ArtrosisGate: la Defensoría del Pueblo inició una investigación

Para verificar si existe un riesgo para la salud de la población, la Defensoría del Pueblo de la Nación comenzó una investigación de oficio sobre las idas y vueltas de la Anmat en la prohibición del uso y la comercialización de uno de los medicamentos más utilizados contra la artrosis.

Tal como viene denunciando en exclusiva PERFIL, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) prohibió el 29 de noviembre de 2019 la combinación a dosis fijas de glucosamina y meloxicam pero –en un hecho sin precedentes– quince días después suspendió la medida por 120 días hábiles, tras el lobby de laboratorios nacionales.

La Defensoría realizó un pedido de informes a la Anmat en el mes de diciembre, tras la resolución 10.107 que daba marcha atrás con la disposición 9.629 que prohibía el medicamento. “Cuando vimos que a menos de un mes de haber dictado la disposición que suspendía los registros de esta medicación a dosis fijas –bajo argumentos de salud pública y efectos adversos para la salud de los particulares– volvía para atrás, nos llamó la atención sobre todo porque consideramos que había un riesgo para la salud de la población”, explicaron desde la Defensoría.

“Eso hizo que empezáramos a ahondar y buscar información. Encontramos argumentos de diversas índoles y fuentes que nos hicieron tomar la decisión de iniciar una investigación de oficio, dada nuestra calidad de institución nacional de derechos humanos, la única reconocida por la ONU en la Argentina para verificar de acuerdo a nuestro mandato constitucional si hubo hechos, actos u omisiones de la Administración Pública, en este caso la Anmat, que podían tener consecuencias valiosas para la población”, agregaron.

Plazos. La Defensoría realizó un pedido de informes a la Anmat, una batería de preguntas técnicas relacionadas con la decisión que había alcanzado al momento de prohibir la medicación y luego levantar esa suspensión. Además, solicitó una copia del expediente que la Anmat ya había iniciado en 2017 por la glucosamina y que, como contó PERFIL en su edición de ayer, supuestamente “se extravió”. El organismo de control de los medicamentos tiene un plazo de treinta días hábiles (a partir del 18 de diciembre) para contestar. El expediente 19.411/19 está caratulado como “Defensor del Pueblo de la Nación sobre suspensión de la Disposición 9.629 (Anmat)”.

"Conocemos la presión de la industria y por eso tomamos cartas en el asunto"

“Consideramos que una vez vencido el plazo, de acuerdo a los datos que recolectemos, sacaremos un pronunciamiento que tendría que ser ejemplar. Hasta ahora la investigación colectada nos ha acreditado que a nivel mundial este suministro a dosis fijas de glucosamina y meloxicam no ha sido aprobado por los países que tienen alta vigilancia en materia de medicamentos. Y segundo, que los técnicos nos acreditan que hay una contradicción en sí misma, ya que la glucosamina es un suplemento dietario de uso prolongado y el meloxicam un antiinflamatorio que tiene amplias restricciones para la ingesta crónica, debe tomarse la menor dosis posible y hace efecto inmediato”, explicaron desde la Defensoría del Pueblo de la Nación.

El organismo investiga, además, por qué no se mantuvo la prohibición y se dieron 120 días hábiles para que una comisión de expertos farmacólogos se expida al respecto. Se sospecha que los laboratorios hayan negociado este tiempo con Anmat para poder vender los stock que tenían en vigencia. “Conocemos la presión de la industria y por eso consideramos que el defensor tiene que tomar cartas en el asunto e investigar”, detallaron desde la Defensoría.

De acuerdo con la consultora IQVIA, a octubre de 2019 se habían vendido en doce meses unas 1.165.092 unidades de glucosamina/ meloxicam en la Argentina, por casi US$ 23 millones, cerca de $ 1.500 millones. El grueso, jubilados, a quienes el PAMI dejó de cubrírselos a principios de 2019 por cuestionar su seguridad y eficacia y tras presentar el caso en la Anmat.

Se trata de un segmento donde participan las principales empresas farmacéuticas del país, como Roemmers, Bagó y Elea, pero que lidera, con cerca del 50% del mercado, el laboratorio Raffo, propiedad del argentino Julio Rodríguez Espósito, residente en Estados Unidos. El caso además tiene efectos continentales. Desde la Argentina, donde Raffo creó la asociación en 2004, se exporta buena parte de las casi 750 mil unidades que se venden principalmente en México, Ecuador y Paraguay, entre otros destinos.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Nación explicaron que una vez que lleguen a una conclusión, si se corrobora que hubo un hecho de la Administración que puede afectar a la salud pública, tienen la posibilidad de una instancia más: dar intervención al procurador general de la nación para que se inicie una causa penal.