Abusos

“Todas las mañanas, Cristina se acuerda y me dice: ‘¡Qué vicepresidente me pusiste, Néstor!’.” Esto no lo dice un humorista imitando al ex presidente, sino el propio Néstor Kirchner en un acto público, y –para completar su desprecio institucional– lo hace el mismo día en que Julio Cobos está en ejercicio de la presidencia. Esto sucedió ayer en su discurso durante la asunción de Hugo Moyano al frente de la CGT por un nuevo período.
Eufórico porque el Congreso estatizó los fondos jubilatorios, Kirchner calificó la jornada como “un día histórico” y dijo que “esos fondos eran manejados por cuatro o cinco vivos”. En psicoanálisis, la proyección es el mecanismo de defensa por el cual el sujeto atribuye a otros los propios motivos, deseos o emociones.
Jerárquicamente, el papel de “vivo” principal le cabría al presidente de la Unión de AFJP, Sebatián Palia, quien hoy defiende los intereses privados pero justamente fue uno de los principales funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner, porque como subsecreario de Finanzas, junto a Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas y actual embajador en Alemania, renegociaron la deuda argentina con quitas del 70%.
Ayer me tocó entrevistar al candidato con más posibilidades de suceder a Tabaré Vázquez como presidente de Uruguay y, a la vez, a quien fue su ministro de Economía, Danilo Astori. Este economista del Frente Amplio que se revindica de izquierda, explica que en Uruguay convive el régimen jubilatorio estatal básico, para todos aquellos cuyo salario es inferior a los 715 dólares mensuales, con un sistema similar al de las AFJP argentinas, que desde su inicio, en 1996, dos años después que en la Argentina, generó una rentabilidad de entre 9 y 11% anual.
Que en Uruguay los fondos administrados por empresas privadas similares a las AFJP generaran mayor rentabilidad dependió del Estado, por tres motivos: 1) allí no fueron obligadas a comprar bonos de deuda del Estado argentino; 2) luego, no padecieron la pérdida que sufrieron esos bonos de deuda por la quita y pesificación; y 3) las comisiones que cobraron esas administradoras fueron menores, pero es el Gobierno el que regula esas comisiones, las que desde hace cinco años Kirchner podría haber modificado o modificar ahora. El Gobierno que reclama por la poca rentabilidad del sistema es el mismo que promovió la quita que licuó la gran mayoría de los fondos invertidos en bonos de la deuda, y acusa de mal administrar al mismo funcionario que antes ejecutó la quita en nombre del Estado. ¿Encontrará la psicología un ejemplo mejor de proyección?
También Moyano transmitió su felicidad porque “se ha recuperado la soberanía del dinero que mensualmente depositan los trabajadores para que nuestros jubilados tengan la garantía del Estado de que no solamente van a cobrar sus jubilaciones, sino a mejorar su poder adquisitivo”.
Aun sin dudar de la buena fe de Moyano, la defensa de los beneficios de aquellos a quienes aspira beneficiar no siempre está asegurada. Días antes, Moyano promovió –a través del diputado laboralista Héctor Recalde– una ley de triple indemnización para paliar los despidos y el crecimiento de la desocupación, logrando exactamente lo opuesto. Primero, porque anticipa despidos en aquellas empresas que ante la duda prefieran despedir mientras se pueda, y porque la mitad de los empleados de la Argentina trabajan en negro en pymes que no pagarán la doble ni la triple indemnización porque no tienen recursos para afrontarla. Si bien son las mayores generadoras de empleo y despidos (ver desempleo en pymes en Pág. 14), puede que las pymes no aporten tantos afiliados a determinados sindicatos que tienen en las empresas grandes su fuente de sustentación.
Cuando hace unos meses, para el extenso reportaje de los domingos entrevisté a Recalde, cuyo tema era entonces la eliminación de los tickets canasta, respondió preguntas sobre las consecuencias que había tenido la ley de doble indemnización que rigió hasta hace poco. Ante la sorpresa del propio Recalde, se mencionaron dos de los varios abusos que esta empresa padeció como ejemplo de lo que sucedió en tantas otras donde se combina un estatuto especial con doble indemnización. Uno de los casos fue el de un director de arte, quien tres años antes de que existiera la doble indemnización había pedido licencia para ir a trabajar al exterior pero al enterarse de que se había promulgado la doble indemnización envió un telegrama solicitando que se le restituyera su puesto de trabajo en la Argentina. La empresa le respondió que podía volver, pero él prefirió darse por despedido argumentando que el trabajo al que se lo había destinado no era exactamente el mismo que tenía tres años antes, reclamo de imposible cumplimiento porque la publicación en la que él trabajaba ya no existía más, aunque se le había ofrecido otra similar. Hizo juicio y cobró 660 mil pesos equivalentes a 110 meses de su sueldo.
Otro ejemplo es el de un director de redacción que, cumplida la edad de jubilarse, 65 años, se dio por despedido argumentando que no había sido notificado por telegrama con un año de anticipación, e hizo juicio y ganó 1.150.000 pesos equivalentes a 77 meses de su sueldo. En sólo cuatro indemnizaciones, las dos personas mencionadas, y otras dos que sí fueron despedidas, se pagaron más de 4 millones de pesos por doble indemnización.
Vale agregar que a las cantidades mencionadas falta agregar los honorarios de los abogados laboralistas, verdaderos promotores de estos excesos, que sumaron 849 mil pesos entre los cuatro.
La posibilidad de doble o triple indemnización, o el desprecio por la opinión del 80% de los trabajadores (no empresarios) que en 2007 prefirieron continuar en el sistema de jubilación privada, antes que defender a quienes se dice querer beneficiar, no pocas veces termina logrando lo opuesto: reducir el empleo de hoy y mañana, y –esperemos equivocarnos– reducir las jubilaciones futuras.