Como un cordero en una pileta, Jorge “el Oveja” Sarghini cayó en el Congreso para ocupar la banca que dejó Daniel Arroyo cuando pasó a ser ministro de Desarrollo Social. Desde ese lugar del bloque de Consenso Federal, el histórico dirigente y ex secretario de Hacienda expuso con crudeza la lectura que una parte del peronismo empieza a hacer sobre los primeros dos meses de la gestión económica del ministro de Economía Martín Guzmán. Fue cualquier cosa menos contemplativo. Con su tono amable y respetuoso y en apenas tres minutos, lo liquidó.
“No quiero decir que su exposición nos deja gusto a poco, pero nos ha dicho que la economía está empezando a andar, que el cambio de modelo está empezando a andar, y créame ministro, no se ve”, se despachó. Acto seguido agregó una comparación con el ex presidente Mauricio Macri: “No quiero, de ninguna manera, asimilar esta afirmación a la de que el crecimiento invisible había llegado, pero no vemos cambio de modelo, no vemos programa integral”.
Ni el bloque de Juntos por el Cambio, quizás por un poco de pudor dada la responsabilidad en el actual quilombo, se animó a semejantes críticas. Sarghini, además, había remarcado que la ley de emergencia económica es una ley de “austeridad fiscal” más allá del nombre que tenga, y remató con la mención de un fenómeno que empiezan a notar propios y extraños sobre el Gobierno, desde organizaciones sociales hasta petroleras: la lentitud en la toma de decisiones, al borde de la parálisis, a la espera de que Guzmán la pegue con la deuda. “Queremos que esa suerte de inacción que vemos, de que todo está atado a que esto se resuelva para empezar, no sea como lo vemos”, cerró quien ofició de vocero de un espacio que es más o menos del mismo palo que el oficialismo, y que, atenti, hay que recordar que llevó de candidato a presidente a Roberto Lavagna, el hombre que suena para encabezar un Consejo Económico y Social. ¿Compartirá esta mirada el propio Roberto?
“Lo veo bien a Guzmán, pero faltan políticas productivas”, analiza un experimentado hombre que supo ocupar cargos relevantes en administraciones kirchneristas. Hay un problema grave, dice, y es que la banca pública, fundamental para rescatar o impulsar empresas, está devastada. “La línea de créditos que anunció el Banco Nación de $ 10 mil millones es insignificante, son US$ 160 millones de dólares, eso no mueve nada”, señala, al tiempo que remarca: “Lo que pasa es que al Nación lo dejaron sin liquidez; hace falta que todas las cajas del Estado vayan al Nación para movilizar la economía”.
En el Gobierno, en tanto, creen que tarde o temprano la base de la pirámide social moverá al resto. Ya se entregó el 30% de las tarjetas alimentarias, unos 500 mil plásticos que vuelcan cada mes 2.500 millones de pesos a la calle. Las grandes cadenas de supermercados dicen que cuando se paga, esas ventas llegan a ser el 40% de lo que sale de las sucursales, pero que aún no pasa del 1% de la facturación total. Eso sí, los Jumbo, Walmart y Carrefour de la vida agradecen que gracias a la tiranía del posnet les están comiendo share de mercado a los “canales informales”, como almacenes y supermercados chinos. Desarrollo Social espera para fin de mes haber entregado el 70% del millón cuatrocientas mil tarjetas de la emergencia, que supondrá volcar $ 70 mil millones al consumo por año.
Otro tanto esperan del incremento a los jubilados que ganan la mínima y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Lo ven como un impulso al consumo popular aun a expensas de menores aumentos de los que tienen la cabeza un poco por arriba de la superficie. El anuncio, el viernes, otra vez agitó las críticas por las demoras en la implementación de las medidas. ¿Se anuncia un vademécum de 170 medicamentos gratis para los afiliados al PAMI pero la lista no está porque aún resta negociar con la industria farmacéutica? ¿En serio? Ojo con ir a pedirles gestos patrióticos a los laboratorios, porque después pasan por ventanilla. Algunos ya están entusiasmados con la vuelta de Farmalink, la increíble auditora propia con la que se autocontrolaron las ventas a la obra social de los jubilados hasta 2018.
Si finalmente los sectores de menores ingresos mejoran algo su poder adquisitivo, se viene en 3, 2, 1 un bardo con los productores de carne, lácteos y harina y derivados. ¿Cuánto más puede aguantar un gobierno peronista que suban, como en enero, más del 10% la carne picada, el sachet de leche o el pan de mesa? Tensión entre el mercado interno y exportaciones, ya te siento. El debate sobre la oferta va a llegar seguro cuando se trate la llamada ley de góndolas, que el Gobierno venera como si le fuera a arreglar la cosa. Clave: evitar que la recomposición de márgenes de rentabilidad de las empresas ante el primer rebote de la demanda no seque algún yuyito verde. Pero, ¿y de la góndola para atrás nada? En 2017 Arcor, que era dueño de Cartocor, gigante de los envases de cartón, compró a su principal rival, Zucamor, y así te la regalo pelear costos del packaging que después terminan en el precio del puré de tomate. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia lo analizó en la era Macri y el mes pasado la Secretaría de Comercio de Alberto le dio vía libre a la empresa de la familia Pagani. Es la parte más rara del cuidar a los que menos tienen.
A propósito de comisiones, el propio Sarghini recordó en la sesión de la semana pasada que todavía de la Comisión Bicameral del Seguimiento de la Deuda no hay ni noticias, aunque él también se preguntó cómo pudo ser que aún funcionando ese órgano el gobierno anterior hiciera los desmanejos que hizo en el frente externo. Ojo, tampoco se armó todavía la comisión que emerge de la ley de solidaridad social y bla bla y que debe laburar la nueva fórmula de movilidad que terminará de darle forma al ahorro fiscal respecto del gasto que hubiera habido de mantenerse la anterior, y que es parte de lo que espera ver el Fondo Monetario Internacional, porque aunque cambiaron y ahora usan morral, a sus técnicos les cabe ver los números igual. Lo único que sí ya vieron algunos bogas previsionales es que puede haber dos hendijas para bancar en la Corte Suprema la ola de juicios que se venga. Uno: creen que el hecho de que haya una ley de emergencia que suspendió la fórmula 2017 puede justificar la suba discrecional de ahora; dos, desempolvaron la ley de emergencia previsional de los 90, la 24.463, que dice que se pagan las jubilaciones que se puedan, según las partidas prespuestarias disponibles.
En este contexto de parálisis, frenos e inacciones, este jueves el Presidente tendrá su primer corte de cinta groso en Garín, en una nueva planta del Grupo Insud, cuya cabeza es Hugo Sigman. Allí ampliará su producción de biosimilares, las “copias” de medicamentos biológicos que están revolucionando el mundo de la salud. Es un segmento donde la empresa pisó en 2014, cuando había logrado el primer biosimilar hecho en la Argentina, su versión del rituximab para tratar el linfoma de no Hodgkin, un producto que era exclusivo de Roche. El gigante internacional denunció en su momento irregularidades en la aprobación de la Anmat cuando el ministro de Salud era Juan Manzur, pero la empresa local le respondió en la Justicia con que inventaba casos de efectos adversos. Seis años después, lidera un mercado de US$ 50 millones al año solo en el país y prepara nuevos desarrollos de vanguardia.
