hizo el medio antes mencionado consultando fuentes judiciales, esta organización delictiva operaba sobre un patrimonio ya existente, pero comprometido a nivel judicial, al estar alcanzado por embargo, decomiso o depósito judicial.
La fiscalía solicitó levantamiento del secreto bancario, congelamiento de cuentas, inhibición general de bienes, levantamiento del secreto bancario y la declaración de caso complejo. La calificación provisional tipificó los delitos como asociación ilícita, lavado agravado, insolvencia fraudulenta y defraudación.
