La pregunta es: ¿cuánto ayudará a la situación judicial de Cristina Kirchner y sus ex funcionarios la asunción de Martín Soria en Justicia?
Si la respuesta es mucho, entonces es plausible la hipótesis de que el Presidente optó por él con la intención de salvar a su Vice. Ya sea por convicción o por necesidad.
Esto es lo que hasta ahora cree la mayoría de los analistas más críticos y los más oficialistas: Soria asumió para lograr la “impunidad” de los corruptos o para “hacer justicia” con las víctimas de la persecución jurídica y mediática. Unos y otros coinciden en que Alberto Fernández lo designó para que actúe sobre las causas abiertas. ¿Será así?
Rol de ministro. Pero si la respuesta a la pregunta inicial fuera que, más allá del alineamiento del nuevo ministro con la teoría del lawfare, nada de lo que diga o haga servirá para que Cristina quede libre de todos los procesos en marcha, entonces la pregunta siguiente sería ¿para qué fue designado en ese puesto?
Un ex ministro de Justicia explica que “en la práctica, no existen posibilidades concretas de que quien ocupa ese cargo actúe para modificar la realidad judicial de procesos avanzados, ni a favor ni en contra”. Lo que sí puede suceder, y sucede, es que un ministro actúe política y mediáticamente sobre los jueces y fiscales, para “marcarles la cancha” o para sugerir beneficios o posibles castigos.
El Presidente sabe que es poco lo que un ministro de Justicia puede hacer a favor de Cristina
A ese tipo de herramientas marginales se le podría agregar el liso y llano apriete de un ministro a un juez, pero exponiéndose a que se lo denuncie por ello y sin siquiera lograr algún resultado. La dificultad adicional en el caso de las causas contra Cristina y sus ex funcionarios es que ese procedimiento se debería repetir con una gran cantidad de jueces.
En Comodoro Py hay cierta subestimación hacia el rol de los ministros de Justicia, por carecer de atribuciones reales y de verdadero poder de fuego sobre el fuero: “Un ministro puede negociar con algunos jueces para proponer nuevos magistrados y los jueces le pueden anticipar fallos institucionalmente relevantes al ministro. Y poco más. Cuando las causas están avanzadas, con procesamientos, al borde o en pleno juicio oral, no hay mucho que se pueda hacer.”
En los hechos, los antecedentes de un nuevo ministro que despotrica contra los miembros del Poder Judicial sumado al último alegato de Cristina en la misma dirección, lo que provocaron fue un abroquelamiento que unió a jueces que no se dispensaban mayores simpatías. Pasando por juzgados federales, cámaras de apelaciones y la Corte.
Ruido y nueces. Un abogado como Alberto Fernández, interlocutor de magistrados e histórico conocedor de la trastienda del fuero Federal, ¿creerá que su futuro ministro de Justicia podrá actuar esta vez con efectos prácticos sobre las espadas de Damocles que penden sobre la mujer que lo llevó a la Rosada?
Si cree que sí, como coinciden los analistas de un lado y del otro de la grieta, y acierta en el camino elegido, entonces lo que sobrevendrán serán sentencias absolutorias, nulidades procesales o fallos de instancias superiores que dejen, al menos a Cristina y a sus hijos, libres de culpa y cargo. Todo, acompañado de un impacto mediático nacional e internacional y con un escándalo social y político garantizado.
En cambio, si no cree en lo que los demás dicen que cree (o si esa nueva estrategia fracasa), lo que habrá es mucho ruido y pocas nueces.
Existen momentos en los que para decir que no se debe decir que sí. ¿Será Soria el sí de Alberto a Cristina para cederle la cartera de Justicia sabiendo que nada de lo que se haga desde allí tendrá otro efecto que el discursivo?
Durante la pasada campaña, y en especial desde que asumió, el Presidente habló de la persecución judicial y dictaminó que Cristina no había cometido delitos (“en todo caso algún descuido ético”). En su último discurso de apertura de sesiones volvió a decirlo, con un énfasis mayor. Como parte de esa crítica a la Justicia, ya había creado una comisión de asesores para revisar el funcionamiento de la Corte Suprema y había enviado una reforma judicial al Congreso.
Las recomendaciones sobre la Corte hasta ahora no pasaron de eso y la reforma judicial, al igual que la del Ministerio Público Fiscal, hoy parecen más lejanas que antes del nombramiento de Soria. Esa fue la reacción de rechazo entre los legisladores oficialistas de Río Negro, adversarios del nuevo ministro, y entre quienes responden a Schiaretti y Lavagna que se despegan de su tono beligerante.
¿Ahora sí? Lo cierto es que a poco de cumplirse un tercio de su mandato, la situación judicial de su principal socia electoral no mejoró. Incluso Alberto mismo cerró la puerta a la firma de un indulto salvador (no se debería otorgar sobre procesos aún abiertos, pero Menem lo hizo).
Es razonable que, si Cristina y sus ex funcionarios creían que la llegada al poder a través de Alberto serviría para despejar sus problemas judiciales, hoy estén preocupados por la falta de novedades.
En este sentido, la partida de Losardo significa un fusible frente a tal malestar. El Presidente explicó que ella estaba “agobiada”, lo que se tradujo como un agotamiento ante las presiones del cristinismo. Sin embargo, hay quienes afirman que su agobio provenía de las presiones del propio albertismo, no para que presionara a los jueces, sino para que escenificara una actitud más comprometida con Cristina. No le pedían que fuera empática con ella, pero sí que lo pareciera.
Puede que su reemplazante tampoco encuentre soluciones para esos problemas, pero por lo menos habrá un espectáculo en torno al lawfare que quizá convenza al cristinismo de que, ahora sí, el Gobierno tomó a ese toro por las astas.
Si hay pruebas judiciales, el problema es que ya no existe ministro ni Presidente que pueda ayudar
Las sospechas sobre que Alberto Fernández no hizo lo suficiente al respecto circulan más o menos abiertamente entre los ex funcionarios condenados o en vías de serlo y también en el cristinismo. Y si bien no queda claro qué más podría hacer, es cierto que lo hecho hasta ahora no alcanzó.
Como para darles la razón, un juez que tuvo contacto reciente con el Presidente, asegura que no se quedó con la sensación de que esté dispuesto a hacer cualquier cosa para satisfacer esas demandas de su interna. Al contrario.
Cambio. En todo caso, el perfil del nuevo ministro implica un cambio presidencial. La duda es si lo que cambia es la estrategia o es sólo la táctica.
Es decir: si se trata de un nuevo camino para conseguir una reforma de la Justicia en general y un alivio para Cristina en particular; o si la intención es mantener una estrategia de no intervención judicial, pero con una nueva táctica de confrontación mediática que busque convencer a sus aliados de que hará lo posible por su libertad.
Pero más allá de si se trata de un cambio estratégico o de un simple giro táctico para surfear las tensiones internas, la pregunta final siempre será la misma: ¿existen condiciones jurídicas para que Cristina quede absuelta de todos y cada uno de los delitos que se le imputan?
Porque si la respuesta es no, no habrá estrategia, ni táctica, ni juez, ni ministro, ni condiciones políticas, sociales y mediáticas, que le puedan garantizar un futuro en paz. Ni siquiera un Presidente lo podría hacer.
