Hace unos días, un comentario del colega Marcelo Longobardi en radio Mitre suscitó un breve escándalo: “la democracia no es para cualquier país; requiere estándares de bienestar económico, de igualdad económica, de oportunidades, de estabilidad, de falta de griterío; una serie de cuestiones que no están dadas hoy en la Argentina. Algún día, lamentablemente, tendremos una sorpresa. Porque vamos a tener que formatear la Argentina de modo más autoritario para poder manejar semejante descalabro”.
Sin tener en cuenta el inicial “lamentablemente”, la desafortunada expresión “vamos a tener…” suscitó críticas, prontamente acalladas por las claras y sinceras disculpas de Marcelo. Cualquier periodista sabe que en radio y televisión los furcios son a veces inevitables; aunque mucho menos en la prensa escrita, que dispone de tiempo para corregir y aún así, suele cometerlos. No faltarán psicoanalizados que aludan al “subconsciente”, pero habría que preguntarles por qué para acusar eligen el “vamos a tener” y no el “lamentablemente”…
Esas declaraciones comienzan por “la democracia no es para cualquier país”, seguidas por una clara definición de las condiciones que autorizan a llamarla tal. Y entonces, ¿acaso en Argentina vivimos en una democracia digna de ese nombre? Imposible citar todo lo heredado, pero hoy ¿puede llamarse democrático un país que tiene una Vicepresidenta electa procesada en varios y gravísimos casos de corrupción? ¿Que antes había tenido un Presidente cuya familia estaba implicada en otro escandaloso asunto? ¿Un país donde la corrupción sindical, judicial, política, empresaria, de las fuerzas de seguridad, es antigua y conocida? Por no hablar de otros factores citados por Marcelo; igualdad, oportunidades y andamais. Somos apenas un país que organiza elecciones. Mirando atrás, algo es algo, pero estamos lejos de vivir en democracia.
Y ¿cómo se arregla eso? ¿Dónde termina el ejercicio de la autoridad democrática y comienza el autoritarismo? Imaginemos que mañana, luego de vaya uno a saber qué acontecimientos, se formase un gobierno democrático de coalición, votado por una amplia mayoría, dispuesto a poner de una vez al país allí donde lo imaginaron San Martín, Moreno y otros, hasta hoy. Las riquezas naturales y el desarrollo científico, tecnológico, cultural, sanitario, artístico y educativo obtenido desde finales del XIX, facilitarían ese objetivo.
Pero la política… Ese gobierno reformador tendría que actuar, al menos por un tiempo, proponiendo leyes o dictándolas, así como eventualmente aplicando una firme represión. El honesto Presidente Illía fue derrocado, entre otras cosas, por su propuesta de una Ley de Asociaciones Profesionales a la europea, que por ejemplo limitaba a dos períodos el mandato de los dirigentes sindicales. Durante la asunción del general Onganía, jefe del Golpe de Estado que lo derrocó, aplaudían notorios sindicalistas peronistas presentes, como Augusto Vandor… ¿Cómo haría pues un gobierno democrático, con un programa respaldado por los votos, para aplicar una nueva ley sindical y poner coto a la consiguiente e ilegal huelga de camioneros de “los Moyano” que le paralizaría el país, incluso con violencia? Es sólo un ejemplo, entre muchos posibles, de cualquier sector afectado.
La cuestión consistiría entonces en cómo ejercer legalmente la autoridad; pero ejercerla. ¿Autoritarismo entonces? Las democracias republicanas modernas juzgan y absuelven o condenan según la ley. Pero en países como el nuestro, y retomando el ejemplo anterior, sería necesario reprimir si los dirigentes sindicales amenazados por la nueva ley emplearan la violencia y acabasen provocando una crisis económica. De otro modo, nada cambiaría y seguiríamos siendo un remedo de democracia.
Hay situaciones en las que resulta difícil discernir la frontera entre autoridad legal y autoritarismo. El mérito de Marcelo es haber puesto sobre el tapete un problema que alguna vez habrá que resolver.
*Periodista y escritor.
