Buscan prohibir los celulares en las cárceles

En medio de la creciente preocupación por la seguridad y el funcionamiento del sistema penitenciario, el Congreso de la Nación Argentina analiza distintos proyectos para restringir o prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles. La iniciativa apunta a frenar delitos que, según denuncian autoridades, se organizan desde el interior de los penales.

El debate tomó impulso tras reiterados casos en los que internos habrían coordinado estafas, extorsiones e incluso hechos violentos a través de dispositivos móviles. En ese marco, legisladores de distintos bloques coinciden en la necesidad de reforzar los controles y limitar el acceso a la tecnología dentro de los establecimientos penitenciarios.

Entre las propuestas en discusión se incluyen desde la instalación de inhibidores de señal hasta sanciones más severas para quienes faciliten el ingreso de celulares. También se evalúa avanzar en requisas más estrictas y en la modernización de los sistemas de vigilancia.

Sin embargo, la medida genera controversia. Organismos de derechos humanos advierten que una prohibición total podría afectar la comunicación de los detenidos con sus familias y abogados, lo que consideran un derecho básico. En ese sentido, proponen alternativas que regulen el uso sin eliminarlo por completo, como la implementación de teléfonos controlados o cabinas supervisadas.

Desde el oficialismo sostienen que el objetivo no es restringir derechos, sino evitar que las cárceles funcionen como centros de operaciones delictivas. En la oposición, en tanto, reclaman que cualquier reforma esté acompañada por una mejora integral del sistema penitenciario.

Mientras el debate avanza en comisiones, el tema se instala en la agenda pública como parte de una discusión más amplia sobre seguridad, control estatal y derechos de las personas privadas de la libertad. La definición final del Congreso podría marcar un cambio significativo en la dinámica interna de las cárceles argentinas.