“¡Alto a la deforestación en la Amazonía!” Suena fácil a través del megáfono de un manifestante enojado que marcha por las calles de Londres o Washington. Pero ¿cómo?
Los esfuerzos para reducir la expansión de las tierras de cultivo de soja, el cultivo más grande de la Amazonía, solo han tenido un éxito parcial. Para evitar que los ganaderos amplíen sus tierras de pastoreo y alentar las inversiones para mejorar la productividad, el Gobierno debe idear nuevas sanciones e incentivos. También debe detener la minería ilegal y la extracción voraz de madera preciosa.
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Y aquí está el giro inesperado: para que todo esto suceda, Brasil debe solucionar una peculiaridad legal compleja y de larga data en la región amazónica que los manifestantes ambientalistas en Londres o Washington probablemente nunca hayan considerado: debe resolver los derechos de propiedad de aproximadamente un tercio de la tierra.
Las tierras públicas sin uso determinado, o aquellas para las que no se puede encontrar un registro que apruebe legalmente el fin para el que serán utilizadas, cubren 143,6 millones de hectáreas de la Amazonía brasileña, según Brenda Brito del Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Imazon. Eso equivale a dos veces el tamaño de Texas. Para los europeos, es un territorio del tamaño de Francia, Alemania y España juntos.
Recorrido histórico por la propiedad de la tierra en Brasil
Una parte cada vez mayor de la deforestación de la Amazonía tiene lugar en Brasil: el 51% de los casi 11 millones de kilómetros cuadrados que se han despejado cada año entre 2019 y 2021, según un estudio del Amazon Environmental Research Institute, frente al 44% de los 7 millones despejados anualmente durante los tres años precedentes.
Esto se ve impulsado en gran medida por una práctica que los brasileños llaman “grilagem”, que consiste en reclamar derechos sobre la tierra al hacerla pasar por una granja productiva. Para ello arrasan con la vegetación existente y ponen vacas a pastar en los pastizales recientemente creados.
La ambigüedad sobre la tenencia de la tierra tiene sus raíces en la época del Gobierno militar de 1964 a 1985, cuando el Gobierno alentó a las personas a asentarse en las vastas zonas selváticas del interior de Brasil como parte de un impulso de desarrollo que, entre otras innovaciones, incluía incentivos fiscales para reemplazar la vegetación autóctona por eucaliptos y pino caribe.
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Las preocupaciones ambientales eran un problema menor entonces. En la primera cumbre ambiental de las Naciones Unidas realizada en Estocolmo en 1972, el representante de Brasil, João Paulo dos Reis Veloso, invitó a los inversionistas de todo el mundo a “¡contaminar Brasil!”
La subsiguiente fiebre por la tierra creó inmediatamente conflictos con otros que la ocupaban ―por ejemplo, las comunidades indígenas y los quilombos, que habían sido creados mucho antes por esclavos fugitivos― cuyos derechos a la tierra no fueron reconocidos por los militares. Pero los recién llegados, atraídos por la oferta de los militares, también se encontraban en un terreno legal inestable, ya que muchos nunca obtuvieron los títulos adecuados.
Centrados en la reforma agraria para asignar tierras a pequeños agricultores, comunidades indígenas y otros grupos, los Gobiernos democráticos que sucedieron a los militares dejaron que los colonos se quedaran. Aunque la política de otorgamiento de tierras terminó, la ambigüedad sobre los antiguos derechos de propiedad ―y los vaivenes legales de los últimos 20 años para solucionar el problema al ofrecer vender tierras públicas a sus ocupantes― alentaron a que las tomas ilegales continúen prácticamente hasta el día de hoy.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva trató de infundir un poco de orden a este proceso durante su primer mandato al aprobar una ley que permitió la regularización de tierras federales colonizadas antes de 2004 que no se encontraran en selvas federales o estatales registradas, o en áreas con otras funciones reconocidas, como tierras indígenas, quilombos y áreas de conservación forestal.
