Superada la indignación provocada por los lamentables hechos ocurridos durante la semana en el Congreso de la Nación al debatirse la cuestión previsional, se impone la necesidad de volver a los principios básicos sobre los cuales se construyó la organización nacional en 1853.
En aquellos fundacionales tiempos los constituyentes establecieron una democracia representativa, crearon un sistema republicano de gobierno, consagraron derechos y libertades para los habitantes, y dispusieron que ninguno de esos derechos es absoluto, sino que todos son susceptibles de ser limitados por la autoridad en beneficio del bien común.
Todo eso lo hicieron a la hora de organizar políticamente al país al amparo de una Constitución Nacional, con el objetivo de instituir el orden, así como también de brindar tranquilidad y previsibilidad para los habitantes. Por entonces, los constituyentes dijeron que lo hacían, entre otras cosas, para afianzar la justicia, proveer a la defensa común y promover el bienestar general. La ecuación del constituyente fue simple: organización, orden, autoridad y libertad. Toda la libertad posible y todo el orden necesario para vivir mejor. Las libertades las ejercen los habitantes, el orden lo impone la autoridad. Demasiado fácil como para no entenderlo.
Traslademos estos conceptos a los luctuosos hechos ocurridos durante la semana en nuestro país.
Apenas dos meses atrás, el pueblo decidió, mediante el sufragio, conformar al Congreso con las mayorías actuales: a eso se lo denomina “democracia”. A su vez, merced a los sistemas electorales minoritarios vigentes, los legisladores que integran ambas Cámaras representan al pueblo en proporción a las diversas posiciones políticas que existen en la sociedad misma: a eso se lo denomina “democracia representativa”. Asimismo, el Presidente tuvo la iniciativa de enviar un proyecto de ley al Congreso, y este, en ejercicio de sus potestades, decidió darle tratamiento: a eso se lo denomina “sistema republicano”. Luego, los legisladores, representantes del pueblo, debatieron el proyecto de ley de reforma previsional en su nombre, porque según la Constitución Nacional “el pueblo no delibera ni gobierna si no a través de sus representantes”.
Por su parte, los habitantes que no están de acuerdo con los proyectos de ley que propone el Presidente y debate el Congreso tienen el derecho de “peticionar a las autoridades” y de manifestarse libremente, pero al mismo tiempo las autoridades deben velar por el libre funcionamiento de las instituciones republicanas y por mantener el orden en la sociedad. Dicho de otro modo: tienen el deber de contener a los vándalos que pretenden subvertir el orden, excediendo el razonable ejercicio de sus derechos, en este caso, el de protestar, porque el Código Civil establece claramente que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos”.
Lo ocurrido durante el debate de la ley previsional en el Congreso pone de relieve que muchos no han entendido estos conceptos básicos de cultura cívica. Pues no parece extraño que no lo hayan comprendido los anarquistas que por principio ideológico o ignorancia supina, se oponen al orden y a la paz social como pilares básicos del andamiaje institucional. Lo que es inexplicable es que tampoco lo hayan entendido algunos legisladores que desde el interior del Congreso, cuyas bancas ocupan precisamente para debatir y defender sus posturas civilizadamente, pretendieron impedir su funcionamiento.
Esta falta de cultura cívica es alarmante, pero también lo es que en la Argentina aún subsistan grupos vandálicos y anarquistas, que al no conseguir favor popular en el campo de la democracia, apelan a la agresión para lograr sus objetivos. Se los vio cobardemente encapuchados, pertrechados detrás de garrotes y piedras, perjudicando a quienes pretendieron expresarse en forma pacífica, e inexplicablemente justificados por algunos sectores políticos que perdieron las elecciones de 2015 y 2017, y que bajo el síndrome de la abstinencia del poder, decidieron justificar metodologías propias de la década de los años 70.
A las fuerzas policiales seguramente ha de faltarles el entrenamiento necesario para contener a los violentos, pero si esa falencia se puso en evidencia, es porque antes hubo delincuentes que pretendieron subvertir los principios básicos de cualquier organización política, es decir, del Estado mismo.
*Prof. Dcho. Constitucional UBA, UAI y UB.
