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COLUMNISTAS / derecho penal
sábado 14 marzo, 2020

Aborto y criminalización

Reclamo. Surge por un fracaso del Estado. Foto: cedoc
sábado 14 marzo, 2020

Es importante recordar que tanto los Estados Unidos como la gran mayoría de los países que integran la Unión Europea cuentan con una legislación amplia que autoriza la interrupción del embarazo en numerosas y diversas circunstancias; es decir, en ese Norte global y moderno al que permanentemente observamos y queremos integrarnos, la cuestión del aborto se encuentra resuelta y hace tiempo que aquellas sociedades han descartado las expectativas que en algún momento pusieron sobre el derecho penal y los efectos del castigo.

A dichos Estados no se les ocurre perseguir penalmente y encarcelar a una mujer que tuvo que atravesar por el dolor de una situación límite como es el aborto. Pues debemos convenir que siempre el aborto es una situación compleja y sumamente difícil para cualquiera que deba atravesarla.

Sin embargo, en nuestra América Latina es aún considerado delito en numerosas legislaciones, lo cual constituye un fenómeno paradojal. Explicaré porqué.

La criminalización del aborto en los países pobres constituye sin duda una enorme contradicción desde el momento mismo en que en dichos países se producen incalculables muertes por abortos clandestinos.

Justamente nuestra región, habitada por grandes masas de excluidos, con Estados sin infraestructura suficiente, con una pésima o directamente nula instrucción en materia de prevención de embarazos y educación sexual y sin recursos para proveer de forma efectiva de anticonceptivos a sus ciudadanos, son los que criminalizan el aborto.

Es por esto que sostengo que la gran mayoría de las muertes de las mujeres por una practica abortiva son atribuibles indirectamente a incapacidades y omisiones del Estado, ya sea porque falló en su política pública de educación sexual, fue incapaz de proveer anticonceptivos de modo efectivo o no logró brindar asistencia y acompañamiento a quien lo necesita, por ello es que no puede admitirse que además ese mismo Estado luego las persiga penalmente y criminalice.

Por otra parte, ¿es razonable esperar que un problema social de la enorme complejidad del aborto pueda resolverse simplemente aplicando penas? ¿Es el castigo al otro la forma más racional, moderna y efectiva para abordarlo que pudimos encontrar?

Sin dudas, la respuesta a dichos interrogantes es, no.

En definitiva, es necesario que el Estado garantice estándares mínimos en materia de salud reproductiva y cuente con políticas públicas multidisciplinarias y eficientes, lo cual tampoco nos exime de repensar las formas en que como sociedad pretendemos resolver nuestros problemas y mirar por encima de las soluciones mágicas que nos ofrece  el discurso penal.  

*Profesor de Derecho Constitucional, UBA.


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