En nuestro país, ante cada episodio de inseguridad que adquiere notoriedad en los medios de comunicación, resurgen discursos sobre la necesidad de contar con leyes más estrictas, capaces de sancionar con condenas ejemplificadoras. Si además en estos hechos están involucrados adolescentes y jóvenes, se espera que la respuesta sea más rápida. Lo que urge en esa construcción es la necesidad de cortar el problema de raíz. En este contexto, desde hace algunas semanas vemos el resurgir de los siempre mediáticos debates en torno a la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad penal, establecida en la actualidad en los 16 años de edad.
Es una realidad. Hay adolescentes y jóvenes que cometen delitos. También, lo es que Argentina no cuenta con un sistema de responsabilidad penal juvenil que dé respuesta a esta situación y les garantice, como a todos los ciudadanos, la posibilidad de defensa y posterior condena. En el mejor de los casos, cuando son llevados a juicio deben atravesar un proceso que se rige con leyes propias del mundo adulto, que no da las respuestas específicas que les permitan reeducar su comportamiento, alcanzar sus potencialidades y convivir en sociedad. En este panorama, ni se resuelve el problema de la inseguridad, ni se garantiza un ejercicio básico de derechos que le permita a la sociedad superar las diferencias y convivir en armonía.
Es necesario e inminente plantear la responsabilidad penal juvenil, y se requiere un debate comprometido a partir del cual se tomen en cuenta las causas contextuales de la comisión de crímenes por adolescentes y jóvenes, y no sólo sus consecuencias.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece, entre sus principios fundamentales, el Interés Superior del Niño. La protección de ese principio en el marco de la justicia penal juvenil implica que los tradicionales objetivos de represión y castigo deben ser sustituidos por los de rehabilitación y justicia restaurativa, es decir por un objetivo de reparación de las heridas que dejan los hechos delictivos tanto en las víctimas como en los autores y en la sociedad.
Plantear la baja de la edad de imputabilidad penal no solo no resuelve la situación sino que además la agrava. Un niño/a que comete un delito lo hace por diversos motivos y por múltiples abandonos por parte de la familia, y un Estado que no es capaz de garantizarle el ejercicio de derechos que le permitan un pleno desarrollo de sus potencialidades.
Discutir la baja de edad de imputabilidad penal juvenil es morderle la cola al problema. No lo resuelve, no lo disminuye y solo apunta a moderar un supuesto pedido social anclado en un discurso en el cual la categoría juventud se construye vinculada a lo negativo y peligroso. Además, es un claro retroceso en materia legislativa y es la legitimación de que se llega tarde a la problemática.
Es necesario cortar el problema de raíz y sólo es posible hacerlo a partir de garantizar derechos, un rol clave e indelegable del Estado.
(*) Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina
