“No somos jueces”, declaró a la prensa Juan Román Riquelme. Una frase sencilla y sensata, pronunciada con el aplomo de quien dice una obviedad. Y es que es una obviedad, por cierto: no es juez, no son jueces, no somos jueces. Y sin embargo, la frase no pudo sino producir un efecto de disonancia con el aire de los tiempos. Porque si algo abunda en el clima de época es la marcada tendencia a posicionarse en ese preciso lugar; el de jueces. Para juzgar, para fallar, para sentenciar, para emitir veredictos, para condenar. Para entregarse al goce de poder del que golpea con el martillo en el estrado. Erigirse en jueces y de inmediato, tanto mejor, en verdugos: instrumentar a puro disfrute vengativo (aunque la venganza no equivale a la justicia, es justamente lo contrario) los castigos impartidos al condenado.
No se trata, no, de defender a violadores (acusación que se lanza como recurso tosco pero frecuente para acallar extorsivamente cualquier matiz, cualquier disenso, incluso, o sobre todo, al interior de un mismo espacio de lucha). Requerido puntualmente al respecto, Riquelme fijó postura sobre el tema de los abusos sexuales: se declaró en contra. En contra, claro. Lo que se trata de defender es el derecho de todas las personas (de todas, sí: de todas. También de los que robaron, también de los que mataron, etc., etc., etc.) a contar con un juicio justo, a no verse condenados sin alegatos ni ecuanimidad. Los protocolos de prevención son precisamente eso: protocolos de prevención, destinados a evitar eventuales reincidencias y a proteger a potenciales víctimas. No son sanciones anticipadas. Ni un castigo que las suple.
Se puede recelar de la Justicia. Por ser Justicia de clase, por ser Justicia patriarcal, por ser Justicia corrupta, por ser Justicia blanda, por ser Justicia ineficaz, según el sesgo del criterio de desconfianza de cada cual. Pero incluso un referente tan nítido del endurecimiento de la mano punitiva como fue el “ingeniero” Blumberg, con su tragedia personal a cuestas, orientó sus objeciones hacia un proyecto de reforma del sistema legal y judicial vigente, y no hacia un afán de represalias validadas en el dolor.
Riquelme nació en junio de 1978. No ha de tener, deducimos, recuerdos personales de esos años tan oscuros. Pero en los hechos parece saber muy bien lo nefasta que resultó la suspensión o la relativización de las garantías constitucionales en el país; por ejemplo: que sea la culpabilidad, y no la inocencia, lo que hay que demostrar ante la ley. Riquelme no es juez ni pretende serlo. No condena ni tampoco absuelve: no se ubica en ese sitio, no habla desde ahí. Repudia lo repudiable y luego espera los correspondientes fallos, cuyos lineamientos por supuesto seguirá. No se pliega a linchamientos, no echa leña a las hogueras, se aparta de esas escenas tan propias de la Justicia medieval. Prefiere tanto más los parámetros de la Justicia moderna, la que ofrece garantías, la que presupone inocencia (hasta que se demuestre lo contrario).
