En el momento de su mayor esplendor, con los mayores índices de aprobación desde el inicio de la gestión, el Gobierno debe atravesar la segunda crisis de la que no puede responsabilizar al kirchnerismo, al menos no directamente.
Sólo ése pareciera ser el vaso comunicante entre la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y la desaparición y hundimiento del ARA San Juan, más allá de la coincidencia de que ambos desenlaces sucedieron en las aguas. Sin embargo, pueden hallarse similitudes y diferencias en la forma de cómo la administración Macri manejó política y comunicacionalmente las dos situaciones.
Líderes del “equipo”, una autoproclama muy macrista en la política y típica del mundo empresarial, tanto el Presidente como su jefe de Gabinete, Marcos Peña, intentan todo el tiempo dar señales de delegación de tareas y responsabilidades. El primer peldaño de ello son los ministros.
Por eso Patricia Bullrich fue la encargada de ser la voz oficial en el caso Maldonado, amén de sus conocidas y tradicionales apetencias por el perfil alto. Sus mensajes de férrea defensa del accionar de Gendarmería y su insensibilidad ante el dolor de la familia del joven la pusieron en el ojo de la tormenta. El hermano de la víctima incluso reclamó su renuncia. A ese vendaval no fueron ajenos, ni mucho menos, sectores opositores dispuestos a cualquier cosa, como equiparar al Gobierno con la dictadura.
Al ver que Bullrich no calmaba los ánimos sino que los enardecía, la Casa Rosada decidió correrla de la exposición pública y pasó el manejo de la crisis Maldonado al ministro de Justicia, Germán Garavano, y al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Esa estrategia menos confrontativa dio sus frutos, aunque diminutos en relación con los resultados de la autopsia, que reflejan que Maldonado murió atravesando el río Chubut. No estaba jugando, sino huyendo de la Gendarmería, que despejaba un corte de ruta, por lo que la Justicia deberá ahora esclarecer el rol de la fuerza en ese triste final.
Una lógica similar aplicó el Gobierno al derivar en el ministro de Defensa, Oscar Aguad, la postura oficial sobre el submarino. Cortocircuitos políticos y de comunicación con la Armada, menos identificada con el ministro que Gendarmería con Bullrich, obligaron al Poder Ejecutivo a dejar en manos del arma y de su correcto vocero los mensajes públicos. Aguad pasó el papelón de los supuestos siete intentos de comunicación del ARA San Juan (negados por la propia Armada), así como fueron papelones algunos de sus dichos como ministro de Comunicación, que revelaban rusticidad conceptual. Macri y Peña no quisieron arriesgarse a una patinada en una cuestión mucho más sensible que el desarrollo digital.
De todas maneras, y a pesar de la ratificación presidencial en privado a la continuidad del ministro de Defensa, habrá que preguntarse sobre el costo de tener funcionarios que acaso no den la talla para la función, especialmente en situaciones de crisis.
Eso incluye a la Armada, claro, de donde serán eyectados varios jerarcas, pese al lobby de que el problema es la falta de presupuesto y de poder. Malvinas demostró que semejante justificación es
insuficiente. Y que cuesta vidas. Muchas.
