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ELOBSERVADOR / Opinión/como debería tratarse a la justicia en el debate público
domingo 9 junio, 2019

Construir la autonomía

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por Federico Delgado

Deudas. La burocracia del sistema judicial genera efectos que tampoco ayudan a la democracia. Foto: cedoc
domingo 9 junio, 2019

La apuesta democrática requiere una Justicia autónoma; es decir, un cuerpo de funcionarios capacitados para resolver de acuerdo con la ley vigente los conflictos sociales que el Estado expropia, tras la renuncia colectiva a hacer Justicia por mano propia. Vivir organizados en base a derechos exige muchas condiciones de posibilidad, pero hay una inicial: las decisiones del sistema judicial deben ser aceptadas por los ciudadanos. Es decir, percibidas con un alto grado de credibilidad. Sin embargo, la palabra judicial está sospechada. Ello está fuera de discusión y debe ser el punto de partida para una deliberación plural acerca del tipo de Justicia que queremos.

La cuestión de la Justicia es más que un diseño institucional, porque encarna el dispositivo que va a resolver el significado de los derechos y los límites de lo prohibido y lo permitido.  Por esa razón es ineludible un debate plural que incluya a organismos públicos y a la sociedad civil, ya que el devenir de la Justicia se inscribe, desde hace mucho tiempo, en un proceso de crisis cuyo indicador más nítido es la reducción de los conflictos humanos a objetos, a la par que los agrava mediante la acumulación de papeles escritos en expedientes con un lenguaje expulsivo. Así, la Justicia realmente existente es –en general– fuente de ineficacia, violencia e impunidad con una peculiaridad: muchos empleados y funcionarios tienen formación y vocación para liderar una transformación. Lo que hace falta es crear las condiciones para que ello ocurra. Esas condiciones solo pueden surgir de un amplio consenso societal, derivado de un debate profundo y sincero.

Aquella discusión debe tener, desde mi perspectiva, dos grandes ejes y al interior de cada uno de ellos muchas dimensiones. El primer eje se relaciona con la construcción de autonomía, que se juega en muchos planos. En ese sentido, es preciso revisar los sistemas de designación y remoción de empleados y magistrados; es decir, dar un salto de calidad en términos meritocráticos para que quienes mejor se prepararon sean reconocidos. Además, hay que crear mecanismos para evitar las interacciones no previstas ni queridas por la Constitución que tienen algunos funcionarios con partidos políticos, empresarios, servicios de inteligencia y otras organizaciones que integran de facto el aparato de Justicia. Hay que crear una verdadera escuela judicial que sea fuente de prestigio y establecer un sistema real de premios para los leales a la ley y castigos para los que no lo son.

El segundo eje, tiene que ver con que los hechos imponen la necesidad de oxigenar con espíritu democrático el espacio judicial. En efecto, la Justicia es demasiado reacia por las características de su propia sedimentación institucional a la potencia política de la democracia. El desarrollo de los casos debe ser más plural, su hechura debe humanizarse para que el conflicto no permanezca subordinado a la formalidad del expediente, la soberanía de jueces y fiscales no tiene que ser absoluta y la obligación de justificar todas sus decisiones un imperativo. Además, la relación con los medios de comunicación masiva tiene que profesionalizarse para terminar con las especulaciones y manipulaciones derivadas del off the record. También, la enseñanza de la abogacía debe discutirse en las universidades y su ejercicio pide a gritos un nuevo paradigma cultural en el que prime la promesa de lealtad a la Constitución, sobre otro de tipo de intereses.

La necesidad de un debate de estas características debe saldar una deuda de nuestra vida pública, porque la democracia es más que un régimen político y las instituciones en las que se objetiva el Estado son también algo más que un aparato externo. La apuesta democrática es un modo de vida en común, mediado por instituciones que se inscriben en su propia legalidad y cuya gramática es el derecho, en tanto expresión de una deliberación pública dotada con fuerza de ley por el Parlamento. De esa composición de potencias, deben surgir nuevas instituciones capaces de generar chances para conectar los derechos que formalmente asigna la Constitución con la realidad material.

* Fiscal. Autor de Injusticia (Ariel 2018).


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