“¿Podes no mencionar al laboratorio?” “Es un reclamo ideologizado”. La industria de los laboratorios no está acostumbrada a que la miren y le hagan preguntas sobre las reglas y el funcionamiento del mercado. Están ok para hablar si lanzan un nuevo medicamento; son muy generosas si quieren contar una investigación que están desarrollando; tienen la mejor si se acaban de asociar a una alimenticia para lanzar un suplemento dietario o si uno de sus popes es premiado por su aporte a la cultura mundial, pero si les preguntás por los costos que justifican los aumentos de precio ya la cosa se pone más espesa, y si querés entender por qué se dio marcha atrás de manera inédita con una decisión de prohibir un fármaco masivo que factura US$ 23 millones al año a pesar de que todo el campo técnico y científico pedía hacía años retirarlo del mercado, la cosa se pudre. Y ya no hay respuestas. Sólo tildes azules en los chats.
El ArtrosisGate fue una saga de varios artículos y entrevistas con la que PERFIL contó desde el 25 de enero que la Anmat, el organismo regulador de los medicamentos en la Argentina, tomó la decisión de prohibir el 29 de noviembre la asociación de las drogas glucosamina y meloxicam por irracional y riesgosa, pero que tras un fuerte lobby de las empresas farmacéuticas lo volvió a poner a disposición del público apenas dos semanas después, en un ida y vuelta sin precedentes, aún pidiendo luego que aclaren los mayores riesgos en los prospectos de las 16 marcas que se comercializaban. Se trataba de una noticia de alto impacto popular y económico: lo consumían entre uno y dos millones de personas al año, la mayor parte pagados por el PAMI, y desde la Argentina se exportaba a la región, por más de US$ 50 millones anuales. Participan los principales laboratorios del país, desde Raffo, con casi el 50% del mercado, hasta Bagó, Roemmers y Elea, entre otros.
Se contaron las reuniones de abogados y lobbistas de los laboratorios en la sede de Av. Caseros al 2100, las reuniones que pidieron tener con las autoridades de la Anmat sin que participen los técnicos y especialistas porque todos coincidían en lo correcto de la decisión, se difundieron los documentos completos presentados en el expediente, se reveló que ya había habido informes alertando sobre el medicamento en 2016 y que ese trabajo “se extravió”, al tiempo que la Defensoría del Pueblo inició una investigación sobre el caso. Así, el viernes pasado, a pesar de que había fijado 120 hábiles para analizar la vigencia del medicamento, la Anmat finalmente lo prohibió decidió sacarlo de mercado.
Y además, era una de las pocas veces donde la presión del sector regulado quedaba en evidencia sobre el regulador, abriendo mil preguntas: ¿cuántas veces más habrá pasado? ¿Por qué se aprobó esa combinación en 2008 si no había avales ni de EEUU ni de Europa y resulta evidente para todos los farmacólogos que se estaban combinando una droga de tratamiento prolongado con un antiinflamatorio que no se recomienda tomar más de cinco días? ¿Por qué el PAMI lo pagó sin chistar durante una década? ¿Cuántos otros medicamentos flojos de papeles mueven millones?
El mes que viene sale en Estados Unidos el libro “Muertos de desesperación”, de Anne Case y Angus Deaton, de la Universidad de Princeton. Es una crítica al sistema capitalista y una revelación: cae la expectativa de vida de los que no tienen título universitario. ¿Por qué? Además de por la precarización laboral, lo achacan a la proliferación de drogas legales por la presión de la industria farmacéutica sobre las autoriddes regulatorias.
