El Departamento de Justicia decidió no procesar a tres exejecutivos estadounidenses de un banco holandés que reconocieron haber ocultado pruebas sobre el flujo de dinero de carteles de la droga mexicanos, según cuatro personas familiarizadas con las etapas finales de la investigación.
Dicha decisión prácticamente pondría fin a una investigación de cuatro años en la que Rabobank NA reconoció ser parte de una asociación ilícita y aceptó pagar multas por cientos de millones de dólares. La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC por su sigla en inglés) aún se propone imponer sanciones civiles a los exejecutivos, según tres personas al tanto del tema.
La investigación de Rabobank pone en evidencia que, a pesar de la reciente política interna de responsabilizar a individuos por la mala conducta corporativa, el Departamento de Justicia rara vez procesa a los ejecutivos estadounidenses de alto nivel.
Durante varios meses, fiscales estadounidenses analizaron si acusaban al ex máximo responsable, al asesor letrado y a la jefa de contralor normativo de Rabobank de obstruir los esfuerzos de los inspectores bancarios destinados a analizar las faltas de cumplimiento de la firma con relación a prevenir el lavado de dinero, dijeron las cuatro personas, a las que se garantizó el anonimato por tratarse de una investigación confidencial.
La unidad estadounidense del banco se declaró culpable en febrero y aceptó pagar multas de US$369 millones. En su causa penal, Rabobank admitió que altos ejecutivos de California tomaron medidas para impedir que empleados y entes reguladores expusieran la inconducta del banco. Expedientes judiciales contienen correos electrónicos supuestamente escritos por los ejecutivos, cuyos nombres no fueron revelados en la causa penal.
El Departamento de Justicia rara vez procesa a los ejecutivos estadounidenses de alto nivel
En el transcurso de la investigación, el Departamento de Justicia consideró a una sola persona responsable de actividad delictiva: George Martin, gerente de investigaciones contra el lavado de dinero del banco, quien aceptó cooperar con la investigación gubernamental sobre los ejecutivos de nivel más alto. Se fue del banco antes de que se produjera la obstrucción.
En diciembre, Martin reconoció haber colaborado en un plan de sus superiores destinado a ocultar un posible lavado de dinero y le fue otorgado un acuerdo de suspensión de actuaciones judiciales.
A otro ejecutivo del área de contralor normativo que manifestó su preocupación por el lavado de dinero a los directivos del banco y a la OCC se le impuso una licencia y fue despedido, según documentos judiciales.
Legisladores y grupos de interés público criticaron al Departamento de Justicia de la era de Obama por confiar demasiado en los acuerdos negociados por grandes montos en dólares con compañías sin procesar a los individuos responsables de la mala conducta.
Ninguna persona fue acusada en dos casos de lavado de dinero resueltos en la década anterior con castigos superiores al de Rabobank: la multa de US$1.900 millones a HSBC Holdings Plc en 2012 por contravenciones como manejar dinero para los carteles de la droga y el acuerdo por US$600 millones de Bancorp de EE.UU. en febrero por no haber informado transacciones supuestamente sospechosas de un viejo cliente.
Ninguna persona fue acusada en dos casos de lavado de dinero resueltos en la década anterior
La decisión de no procesar a los exejecutivos de Rabobank surge en momentos en que el Departamento de Justicia dice que los carteles de la droga mexicanos serán de aquí en más una prioridad de ejecución, en tanto el fiscal general Jeff Sessions anunció este mes la creación de un nuevo grupo de trabajo destinado a desmantelarlos.
La misma división del Departamento de Justicia de Washington que investigó a Rabobank está emprendiendo investigaciones más amplias y complejas relacionadas con entidades europeas por sospechas de transacciones ilícitas. Una de ellas es Danske Bank, que admitió que US$230.000 millones de fondos sospechosas pasaron por su filial estonia de 2007 a 2015.
A diferencia de otras investigaciones financieras en las cuales los testigos y la evidencia de intención delictiva están localizados en el exterior, los investigadores de Rabobank se centraron principalmente en ejecutivos estadounidenses. Los expedientes judiciales sobre la causa penal del banco incluyen conversaciones y correos electrónicos internos de Rabobank. Los fiscales también reclutaron a exempleados dispuestos a prestar declaración sobre la conducta de los directivos.
Los ejecutivos que supuestamente engañaron a los entes de control son el exCEO John Ryan, la exjefa de contralor normativo Laura Akahoshi y el exasesor letrado Dan Weiss, han dicho personas allegadas al caso.
