La estampida de la inflación de junio al 3,7% prendió luces de alerta en el Gobierno; a tal punto, que en el transcurso de la última semana se estuvieron analizando posibles alternativas si la evolución de los precios no muestra una desaceleración en julio y agosto, y se complica cumplir con las “bandas de consulta” que estableció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El tope máximo establecido es del 32%, y hoy las proyecciones prevén que, a diciembre, la inflación rondaría el 30% como mínimo. Para cumplir con esos objetivos, el promedio de la inflación mensual en el resto del año debería ser del 2,18% según estudios privados, pero para julio ya hay pronósticos del orden del 3%.
Por eso, entre las posibles medidas bajo análisis se encuentra convocar a los formadores de precios para un acuerdo que modere los aumentos, y también eventualmente diferir la suba pendiente de tarifas de luz y gas para septiembre y octubre.
Perspectiva. Un funcionario del gabinete económico explicó que la inflación de junio no debe tomarse como un parámetro de lo que puede pasar con el índice de precios de aquí a fin de año, y resaltó que en el Gobierno confían en que se cumplirá con la meta comprometida ante el FMI, que se basa en un índice máximo del 32%.
La mirada oficial es que habría un alza del 2,5% al 2,7% en julio y luego habría subas del 2% mensual. Cálculos privados difieren y la acercan al 3%. “Creemos que tenemos margen para cumplir con esa pauta, aunque lógicamente habrá que ver cómo sigue evolucionando el mercado cambiario; pero consideramos que vamos a estar dentro de la pauta establecida”, recalcó el mismo funcionario.
Si el Gobierno no llegara a cumplir con la meta de inflación establecida en el acuerdo con el Fondo Monetario, en enero se debería recurrir al directorio del FMI, de una manera casi formal, porque en realidad lo que le interesa a ese organismo es el cumplimiento de la meta fiscal.
“Si no se cumple la meta fiscal, allí sí hay que pedir un waiver (perdón), lo que implica una negociación más ardua para evitar que no tranquen los desembolsos previstos”, comentó otra fuente.
De todas formas, en la última semana en el Gobierno se estuvo conversando sobre posibles variantes para asegurar el cumplimiento de la proyección de inflación. Por eso, según comentaron en Hacienda, es trascendente lo que pase con los números de julio y agosto, para finalmente considerar si se deben tomar medidas adicionales con el fin de lograr el cumplimiento de la meta inflacionaria.
Análisis. Una de las alternativas sobre la mesa es convocar a los principales formadores de precios para “consensuar los incrementos, aunque sin que llegue a ser un control o un sistema coercitivo, como se hizo en el kirchnerismo”.
El nudo central, en ese aspecto, es que en la segunda parte del año la inflación promedio se ubique alrededor del 2% mensual, y para ello también se buscará un consenso con los gremios más importantes.
“Es lógico que haya reapertura de paritarias y que se orienten a terminar el año en línea con la inflación estimada”, fue el breve comentario de otro integrante del gabinete económico. Otra de las posibilidades que se barajan, si la inflación no cede por lo menos el 1% en julio y otra cifra similar en agosto, es diferir el nivel de ajustes de tarifas que queda pendiente para este año, más precisamente, en octubre. La idea que se estuvo conversando es realizar una suba inferior a la proyectada tanto en gas como en electricidad y transporte, y compensar fiscalmente esa menor rebaja de subsidios con un mayor ahorro en el gasto o subejecutando el Presupuesto del último trimestre del año.
