Los empresarios involucrados en el Cuadernogate aceptaron pronto su participación en el cohecho. Solo que, entre reconocer que lo hicieron con dinero de sobreprecios (entregando fondos que el Estado les entregaba a ellos junto con obras públicas) o que aportaban a las campañas porque eran presionados, eligieron confesar mayoritariamente esta última forma de corrupción. Que coincide en ser la que más los beneficia judicialmente.
Es la variante histórica de que el capital es, por sobre todo, cobarde. La cobardía del capital fue la interpretación que hizo Perón cuando le preguntaron sobre los motivos del golpe en Chile contra Salvador Allende: no era el odio, según él, lo que impulsó al establishment chileno y estadounidense a llevar a Pinochet al poder. Era el miedo.
Amenazados y beneficiados. Esta semana, Angelo Calcaterra le explicó a Clarín: “Baratta me llamaba y me decía ‘tenés que poner plata para la campaña’”. Cuando se le preguntó por qué accedió, dijo que debía pagar los sueldos de sus 5 mil empleados. No aclaró qué tenía que ver una cosa con la otra (todos los empresarios pagan sueldos, pero no todos se ven obligados a aportar a la política), pero se supone que la diferencia era que él fue contratista del Estado y temía que, si no pagaba, dejaría de serlo.
Sorprende que Calcaterra (heredero de alguien como Franco Macri, a quien no lo atemorizaron ni la dictadura ni el menemismo y creció mucho junto a ellos) se sintiera amedrentado por un ex vendedor de lotería callejera como Baratta cuando le decía “tenés que poner plata para la campaña”.
No eran aportes de campaña. Era la forma en que se cartelizaba la obra pública
Por suerte para él y su familia, ese miedo no lo inmovilizó. De hecho, según datos oficiales de 2015, fue tercero en el ranking de los mayores contratistas del Estado durante la temible era K. Detrás de Techint y Electroingeniería.
En las justificaciones judiciales de los hombres de negocios de este caso, el miedo a no pagar no significaría temer represalias físicas o de la AFIP. O no solamente eso. Significaba, en especial, dejar de beneficiarse con los acuerdos millonarios que el Estado K les proveía.
En el momento en que esos negocios sucedían, medios como este diario y la revista Noticias denunciaron el mecanismo de sobreprecios y cartelización de la obra pública. Era vox pópuli entre las cámaras empresarias, una queja acobardada de los que quedaban afuera y casi una jactancia entre algunos funcionarios de la época.
Aún ministro, pero a punto de renunciar, Lavagna denunció esa cartelización ante 500 empresarios de la Cámara de la Construcción. Los empresarios y los funcionarios negociaban qué obra le tocaba a cada uno de los que integraban el pool. La oferta elegida superaba, por lo menos en un 20%, el costo real de mercado. El Estado pagaba el sobreprecio, que sería la coima que luego retornaría a los funcionarios.
Ni siquiera se pagaban coimas cediendo una parte de su rentabilidad. Lo hacían con el sobreprecio acordado con los funcionarios. Esta es la verdadera hipótesis que atraviesan los cuadernos que escribió Centeno y protagonizaron funcionarios como Baratta, De Vido y los Kirchner. No la de pagos en negro para la campaña. Aunque una cosa no quitaba la otra.
El caso Pescarmona. El dilema ético de hasta dónde un empresario puede hacer lo correcto sin poner en riesgo su fortuna y el futuro de sus empleados no es de fácil resolución. Pero es distinto el dilema de quien lo hace para sobrevivir y el de quien, por hacer lo incorrecto, recibe recurrentes beneficios a cambio.
Quizá fue el dilema de la supervivencia el que en su momento llevó a Enrique Pescarmona a estudiar el juicio por discriminación que Editorial Perfil le hizo al gobierno kirchnerista. Su empresa, Impsa, era reconocida como la de mayor experiencia en tecnología hidroeléctrica del país, pero quedaba afuera de todas las licitaciones. Salvo un par que luego le rescindieron.
Pescarmona envió a su abogada a Perfil. Quería saber del juicio ganado por discriminación
Una abogada suya me vino a ver durante el último gobierno de Cristina para que le contara cómo había hecho Perfil para ganar el juicio y dejar de ser discriminada con la publicidad oficial. Una discriminación similar a la que, según ella, sufría su empresa. Le dije que el costo de hacerlo fue que durante años esta editorial no solo siguió sin recibir un peso, sino que después de la demanda los castigos se multiplicaron. Y que el fallo favorable de la Corte fue en 2011 y el kirchnerismo empezó a cumplir, parcialmente, años después; y ni siquiera pagaba los avisos. Fueron tiempos duros para Perfil, pero ese fallo sentó jurisprudencia y ya ningún gobierno podrá usar discrecionalmente la pauta oficial.
Cuando terminé, la abogada de Pescarmona parecía desolada. Creo que supuso que si su empresa la estaba pasando mal, si iniciaba un juicio por discriminación la pasaría peor. A finales de 2014, Impsa entró en default.
Los cuadernos de Centeno revelaron que Francisco Valenti, uno de sus directivos, entregaba dinero y vino Lagarde a Baratta en 2009. Pescarmona dice que no puede creer que sea cierto: “¿Justo alguien de Impsa, que fue perjudicada y perseguida por el kirchnerismo, iba a pagarles coima?”.
¿Pagar o no pagar? ¿Cuán cobarde o valiente es alguien en pos de defender su empresa? Ahora, a los riesgos tradicionales se les agrega uno: ir preso. Pero hace una década, para un contratista del Estado, el riesgo era quedar afuera. Pagar y obtener beneficios o no pagar y bajar persianas.
Fue en una de las primeras entregas de los Premios Fortuna que esa mezcla de temor y oportunismo quedó al descubierto. Hoy esos premios son un clásico, pero al principio, en pleno kirchnerismo, quienes concurrían eran en gran medida los directores de Relaciones Institucionales, que retiraban sus premios sin pronunciar palabra. Fortuna es de Perfil, y Perfil era Perfil.
En uno de esos primeros discursos de cierre, Jorge Fontevecchia les dijo a los empresarios que quienes estaban ahí eran aquellos a los que mejor les iba y que tenían la obligación de animarse a contar. Los llamó cobardes.
Pero cuánta valentía se le puede pedir a un empresario cuyo negocio principal es venderle a un gobierno que le exige pagar para seguir haciéndolo. Esos empresarios podrían acotar, junto a Bukowski, que no eran cobardes, sino capaces de prever el futuro. Y cómo sería el suyo si no pagaban.
Es cierto que, en la Argentina K, el Gobierno no solo poseía el control de la fuerza pública, los servicios de inteligencia y la AFIP, sino del Poder Legislativo y el Judicial. Durante los años iniciales, sumaba una red inédita de medios oficialistas y de medios profesionales que fueron complacientes (los periodistas deberíamos analizar si entregar silencio a cambio de beneficios no es también una forma de cohecho).
Las respuestas simplistas pueden ser las más efectistas, pero la realidad suele ser más compleja. Aunque al menos podría decirse que quienes más tienen más obligaciones deberían adquirir. De lo contrario, los menos afortunados podrían argumentar que si los más ricos no resisten el “tenés que poner plata” de Baratta, cómo ellos no van a sucumbir a los aprietes de la vida cotidiana.
Estos procesos judiciales hoy generan ruido, pero terminarán bajando el costo argentino, el país será más presentable y la inversión crecerá. Además, las condenas servirán para que los próximos funcionarios que pidan y los próximos empresarios que paguen sepan que hubo gente que fue a la cárcel por eso.
