Sin decir “agua va”, la Corte Suprema y el Gobierno se enfrascaron en un contrapunto público con pocos antecedentes en nuestra historia reciente, más profusa en cortocircuitos intrapoderes puertas adentro y en ñañañás de la boca para afuera.
El tribunal expuso que el Ejecutivo no le envió las partidas presupuestarias previstas para esta altura, lo que pone en riesgo su funcionamiento. Garavano, ministro de Justicia, replicó veloz que nunca recibió reclamo alguno.
Lo que podría leerse como un equívoco tiene un mar de fondo típico en estos choques: qué está en juego realmente.
La puja está relacionada con el manejo del presupuesto cortesano. Sí, el vil metal. Fuentes de la Corte aducen que el Gobierno retacea el envío de fondos (la del jueves 28 habría sido la cuarta nota de reclamo) como forma de presión para que allí se alumbren fallos funcionales a los deseos oficiales. Por ejemplo, más pronto que tarde, los supremos deben dictaminar sobre expedientes previsionales que podrían demoler las nuevas intenciones ajustadoras del déficit. Dicen que ni CFK los apretó con la caja.
Voceros gubernamentales, en cambio, creen que es una chicana para mostrar una aparente distancia: “No tienen ningún problema. Lorenzetti tapa así su bluf de hace cuatro meses, cuando anunció una reforma judicial que ni arrancó. Y les sobra la plata”.
El Gobierno sabe que la Corte tiene fondos ahorrados por unos $ 11 mil millones a diciembre de 2017 (más de US$ 500 millones entonces), con los que podría subsistir dos años.
En Tribunales admiten ese colchón, depositado en bancos estatales. Pero niegan que esta vez se trate de otra de las travesuras de Lorenzetti. “En esta coinciden los cinco miembros. Saben que si no reclaman, caen en la volteada del ajuste que viene”, explican. De eso también hablaron Macri y Lorenzetti en su famoso y reciente almuerzo en la Rosada.
