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COLUMNISTAS / igualdad en el lenguaje
domingo 6 octubre, 2019

Democratizar la palabra judicial

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por Federico Delgado

TRIBUNALES. Bonadio y Canicoba investigan al mandatario y su entorno. Foto: CEDOC.
domingo 6 octubre, 2019

Entre las deudas de la Justicia con respecto a la sociedad se halla la cuestión de la palabra. El lenguaje judicial es cosa seria. Por ejemplo, se abusa del uso del gerundio, de palabras que combinan el español con el latín y hay modos de nominar a las cosas de una forma diferente al mundo real. Por ejemplo, llamar “autos” a una carpeta o, en vez de preguntarle a una persona su nombre, inquirir de manera cortante y seca ¿su gracia? Esa modalidad de expresión, además, no se renueva con las nuevas generaciones. Las personas jóvenes que ingresan al sistema de administración de justicia rápidamente hacen a un lado su forma de hablar habitual e internalizan el idiolecto judicial que, día tras día, aumenta la distancia entre los tribunales y los ciudadanos que son los destinatarios de los productos que elabora el sistema judicial.

Los efectos de los mensajes judiciales son muy importantes para comprender la relación entre la Justicia y los ciudadanos, básicamente porque de allí surge lo que está prohibido y lo permitido en una sociedad. Pero toda relación dialógica supone dos. Cuando uno de los hablantes no comprende lo que dice el otro, la relación queda trunca por la asimetría que coloca a uno de ellos por encima del otro. Allí yace una fenomenal relación de poder, en virtud de la cual quien no comprende lo que le dicen no tiene chance de discutir y de exponer sus razones. La jerarquía entre dos hablantes, entonces, aloja una forma de autoritarismo y genera una zona de confort relativa, ya que cuando la Justicia habla sabe que su enunciado puede ser refutado por un abogado, pero no por los ciudadanos.  

Ello pasa más de lo deseado en tribunales. Muchas veces, después de explicarle a una persona una decisión, el destinatario del mensaje responde ¿y entonces?, porque no entendió el mensaje encriptado.

La gran mayoría de los actos judiciales, además, se expresan por escrito. De modo que el tecnicismo jurídico vuelve más difícil la situación. La comprensión de las palabras es un elemento decisivo en un juicio. En el denominado juicio al procces en Cataluña, por ejemplo, los acusados por la manifestación del 1° de octubre de 2017 discutieron con los jueces el idioma en que se iba a desarrollar el debate, porque en catalán o en español los núcleos de la acusación podían tener significados diferentes.

Sin embargo, más allá de muchas iniciativas individuales que circulan por los tribunales, carecemos de una política pública enderezada a democratizar el lenguaje judicial; es decir, que apunte a abrir las puertas de los tribunales a la riqueza de múltiples significaciones que circulan por la sociedad y a democratizar de una manera plena los procesos judiciales. Es tiempo de pasar de hablar de los ciudadanos, para hablar con los ciudadanos. No es un juego de palabras, porque ese desplazamiento significa salir de un lenguaje limitado a los expertos en la técnica jurídica, hacia un horizonte mucho más democrático que tiene que ver con bajar el significado de los derechos al hombre de a pie. Ese movimiento, además, va a humanizar las causas para que los conflictos crucen la frontera del culto al expediente. De hecho, en el Reino de España, existe el Libro de estilo de la Justicia que busca precisamente facilitar que los destinatarios de la gramática legal comprendan sin dificultades sus derechos y sus obligaciones. Uno de los tantos puentes que hay que reconstruir entre el Estado y la sociedad es la igualdad en el lenguaje; sobre todo, el de las instituciones que tienen que decir qué significan los derechos.

 

*Fiscal de la Nación.


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