Aunque desde hace veinte años el misoprostol se expende en farmacias, recién en 2018 –luego de que se rechazara la ley para legalizar el aborto–, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizó el uso de este medicamento en las dosis recomendadas para realizar un aborto de manera segura. Además, permitió su venta bajo estricta prescripción médica y con receta archivada en los en que donde lo permite la normativa.
En la Argentina rige la interrupción legal del embarazo (ILE) en caso de violación o cuando el embarazo representa un peligro para la salud o la vida de la mujer. En el protocolo para la atención integral de personas con derecho a la ILE de la Secretaría de Gobierno de Salud se incluye la realización del procedimiento en forma ambulatoria con misoprostol, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Sin embargo, el fármaco hasta ahora solo se producía en unidades de 200 mcg combinado con un antiinflamatorio (diclofenac), y no estaba autorizado con fines ginecológicos sino gástricos. Además, existía un único laboratorio que lo comercializaba y fijaba precio: 4.500 pesos (el envase de 16 comprimidos recubiertos). Ahora, con las resoluciones de la Anmat, se allanó el camino para que otros laboratorios nacionales produzcan y comercialicen la droga. Desde hace tres meses está aprobado el Misoprostol 200 del Laboratorio Domínguez para uso institucional y hospitalario. Y recientemente una nueva presentación (Misop 200, 12 comprimidos vaginales) para venta en farmacias. “Estamos haciendo todos los trámites internos para poder comercializarlo antes de fin de año. Todavía no sabemos el precio, pero será más económico que el disponible”, le dijo a PERFIL Carina Rismondo, directora técnica del laboratorio.
El misoprostol provoca contracciones del músculo liso del útero, estimula la maduración cervical y aumenta el tono uterino.
El laboratorio Domínguez ya vendía en el país desde 2009 Misop25 para la inducción del parto. Según detallaron, la materia prima se compra en el exterior pero el producto se manufactura en la planta que el laboratorio tiene en el barrio porteño de Caballito, donde actualmente trabajan alrededor de cien profesionales.
Investigación. Además, en Santa Fe un laboratorio público está haciendo las pruebas de estabilidad de un primer lote de 100 mil dosis de misoprostol. “En 2013 comenzamos a investigar para desarrollar una fórmula, a pedido de la Dirección Provincial de Políticas de Género. En 2012 salió la primera guía de atención integral del aborto no punible del Ministerio, y Santa Fe fue una de las primeras provincias en adherir y practicar el protocolo. De ahí en más nos pidieron indagar en este tema, que era nuevo para nosotros”, sostuvo Guillermo Cletti, miembro del directorio del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF).
“Gracias a la ayuda de ONGs y universidades, el año pasado conseguimos tener una idea precisa de fórmulas y principios activos. Pusimos en practica este desarrollo que nos permitió, como gran hito, contar con lotes de estabilidad. De aquí en más, los resultados nos permitirán dar una respuesta, poner a disposición del sistema de salud una medicación oral que hoy no está en el mercado”, agregó.
Para Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudios e Investigación sobre la Mujer, es auspiciosa la decisión de Anmat de reconocer el misoprostol para usos gineco- obstétricos y su venta en farmacias bajo receta archivada. “Me parece muy bueno porque en nuestro país aún se privilegia el método quirúrgico de la interrupción del embarazo, algo superado en las primeras 12 semanas en todo el mundo, donde se usa la interrupción medicamentosa que tiene menos complicaciones, es efectiva y más barata”.
Ante la resolución de Anmat de permitir la comercialización en farmacias del misoprostol 200 mcg, el Frente Joven advirtió que la medida busca “masificar y banalizar” el uso del misoprostol.
“El uso ambulatorio con simple venta bajo receta es una liberalización de hecho del aborto clandestino. Se venderá el misoprostol con mayor facilidad que los psicofármacos, ya que no se exige un régimen especial para su comercialización ni tampoco utilizar los recetarios oficiales del Ministerio de Salud”, manifestaron.
“No hay ningún parámetro de control posible acerca de si el caso se encuadra o no en las causales aprobadas por el protocolo, sumado a que un médico que no sea ginecólogo u obstetra si las recetara estaría ejerciendo la medicina ilegalmente (art. 208 del Código Penal) y, finalmente, acarrea una situación de riesgo severo por ser una droga, que suministrada sin control, expone a la mujer a riesgos graves para su salud”, expresaron desde el movimiento de jóvenes pro vida.
