En tiempos de la pandemia la desigualdad surgió como algo a enfrentar. Como ya dijimos en esta columna, desigualdad no es sinónimo de pobreza. Si bien en la desigualdad hay pobreza, pero no siempre en la pobreza hay desigualdad. Esto no es menor a la hora de responder. Mientras que la pobreza se palía con subsidios y beneficios económicos no contributivos como son desde hace años los que se instrumentan en el país y los países de la región y que esperamos no se interrumpan porque tendrían un efecto catastrófico para miles de personas, especialmente las mujeres y la niñez. La desigualdad se corrige o supera con cambios estructurales que intervienen en distintas esferas de la sociedad y que no se aplican directamente a las personas. Cambios que se refieren al sistema productivo, así como al sistema tributario para corregir las diferencias en la distribución de los bienes.
En lo relativo al sistema productivo la eliminación del extractivismo a través de programas públicos privados sin controles y regulaciones del Estado, que impidan el deterioro del ambiente y resguarden a las poblaciones en sus territorios, encontrando los términos que permitan su desarrollo sin estas consecuencias graves. El ejemplo más reciente fue la deforestación de la Amazonia en Brasil que generó el desastre ambiental de conservación de una zona clave no solo para Brasil sino para el resto del continente y el mundo, con la persecución y expulsión violenta de los pobladores originarios. En relación a los sistemas tributarios es clave eliminar las distorsiones que aplican mayor peso a quienes tienen menos ingresos y liberan a los sectores más ricos. Esto no solo debe revisarse en cada país sino también entre países.
Otro cambio estructural es el del mercado laboral para la inclusión igualitaria de todas las personas eliminando el sector informal, en el que predominan las mujeres, que creció más en los últimos decenios. La pandemia mostró que las mujeres salimos en mayor medida del mercado de trabajo y, además la gran cantidad –insertas en el sector informal no solo el servicio doméstico– que se vieron expulsadas y las sumergió a ellas y sus familias en la pobreza.
Pero la desigualdad ya existía antes de la pandemia, porque esas mujeres no tenían ninguna protección social, que se disimuló mientras tenían ingresos, pero que ni bien los perdieron por el aislamiento se evidenció crudamente.
Esto se vincula a la adopción de políticas de cuidado por parte del Estado que genere puestos de trabajo formal para quienes actúan de cuidadores, que en general son mujeres. Nos referimos a cuidado de niños, de ancianos, enfermos crónicos o mentales y discapacitados. Modalidades que, aunque incipientes existieron hasta la década del 90 cuando las políticas de ajuste estructural implementadas las eliminaron y dejaron esta atención a cargo de las familias con el consiguiente peso en las mujeres. Estas políticas serán un alivio para muchas familias y permitirán mejorar la inserción de mujeres y hombres en el mercado laboral. Pero no se limita a esto ya que permitirá continuar la educación, desarrollar otras actividades como deportivas o culturales que hoy no son posible por tener que cubrir esos cuidados.
Estas son solo algunas de las desigualdades que existen y que movilizan los reclamos que hemos visto ocurren en los países de la región. Esas movilizaciones incluyen a importantes grupos de mujeres que las lideran y que no se veían, pero que existían y que conscientes o no se guían por principios feministas, mujeres que son rechazadas o no logran insertarse en los partidos políticos porque privilegian la lucha contra la desigualdad y chocan contra acuerdos políticos. Eso ocurrió en Chile y son esas mujeres con claros principios frente a la desigualdad las que como independientes tienen ahora la responsabilidad de construir una Constitución que enfrente las desigualdades y permita encaminar cambios imprescindibles.
