La reacción de las autoridades económicas y del Banco Central, aunque tardía, estuvo en línea con lo que indica la práctica económica que hay que hacer en el marco de un gobierno que decidió comportarse reactiva y pragmáticamente y que no está dispuesto a moverse fuera de los límites de un gradualismo autoimpuesto.
El aumento de las tasas de interés de política monetaria hasta el 40% anual; el anuncio de una meta déficit fiscal más ambiciosa para este año; y el apoyo contundente de parte de los ministros de Hacienda y Finanzas al accionar del Banco Central, ayudaron a descomprimir las presiones del mercado cambiario y de bonos soberanos.
Es de esperar que esta nueva etapa de política monetaria permita contener y eventualmente reducir progresivamente la inflación. Pero, para que ello suceda, la restricción monetaria que debería reflejarse también en una de-saceleración importante del ritmo de expansión de los agregados monetarios, no debería ser solo transitoria. Y no solo eso, los agentes económicos deberían creer y asumir que no lo será. El riesgo en ese sentido es que surjan expectativas de transitoriedad, las cuales se justificarían luego de que el Gobierno diera muestras muy explícitas cuando se terminaba 2017 de su preferencia por un poco más de inflación si eso asegura algo más de actividad.
Incluso si el Central tuviera éxito en desinflar durante el invierno y la primavera, y la inflación cayera por debajo del 2% mensual (a un entorno del 1,5% mensual), las variaciones interanuales del IPC seguirán a una velocidad crucero del 25% anual. Esa tasa de inflación generará expectativas de pérdida del poder adquisitivo del salario y de los ingresos. Si bien las revisiones no automáticas de los aumentos salariales ya negociados van a permitir una recomposición, es probable que se demore hasta el último trimestre del año. El anuncio de que las metas fiscales serán alcanzadas reduciendo el gasto en infraestructura podría tener consecuencias sobre la actividad económica y el empleo.
En la medida que la actividad económica se resienta, con una inflación que no se reduce, se producirán nuevas tensiones, lo que configura un año de alta incertidumbre política (y no solo económica). Lo que dista mucho del año que proyectaba tener el oficialismo que había propuesto a la ciudadanía otra agenda (aborto, igualdad de género) y no una agenda donde el foco estuviera en cuestiones más sensibles al bolsillo.
La larga transición hacia una economía más normal con una inflación que lejos de ceder se aceleró desde diciembre pasado para acá, genera cansancio en la opinión pública, lo cual favorece los cantos de sirena de una oposición demagógica afectando, por primera vez durante la gestión del presidente Macri, la preciada gobernabilidad.
La complacencia en la que cayeron las autoridades políticas y económicas, de creer que ya estaba, que lo hecho era suficiente para llegar a las elecciones de 2019 con el triunfo asegurado, les hizo olvidar una cuestión clave: la precariedad de la estabilización macro económica y lo riesgoso que es el gradualismo, que seguirá expuesto a coyunturas críticas.
Es de esperar que, aunque el daño esté hecho, la lección haya sido aprendida. Y que la lucha contra la inflación se traduzca en una prioridad para todo el Gobierno. Sin medias tintas y con hechos que lo demuestren.
*Titular de Perspectivas Economicas.
