La lucha del Banco Central contra la inflación está poniendo en jaque al mercado local de bonos y apretando las finanzas del Gobierno mientras el país lucha por recuperar la actividad en momentos en que la pandemia sigue causando estragos.
Los responsables de la política monetaria de la Argentina, conocidos desde hace mucho tiempo como unos de los más prolíficos impresores de dinero, están reduciendo la generosidad en un esfuerzo por frenar la inflación que supera el 40% anual. Aunque los economistas han instado a menudo a dar un paso hacia la ortodoxia, el momento es difícil.
La menor expansión de la oferta monetaria en los últimos seis meses ha reducido la liquidez y la demanda de deuda, lo que ha hecho subir las tasas de interés y ha dificultado la financiación del Gobierno, dada su falta de acceso a los mercados externos.
El choque de políticas entre el banco central y el Tesoro genera dificultades al Gobierno en la captación de pesos en el mercado local, en un momento en que el gasto sube cada vez más para compensar los efectos económicos de las restricciones por el coronavirus y atraer a los votantes antes de las elecciones legislativas programadas para octubre.
Ahora, menos de dos años después de que Argentina saliera de su último default de la deuda local, los inversores observan la situación con inquietud, y a algunos les preocupa cada vez más que ésta no sea sostenible a largo plazo.
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“Hay una incoherencia entre la política fiscal y la monetaria”, señaló Juan Manuel Pazos, economista jefe de TPCG Valores en Buenos Aires. El especialista dijo que la subasta de deuda de hoy, en la que el Gobierno tratará de vender bonos vinculados a la inflación y otros valores, y en la que vencen 123.000 millones de pesos (US$1.300 millones) en bonos, proporcionarán una prueba de la demanda de los inversores. Un portavoz del banco central declinó hacer comentarios. Un portavoz del Ministerio de Economía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Durante años, los economistas y los responsables de las finanzas internacionales han instado a Argentina a controlar la inflación, ajustando la oferta monetaria y reduciendo el gasto público. Mientras que Estados Unidos y gran parte del mundo desarrollado han pasado décadas sin ver presiones significativas de precios, incluso en medio de grandes aumentos en la oferta monetaria y mucho gasto deficitario, el temor a la inflación está tan arraigado entre los argentinos después de múltiples crisis monetarias y económicas que cualquier signo de problemas futuros tiende a hacer sonar las alarmas.
Y, sin duda, el crecimiento del 52% en la oferta monetaria de Argentina en el último año sigue siendo muy alto. Pero la desaceleración en la impresión de dinero ha sido drástica. La tasa de expansión anual había llegado al 81% en octubre.
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Mientras tanto, el objetivo del presidente Alberto Fernández de reducir el déficit presupuestario, excluyendo los pagos de intereses, al 4,2% del producto interno bruto este año, frente al 6,5% el año pasado, parece que será difícil de cumplir en medio del gasto relacionado con la pandemia.
En las últimas semanas, Fernández ha anunciado nuevas medidas de ayuda, entre las que se incluyen pagos adicionales a beneficiarios de planes sociales y un bono único para los trabajadores de la salud. El año pasado, el déficit, incluyendo los pagos de intereses, totalizó 8,5% del PIB.
El camino del financiamiento: los bonos
Así pues, con los mercados extranjeros efectivamente cerrados a Argentina y en medio de conversaciones retrasadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el país no tiene más remedio que buscar financiamiento en el mercado local de bonos, y eso ha sido difícil.
En una subasta celebrada a principios de abril, los inversores refinanciaron el menor porcentaje de deuda con vencimiento en nueve meses, y el ritmo de refinanciación del 51% en lo que va de este mes se dirige a ser el más bajo en más de un año.
Los operadores están evitando incluso los títulos que compensan a los tenedores por la inflación, lo que ha llevado la tasa de interés de los títulos al 1,9% este mes, frente al 0% de marzo.
“El mercado tiene un bajo volumen, con poca liquidez”, señaló Federico Pérez, quien ayuda a administrar 33.500 millones de pesos en Mariva Asset Management en Buenos Aires. El ejecutivo dice que la demanda se ha debilitado aún más porque el Gobierno está emitiendo títulos nuevos, los que los inversores temen que sean aún menos líquidos.
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Los inversionistas también ven problemas en el horizonte debido a la creciente dependencia del Gobierno de los bonos vinculados a la inflación. Desde que Fernández asumió el cargo en diciembre de 2019, el monto total de la deuda en circulación que compensa a los tenedores por los aumentos de los precios al consumidor se ha triplicado a 3,8 billones de pesos.
Los bonos ligados a la inflación ahora son el 74% del stock de deuda local, frente al 53% que representaba cuando Fernández asumió el mando.
Si la inflación continúa acelerándose —como lo ha hecho en los últimos cuatro registros— podría contribuir a alimentar un ciclo de endeudamiento cada vez mayor.
También existe cierta preocupación de que Argentina pueda tratar de manipular los datos de inflación para sumar puntos políticos y reducir sus pagos, una práctica de la que se acusó al Gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ahora es vicepresidenta, durante su mandato entre 2007 y 2015.
“Las subastas se están complicando y esto se puede ver en el aumento de las tasas, tanto de las notas de descuento como de los instrumentos atados al IPC", dijo Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex, un agente de bolsa de Buenos Aires. “El Gobierno tendrá que ingeniárselas para reducir el déficit fiscal o aumentar el ritmo de crecimiento económico”.
LR