En 2017, el Gobierno de Michel Temer amplió el período de asentamiento para incluir las tierras ocupadas antes de 2011. El presidente Jair Bolsonaro intentó, sin éxito, extenderlo nuevamente hasta 2018. Lo diversas y confusas que son las leyes estatales fomentan aún más nuevas invasiones de tierras, como lo que ocurre en el estado de Amazonas, donde se permite tomar posesión de tierras de propiedad estatal si ha habido un asentamiento durante cinco años, independientemente de la fecha.
“La falta de credibilidad legal actúa como un incentivo para una mayor deforestación”, dijo Brito. “Nuestras leyes terminan fomentando la ocupación de terrenos públicos”. Puede que sea ilegal que el Gobierno venda las selvas públicas, pero es legal una vez que se han talado los árboles.
Burocracia y vacíos legales
La burocracia rara vez es ágil. Así que establecer la legalidad de las tierras ha sido un proceso lento. Un plan del Gobierno en 2009 para determinar el estado legal de unas 300.000 áreas ocupadas de forma privada, ya sea para establecer su propiedad privada definitivamente o recuperar la propiedad para uso público, había logrado ocuparse de solo 44.000 para 2021.
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Y el problema sigue creciendo a través de los vacíos legales. En la actualidad, los ocupantes registran las tierras tomadas ilegalmente en el Catastro Ambiental Rural, o CAR, que se creó en 2012 para hacer cumplir las normas ambientales. El registro no prueba un derecho legal sobre la tierra, pero en la práctica, se usa como tal. Según el análisis de Imazon, tierras públicas sin uso determinado que ocupan aproximadamente el 9% de la Amazonía han sido registradas como privadas bajo el CAR.
Algunos ocupantes se apoderan de la tierra incluso después de que se haya establecido su uso público. Las tierras públicas sin uso determinado incluyen unos 58 millones de hectáreas de selvas federales y estatales registradas, que deberían estar legalmente fuera del alcance, aunque aún no hayan sido asignadas como tierras indígenas, áreas de conservación o lo que sea.
La ocupación de la selva tropical, por cierto, generalmente no ocurre a una escala familiar. Los ocupantes pueden legalizar hasta 2.500 hectáreas bajo la legislación aprobada en la era Temer. Eso equivale a aproximadamente el tamaño de siete Central Parks. A veces, las bandas se apoderan de más y dividen el terreno en lotes de un tamaño inferior al límite legal.
Costos de la deforestación
La deforestación es costosa: alrededor de US$315 por hectárea al tipo de cambio actual, según los investigadores de Imazon. Por lo general, esto requiere una financiación externa significativa. Un método estándar es que los ocupantes corten los árboles más valiosos y vendan la madera preciosa para financiar la tala del resto y la compra de ganado. Pero la práctica debe recurrir al capital externo, dicen los observadores.
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Alrededor del 23% de la región amazónica de Brasil está designado como tierra indígena, otro 18,5% está reservado como áreas para la conservación. Los asentamientos colectivos como los quilombos ocupan el 8% y las propiedades privadas legalmente establecidas, alrededor del 21%. Algunas de estas áreas permanecen bajo la presión de la deforestación, pero es el 30% restante el más vulnerable: la frontera de la deforestación.
Detener las tomas ilegales de tierras en áreas sin propósito legal determinado y recuperar las tierras indebidamente ocupadas son algo esencial para terminar con la deforestación. Estas prácticas no solo reducen directamente la selva, sino que también amplían la huella ganadera de la forma más improductiva. De hecho, la ganadería en la Amazonía se encuentra entre las menos productivas del mundo, con alrededor de una cabeza pastando por hectárea, un tercio del potencial estimado de la tierra. “El buey es un mecanismo para probar que se está produciendo”, dijo Brito. “La ganadería es tan improductiva, porque se utiliza para probar el uso de la tierra”.
Terminar con la vaguedad legal sobre la tierra potencialmente abierta a la privatización es complejo. Idealmente, la ambigüedad se resolvería a favor de un objetivo claro: la selva pública debe estar fuera del alcance de las empresas privadas. Las tierras públicas, cualquiera que sea su estado, deben asignarse a su propósito legítimo y sostenible: servir al bien público del pueblo brasileño.
