El Gobierno denunció a la empresa Thales por presuntos vuelos ilegales a las Islas Malvinas
La Justicia investiga dos vuelos realizados en septiembre entre Punta Arenas y las islas. A su vez, la empresa tiene contratos con el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y el Renaper.
El Gobierno presentó la denuncia contra la empresa de defensa y ciberseguridad Thales, por presuntos vuelos ilegítimos desde Chile hasta las Islas Malvinas, ante la Justicia. El titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Oscar Alfredo Villabona, fue quien llevó adelante la demanda ante el juez federal Sebastián Ramos, por dos operaciones aéreas realizadas el 19 y el 24 de septiembre de 2026.
La aeronave involucrada es un avión de matrícula británica G-FPLD, propiedad de Thales. De acuerdo con la presentación judicial, el primer vuelo se realizó desde la ciudad chilena hacia las islas y el segundo, cinco días después, en sentido inverso. La denuncia sostiene que las operaciones no fueron informadas a la autoridad aeronáutica y que no se tramitaron los permisos correspondientes. Además, señala que la ANAC había advertido previamente que los vuelos no estaban autorizados.
La presentación contempla posibles infracciones al artículo 190 del Código Penal, referido a la seguridad de las aeronaves, y al artículo 223 del Código Aeronáutico, que aborda el cruce clandestino o malicioso de fronteras. También menciona, de manera subsidiaria, el artículo 194 del Código Penal, sobre la obstrucción del normal funcionamiento de los transportes. La ANAC solicitó, además, el decomiso de la aeronave, una medida que deberá ser evaluada por la Justicia en función de los delitos que eventualmente se acrediten.
Qué se sabe del avión de Thales y sus posibles tareas militares
El avión denunciado es un Beechcraft B200 Super King Air, un bimotor turbohélice presurizado, con matrícula británica G-FPLD y número de serie BB-1433. La aeronave es operada por Thales UK Flight Inspection Service, una división dedicada a realizar inspecciones aéreas de sistemas de navegación. Este tipo de operaciones permite comprobar el funcionamiento de equipos de aproximación instrumental, radiofaros y dispositivos utilizados para determinar distancias y posiciones de las aeronaves. Se trata de tareas relevantes para la seguridad tanto de aeropuertos civiles como de instalaciones militares.
Por sus características técnicas, el avión podría realizar verificaciones de sistemas de navegación y radares como los utilizados en la base militar británica de Mount Pleasant, en las Islas Malvinas. Sin embargo, hasta el momento no se pudo establecer si los vuelos investigados tuvieron ese propósito, si trasladaron personal o si respondieron a otro servicio contratado por autoridades británicas.
Existen antecedentes de contrataciones del Ministerio de Defensa del Reino Unido para inspeccionar equipos en las islas. En 2024, por ejemplo, se adjudicó un contrato de unas 160.000 libras esterlinas para comprobar radares y ayudas a la navegación, cuyo proveedor fue FIGAS. Ese antecedente no demuestra que el avión de Thales haya cumplido una misión similar en septiembre de 2026.
Malvinas: cómo es la estrategia de Argentina para frenar la extracción petrolera en Sea Lion
A su vez, el 4 de septiembre de 2026 se publicó una adjudicación por aproximadamente 6,89 millones de libras para mantener una red de comunicaciones del complejo militar de Mount Pleasant. El contrato, destinado a transportar voz y datos entre instalaciones militares, es independiente de los vuelos denunciados y no acredita una relación directa con ellos.
El vínculo de Thales con las Fuerzas Armadas Argentinas
El caso presenta una particularidad para el Gobierno: mientras una filial de la multinacional mantiene contratos con el Ministerio de Defensa británico, Thales también es proveedora de las Fuerzas Armadas Argentinas y desarrolla negocios con el Estado nacional desde hace más de tres décadas.
La compañía tiene su sede regional para el Cono Sur en la Argentina, desde donde coordina actividades en Chile, Paraguay y Uruguay. Según su información institucional, cuenta con unos 60 empleados en el país y opera en sectores como defensa, industria aeroespacial, ciberseguridad y soluciones digitales.
Entre sus clientes se encuentran el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. La empresa suministró radares de vigilancia terrestre y costera destinados al control fronterizo, la prevención del contrabando y la lucha contra el narcotráfico. También instaló el sistema de detección Vigile 200 en un avión Learjet 35 de la Fuerza Aérea Argentina, con el objetivo de mejorar la identificación de amenazas y la protección de aeronaves militares.
Sus actividades locales abarcan, además, organismos civiles. Thales provee lectores de documentos, sistemas de verificación de identidad y tabletas utilizadas por la Dirección Nacional de Migraciones en controles fronterizos. También figura entre los proveedores de componentes para el pasaporte electrónico argentino emitido por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y desarrolla tecnología de seguridad digital para bancos y empresas de telecomunicaciones.
Milei endureció la posición argentina frente a la explotación petrolera
La denuncia se inscribe en el endurecimiento de la postura del Gobierno frente a las actividades hidrocarburíferas británicas en las Malvinas. El 3 de septiembre, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional que impulsaría medidas contra las empresas que participen en la exploración y explotación de petróleo sin autorización argentina.
Entre los proyectos alcanzados por esa advertencia se encuentra Sea Lion, impulsado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que buscan desarrollar reservas petroleras en aguas próximas a las islas.
Tras el anuncio presidencial, el Gobierno comunicó que pondría en marcha procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas contra las empresas involucradas y sus eventuales proveedores de servicios. “El Presidente de la Nación ha ordenado a los equipos de gobierno dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes”, señaló el comunicado oficial.
La advertencia tuvo consecuencias en el sector energético. Seis compañías internacionales de servicios petroleros con presencia en Vaca Muerta informaron que no participarían en proyectos de explotación de hidrocarburos en Malvinas: SLB, anteriormente Schlumberger; Halliburton; Baker Hughes; Weatherford International; DLS Archer y Tenaris, del Grupo Techint.
Los movimientos de la aeronave y las dudas que deberá resolver la Justicia
El 28 de septiembre, el Gobierno había informado que detectó operaciones de Thales UK Limited entre las Malvinas y Punta Arenas. En ese momento anunció el inicio de procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas, aunque no identificó la matrícula de la aeronave ni detalló los horarios de los vuelos.
Según la reconstrucción, el avión G-FPLD llegó a Chile el 17 de septiembre y al día siguiente inició un recorrido cuyo seguimiento público se interrumpió. Los registros disponibles no permiten reconstruir de manera completa sus movimientos hasta el 24 de septiembre.
La falta de información sobre parte del trayecto mantiene abiertos interrogantes acerca de las actividades que desarrolló la aeronave durante su permanencia en la región. También resta determinar quién contrató los vuelos y qué servicios se prestaron efectivamente.
La investigación deberá establecer si las operaciones tuvieron alguna relación con actividades militares o hidrocarburíferas británicas en las islas y si existieron responsabilidades penales por parte de la empresa o de los operadores.
En paralelo, el Gobierno estudia posibles sanciones contra Thales. La eventual aplicación de esas medidas dependerá de los elementos que surjan de la investigación y de las vinculaciones que puedan acreditarse con actividades realizadas sin autorización argentina en el Atlántico Sur.
LMM
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