Hay un diagnóstico compartido por la mayoría de los economistas sobre los principales desafíos que deberá enfrentar el próximo presidente electo y las fortalezas con las que cuenta la Argentina para afrontarlos. En el Debe destacan: i) inflación elevada con atraso cambiario y tarifario; ii) elevado desequilibrio fiscal con presión tributaria récord y creciente déficit cuasifiscal del BCRA; iii) restricción externa con atraso, bajo stock de reservas, cepo y aislamiento financiero; iv) sectores estratégicos descapitalizados (infraestructura y energía); v) deterioro institucional y falta de reglas de juego.
En el Haber se encuentra: i) bajo endeudamiento externo (no hay descalce de moneda); ii) potencial de recuperación con una política económica consistente (plan integral); iii) pese a la reciente caída de precios, las commodities están por encima del promedio histórico; iv) abundante liquidez externa (la FED subirá la tasa de interés desde niveles mínimos, sin prisa y gradualmente).
Pero a la hora de calcular el saldo de la herencia económica el consenso se diluye. Algunos plantean que apelando al endeudamiento se pueden revertir sin mayores sobresaltos los problemas existentes. Otros piensan que la herencia es muy pesada y que condicionará fuertemente la política económica del próximo presidente electo.
Para solucionarlo, los primeros abogan por el gradualismo basándose en un diagnóstico de mayor margen de maniobra, mientras que los segundos proponen tomar el toro por las astas y aplicar políticas de shock.
A mi entender, no queda demasiado margen para posponer los desequilibrios económicos existentes, y apenas asuma el próximo presidente electo va a tener que enfrentar decisiones trascendentales.
El dilema más difícil no es cómo levantar el cepo sino como moderar la inflación y simultáneamente corregir el atraso cambiario y, eventualmente, también el tarifario. Devaluar implica acelerar la inflación y deprimir la actividad, sin saber a ciencia cierta cuánto será la mejora de competitividad lograda. Pero si el próximo presidente no convalida una devaluación en los primeros meses de gestión no podrá revertir fácilmente el atraso cambiario (si el ajuste no se hace en 2016, los incentivos políticos a hacerlo durante 2017, con elecciones de medio término, son incluso menores).
Pese a los riesgos, al inicio de su gestión el próximo presidente electo debería unificar el mercado de cambios mejorando la competitividad externa. Y, rápidamente avanzar en un plan de convergencia de las variables nominales para no perder la ganancia lograda y comenzar a trazar un sendero descendente de inflación.
Los costos en términos de actividad pueden ser acotados si se combinan con una baja de retenciones (eliminación a las economías regionales, y reducción a los granos). Esto mejoraría rápidamente las exportaciones (hay mucha cosecha retenida), aportando un mayor ingreso de dólares al BCRA y pesos al Tesoro. Además, dinamizaría la inversión en transables.
En términos sociales, la clave será destinar los recursos extraordinarios a ajustar significativamente el monto de los planes sociales (AUH) tras la devaluación.
En cuanto a los subsidios, en 2016 deberían congelarse nominalmente en luz y gas residencial, y ajustar las tarifas de transporte y la energía al sector productivo en línea con la suba de costos.
Todo esto nos lleva al punto delicado de la cuestión: la inflación. El punto de partida para el próximo presidente es una suba cercana al 30% (a costa de mayor atraso cambiario y tarifario en el GBA). Y como sucedió en enero de 2014, sabemos que una devaluación acelera la suba de precios.
El desafío 2016 es que la inflación cierre debajo de 40% y que tras la devaluación se logre imponer una convergencia nominal de precios, salarios y tipo de cambio (unificado) con un techo del 2% mensual. Para ello será clave lograr un pacto tripartito que coordine a la baja el incremento de las variables nominales donde el impuesto a las ganancias jugará un rol importante para acercar posiciones entre empresas y sindicatos. Postergar un ajuste significativo de tarifas de servicios públicos también ayudará a moderar las presiones.
El reto para 2017 no es menor: el Gobierno deberá bajar la convergencia nominal a 1,5% mensual e implementar un ajuste más significativo de tarifas públicas.
Recién hacia fines del mandato presidencial se podría alcanzar el dígito de inflación. Para ello será clave recuperar la confianza en el indicador oficial de la inflación y convalidar año a año las pautas descendentes de las variables nominales previamente anunciadas.
Pasando a la cuestión del cepo, es importante destacar que con menor atraso cambiario es mucho más sencillo levantarlo. De todas maneras, la elevada demanda reprimida de divisas sugiere gradualismo en la liberalización, como ocurrió en experiencias pasadas.
Me preocupa la propuesta de levantar las restricciones rápidamente para recibir una “lluvia de dólares que harían incluso apreciar el tipo de cambio oficial”. Tal posición subestima el problema del tipo de cambio real como señal de alocación de recursos. El atraso asfixia al sector exportador (salvo la agroindustria) y direcciona las inversiones al sector no transable de la economía, por lo que a futuro la restricción externa sólo podría distenderse vía financiamiento externo, volviendo a la receta de la convertibilidad.
Teniendo en cuenta el decreciente nivel de reservas disponible del BCRA, el desarme de las restricciones cambiarias debe ser gradual. El giro al exterior de las utilidades de las firmas multinacionales es un buen ejemplo: se puede permitir el envío de las utilidades obtenidas en 2016, pero no el stock acumulado ya que el Central se quedaría sin dólares. Aquí sí es importante el acceso al financiamiento externo: el stock de utilidades o importaciones remanentes de pago debería ser cubierto con deuda para diferir los pagos.
En el frente fiscal, la reducción del déficit también debe ser gradual. De hecho, en 2016 habría que reducir algunos impuestos (retenciones y Ganancias) y aumentar el gasto social para mitigar el impacto de la devaluación (la liquidación de la cosecha retenida evitaría un deterioro fiscal). Sin embargo, el shock tiene que estar en el freno de la emisión: para hacer creíble el compromiso de convergencia nominal descendente, el BCRA tiene que dejar de emitir para cubrir al fisco (el Tesoro deberá apelar al financiamiento).
Por último, en el frente político el Gobierno deberá avanzar en recomponer instituciones (ej: Indec), consolidar reglas claras de juego para el sector privado, y solucionar el conflicto con los holdouts en condiciones favorable para el país. El bajo financiamiento externo es un activo, pero para evitar errores debe utilizarse con responsabilidad. No hay que prolongar el atraso cambiario ni destinarse a consumo (como en los 90), sino financiar al Tesoro y al BCRA durante la transición a una economía más ordenada, y obras de infraestructura que requieren crédito a largo plazo, inexistentes en una economía con alta inflación.
*Economista Jefe de Ecolatina.
