El Presidente anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular el derecho humano de acceso a la información pública.
La Argentina está atrasada en el reconocimiento de este derecho, incumpliendo con uno de los fundamentos del sistema republicano, como es la rendición de cuentas. El acceso a la información pública no sólo es fundamental para el control de los actos de gobierno y la transparencia –la luz pública mejora los comportamientos–, sino que es un prerrequisito para el ejercicio de otros derechos. Acceder a la información del Estado permite conocer medicamentos gratis que entrega el Ministerio de Salud o disponibilidad de vacantes en las escuelas públicas, por ejemplo. La ausencia de una ley le ha quitado derechos a la ciudadanía.
El anuncio del PEN es una noticia para celebrar. Habrá que esperar el debate parlamentario y su posterior aprobación para tener certezas acerca del alcance y la calidad de la ley. Una mala norma puede impedir el ejercicio efectivo del derecho. Garantizar el acceso a la información es una instancia fundamental de una política pública superior: la información es un bien público y tiene que ser correctamente generada, preservada y difundida.
Cualquier proyecto de ley debe dejar claro que el principio es la publicidad y el secreto es la excepción. Las limitaciones al acceso a la información tienen que ser establecidas de forma taxativa y ser estrictamente necesarias en una sociedad democrática. En este sentido, las normas de acceso son revolucionarias: a partir de su sanción toda la normativa vigente debería adecuar sus parámetros de publicidad y secreto a esta nueva ley.
Quienes venimos trabajando para que se sancione una ley de acceso a la información hemos tenido que ver cómo se frustraban los debates en nuestro país mientras que los de la región avanzaban en la sanción de buenas normativas. Las organizaciones de la sociedad civil son un actor fundamental a tener en cuenta en el próximo trámite legislativo ya que han sido quienes levantaron esta bandera cuando pocos lo hacían.
A partir de ahora, los legisladores deberán sancionar la mejor ley posible, la que garantice el pleno ejercicio del derecho y que mejore la calidad de las instituciones. Esperemos que el proyecto del PEN sea el puntapié inicial.
No se trata de un tema nuevo, al contrario. Son años de un trabajo sistemático de incidencia y promoción a favor de una ley de acceso a la información. Bienvenido, ahora, el poder político a este camino.
* Directora de Acceso a la Informació Pública-UBA.
