Si no lo hicieron, lean, por favor, el artículo de Alieto Guadagni en el diario La Nación del martes 9 de febrero, sobre la situación de las universidades nacionales en nuestro país. La eficacia institucional, medida en términos de la proporción ingresantes/graduados, es tres veces mayor en las universidades públicas de Chile y Brasil (me limito a nuestros vecinos más inmediatos) que en las nuestras: nosotros conseguimos que se gradúen apenas 22 de cada cien alumnos y, en cualquiera de esos dos países llegan a más de sesenta. “Nuestro nivel de graduación, dice Guadagni, es uno de los más bajos del mundo”. Y cuanto menos graduados hay cada cien estudiantes, tanto más le cuesta al Estado cada graduado.
En verdad, estos datos no tienen nada que deba sorprender: nuestros vecinos nos superan ampliamente en gestión de la economía y en calidad institucional; ¿por qué razón las cosas serían diferentes en relación con la educación pública?
Guadagni plantea varios otros problemas de primera importancia y explica cómo se los encara en Brasil y en Chile (la importancia de los esfuerzos para mejorar la educación primaria y secundaria; el sistema de becas para estudiantes de bajos recursos; las modalidades de evaluación de los candidatos al ingreso a la universidad; el hacer públicos los datos de performance comparativa de las diferentes universidades, mecanismo que incita a mejorar el nivel de calidad de la enseñanza –y que nuestra reciente Ley de Educación prohíbe–, pero me limitaré a la cuestión crucial del ingreso.
A lo largo de toda su historia, el ingreso a las universidades en Occidente ha sido un privilegio de los sectores más favorecidos de la sociedad y todas las variables de la dinámica social convergen para producir ese resultado. En este contexto, el famoso principio del “ingreso irrestricto” a una universidad supuestamente “abierta a todos” es una broma de mal gusto, una hipocresía que no modifica absolutamente nada de esa situación macroeconómica y macrosocial, y sólo sirve de muletilla para perpetuar, en el ámbito encapsulado de la universidad nacional, el mercado ideológico de una cierta seudo izquierda.
De lo que se trata es de disociar lo más posible las condiciones que son necesarias para obtener un buen resultado en el examen de ingreso del perfil socioeconómico de los que se presentan a rendirlo. El hábito de la lectura; el nivel de calidad de las escuelas a las que se ha concurrido; el ambiente familiar, más o menos propicio al estudio y las rutinas de relación con los demás son algunas de las muchas variables que están asociadas al nivel socioeconómico. Pero, que yo sepa, la inteligencia no y, en muchos casos, las condiciones desfavorables de vida puede estimular su ejercicio. Por lo tanto, lo que hay que hacer es discutir a fondo las modalidades de selección. Negarse a todo mecanismo de selección es simplemente una manera irresponsable de ignorar el problema.
Pero hay otra cuestión, tal vez aún más general y complicada. Porque no es que esa universidad histórica, destinada a los sectores altos y medios de la sociedad, esté funcionando correctamente. Por el contrario: está en crisis. Este sentimiento de crisis, bajo distintas formas y en distintos contextos, está lejos de ser simplemente local, a pesar de los mejores resultados de nuestros vecinos. Creo que una de las principales razones es que la presión del mercado sobre las instituciones universitarias es cada vez mayor. En América latina, el triángulo de las tensiones entre el mercado de trabajo y las universidades públicas y privadas es a este respecto, cada vez más perverso y los respectivos roles de unas y otras cada vez más inciertos. En la Unión Europea, el afán de uniformización está destruyendo lo que hacía la riqueza de esa región del mundo: la diversidad local y nacional de las instituciones universitarias.
El razonamiento en términos de resultados es, pues, necesario pero insuficiente. La lógica instrumental del mercado busca, de manera cada vez más obstinada, transformar las universidades en dispositivos de producción de sujetos perfectamente calibrados para el mundo crecientemente complejo, de la actividad profesional. En ese proceso, la universidad corre el riesgo de perder uno de sus rasgos históricos fundamentales, que acompañó (contradictoriamente, así son las cosas) su carácter de institución para los “privilegiados”: ser esa única institución de la sociedad capitalista capaz de generar un espacio de producción de conocimientos, es decir, un espacio que tiene como condición irreductible la libertad intelectual. Hoy, en Argentina, respecto de la cuestión central de cómo garantizar esa condición, la distinción entre universidades públicas y universidades privadas no tiene ningún interés. Y pensar que el carácter “público” de una universidad puede ayudarla a preservar ese espacio de libertad, es una ingenuidad.
*Profesor plenario. Universidad de San Andrés.
