El Congreso entró en un estado de virtual parálisis y, de acuerdo al contexto, irá tomando determinaciones “día a día” sobre la agenda parlamentaria, admitieron desde ambas cámaras, de acuerdo a las directivas del gobierno nacional. La sesión del último jueves en el Senado, donde se convirtió en ley la modificación del régimen de jubilaciones de jueces y diplomáticos, fue uno de los primeros hitos en el cambio de costumbres en el Congreso.
En el recinto se permitió que solo un asesor acompañara a cada senador, mientras que el resto del equipo se mantuvo en despachos y pasillos, al igual que los periodistas que no fueron habilitados para presenciar la discusión desde los palcos.
Según el anuncio que realizó el presidente Alberto Fernández en la inauguración de las sesiones ordinarias, durante la última semana debía ingresar a Diputados el proyecto para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo pero, por ahora, no hubo novedades sobre la presentación del texto.
Para ir ganando tiempo, ya se fueron conformando las comisiones a las que sería girado el proyecto, en el que trabaja un equipo interdisciplinario que integran especialistas de los ministerios de Salud y Mujeres, Géneros y Diversidad, bajo la mirada técnica de Vilma Ibarra. En la Comisión de Salud fue designado el tucumano Pablo Yedlin, ex ministro de Salud de la provincia, a favor de la legalización del aborto, que asumió por teleconferencia porque se encuentra en cuarentena luego de un viaje a Estados Unidos.
Otra defensora de los “pañuelos verdes” como Cecilia Moreau quedó al frente de la Comisión de Legislación General, tras la salida de Daniel Lipovetzky, uno de los protagonistas de la discusión sobre el aborto en 2018. Asimismo, la bonaerense Mónica Macha estará a cargo de la Comisión de Mujeres y Diversidad, acompañada por la macrista Silvia Lospennato, otras dos representantes del voto a favor de la interrupción del embarazo.
Postergados. La demora en la presentación del proyecto de legalización del aborto se repite en otras iniciativas como la reforma judicial, el tratamiento del pliego de Daniel Rafecas como candidato a la Procuración General de la Nación y la modificación de la Ley de Economía del Conocimiento, que estaba previsto que se debatieran la próxima semana y quedó en stand by.
La forzada postergación de las discusiones tiene su explicación en que el oficialismo se encuentra focalizado en la cuestión sanitaria y social, y la búsqueda de consensos sobre el resto de los asuntos quedó en un segundo plano.
Pero también se vincula con un tema estratégico. En el caso de la postulación de Rafecas, el Gobierno está trabajando para convencer a unos cinco senadores, que podrían ayudar a alcanzar los dos tercios requeridos para la aprobación. Entre ellos figura el sanjuanino Roberto Basualdo, que se autoexcluyó de las actividades parlamentarias por dos semanas luego de un viaje al exterior. Adolfo Rodríguez Saá, integrante del bloque del Frente de Todos es otro de los legisladores en la misma situación y es por eso que el oficialismo deberá esperar la reincorporación de todos para avanzar con el tema, lo que no sucederá antes de abril.
Para el mes próximo también quedará el primer informe ante el Senado del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sobre la marcha de la gestión nacional aunque, según supo PERFIL, tampoco había intenciones de concretarlo durante marzo, pese a la obligación constitucional de asistir en forma mensual a dar explicaciones alternadamente a cada cámara.
En tanto, el proyecto para intervenir la Justicia de Jujuy que tanto revuelo generó en la UCR del gobernador Gerardo Morales recién retomará su tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales el 31 de marzo.
