La detención de Lula sacudió a Brasil. Les gustó a algunos, indignó a otros, pero sorprendió a todos por la celeridad con que el juez Sergio Moro determinó el cumplimiento de la pena. Lula dejó el poder con más del 80% de aprobación, aunque ese patrimonio electoral se diluyó nítidamente en los últimos tiempos ante las revelaciones del Lava Jato. Pero la inestabilidad provocada por el Supremo Tribunal Federal (STF) sobre la jurisprudencia que provocó su detención puede traer consecuencias inesperadas y revalorizar su cotización política.
Muy criticada, la decisión de la presidenta del STF, Carmen Lúcia, de dar preferencia al juzgamiento del hábeas corpus contra el entendimiento general sobre la prisión después de una condena sin segunda instancia vuelve dramática la situación. La jurisprudencia que permitió la orden de detención contra Lula puede ser revisada por el STF, beneficiando a otros condenados, no solo por el Lava Jato sino a personas involucradas en todo tipo de crímenes.
Dependiendo de cómo evolucione el caso, la detención de Lula puede convertirse en el “hecho nuevo” que tanto se busca durante las campañas electorales. Los líderes del PT ya hablan de “preso político”.
Al día siguiente de que el STF negara el hábeas corpus de Lula, el presidente del PT en Pernambuco, Bruno Ribeiro, dijo al programa de radio Folha Política que la detención de Lula es como la de Nelson Mandela.
Hijo de una noble familia tribal, Mandela rechazó el destino acomodado que le esperaba para convertirse en abogado de derechos humanos y líder de la resistencia contra los prejuicios raciales en Sudáfrica. Fue condenado tras un juicio infame por traición. Mandela pasó 27 años preso. Pero en 1990, después de una campaña internacional, fue liberado. Cuatro años después fue elegido presidente, cargo que ocupó hasta 1999. Es considerado el más importante líder del Africa negra, y recibió el Premio Nobel de la Paz en 1993.
La historia de lucha y resistencia es similar a la de Lula, pero Mandela nunca estuvo involucrado en escándalos de corrupción. Eso es un hecho, como lo es la condena de Lula basada en denuncias graves.
Para que Lula no sea considerado un preso político, el STF tiene que dar dos pasos: uno en el mantenimiento de la jurisprudencia, y otro en el procesamiento de los políticos que están bajo el “foro privilegiado”.
El mantenimiento de la jurisprudencia para la prisión en segunda instancia es importante para poner fin al festival de recursos que impiden una efectiva aplicación de las condenas. Como recordó el ministro Edson Fachin en el análisis del hábeas corpus pedido por el ex presidente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó a Brasil varias veces por no tener un mecanismo efectivo de aplicación de las sanciones y los crímenes que violan derechos humanos, y lo mismo sucede con otros delitos. La demora en el juzgamiento de los recursos es tan grande que, cuando se agotan todas las instancias, las condenas ya han prescrito.
Y los procesos a políticos beneficiados por el “fuero privilegiado” mostrarán que estamos realmente en el camino de combatir la impunidad. Pero si el STF retrasa esos juicios, los corruptos procesados podrán competir en las próximas elecciones. De ser elegidos, tendrán un buen tiempo por delante bajo la protección de ese fuero y, con el tiempo, todo puede quedar en el olvido.
Los jueces y ministros del STF necesitan mostrarnos que la detención de Lula no es el final de un ciclo sino el inicio de una nueva fase, en la cual todos los culpables, desde el presidente hasta el más humilde peón, deberán ser castigados porque, a pesar de estar dividida, la sociedad tiene un pensamiento en común: Brasil no aguanta más tanta impunidad.
*Editora jefa del diario Folha de Pernambuco.
