COLUMNISTAS
OPINION

El drama de la impunidad

Frente a Cristina: protestas el viernes en su casa.
Frente a Cristina: protestas el viernes en su casa. | Twitter

Que las causas Dólar futuro y Memorándum con Irán hayan podido ser resueltas sin necesidad de un juicio oral puede ser comprensible porque se tratan de cuestiones de “puro derecho”: es delito o no. Si algo no es delito, sumar pruebas que confirmen el hecho no modifica la inexistencia de delito.

Pero en la causa de Hotesur y Los Sauces, los célebres hoteles de Santa Cruz de los Kirchner, los jueces del Tribunal Oral 5 que el viernes sobreseyeron a la vicepresidenta y sus hijos  utilizaron controversialmente la misma apelación al “puro derecho” para decidir que tampoco aquí hubo delito. Simplificadamente, si el dinero con el que Cristóbal López y Lázaro Báez pagaron a los hoteles de la familia Kirchner era legal (en blanco), tienen derecho a hacer lo que quieran con él, desde prestarle 6 millones de dólares (Báez) a Néstor Kirchner para comprar los hoteles hasta permitirles devolver el préstamo contratando una inusitada cantidad de habitaciones y salones que nunca se usarán. 

Esta perspectiva no avanza sobre la motivación que Báez y López tendrían para hacerlo y la cuestión de fondo: retornos por otros favores, pero dos de los tres camaristas del Tribunal Federal 5 argumentaron que la corrupción con obra pública ya se juzga en otras causas y que en esta solo se dirime puntualmente si hubo lavado de dinero con los hoteles.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Pero más allá de que el fiscal del Tribunal Federal Oral apelará a la Cámara de Casación y se pueda revocar la decisión del Tribunal Oral sumado a que además habrá juicios orales en las causas específicas de corrupción, el solo hecho de haber sentado ahora a un vicepresidente en ejercicio en el banquillo de los acusados en un juicio oral –y esencialmente, por su carácter público, espectacular– obviamente habría tenido consecuencias políticas de enorme magnitud generando inestabilidad  incluso económica, que hasta un gobierno de Macri, si hubiese sido reelecto, habría preferido posponer. 

Cuando era presidente Macri no quiso que Cristina Kirchner fuera presa, cumpliendo las recomendaciones de Jaime Duran Barba por mayores costos políticos y económicos que beneficios para el país y para el propio Cambiemos. Es más, tampoco deseó la causa Cuadernos por el efecto negativo que generaba en la inversión. Mani pulite en Italia y el Lava Jato en Brasil produjeron caídas del producto bruto interno en sus países equivalentes a la pandemia. Pero lo que puede ser visto como un costo para la sociedad también puede ser considerado una inversión para tener una sociedad mejor en el futuro, discusión que no tiene una sola respuesta porque depende el grado de solidez desde donde se parta.

Más allá de la relación entre el costo y el beneficio material de corto versus largo plazo está la cuestión ética y el célebre dilema planteado por Max Weber entre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. Lo que no indica que las convicciones no tengan responsabilidad ni la responsabilidad carezca de convicciones. 

En palabras de Weber: “Nadie puede prescribir si se debe operar conforme a la ética de la responsabilidad o a la ética de la convicciones, o cuándo hay que hacerlo conforme a una y cuándo, conforme a la otra. Ambas éticas son complementarias que han de concurrir para crear al ser humano que puede tener vocación política”.

Apelar a Max Weber es más que oportuno en la convulsionada Argentina de hoy, y vale también para las causas que asechan a Macri. El célebre texto de “La política como vocación” (hay traducciones que lo hacen “como profesión”), surge de una conferencia que Max Weber pronunció en la convulsionada Alemania tras su derrota en la Primera Guerra en 1919 y ante una asociación de estudiantes en un clima donde se debatía elegir el camino revolucionario o el reformista.

En otro texto, “El sentido de la neutralidad axiológica de las ciencias sociales y económicas”, Max Weber abordó también el dilema, condenando la realpolitik maquiaveliana al aceptar que la política es el arte de lo posible pero que esas limitaciones no deben ser el único determinante: “Por nada del mundo quisiera que la nación se apartase del reconocimiento de que los actos no solo tienen ‘valor por su éxito’ (o resultados), sino que también son valiosos por la convicción que encarnan”.

Este conflicto que derrama de la política a la Justicia encuentra en el paso del tiempo la medicina sanadora: la biología o el cambio de humor social terminan por hacer abstracto el conflicto. En Argentina Menem murió sin tener que llegar a cumplir su condena gracias a la dilación de los procesos judiciales y la falta de confirmación de la sentencia por la Corte Suprema de Justicia. Y en Brasil la misma Corte Suprema, su Supremo Tribunal, revocó el propio juicio que había avalado años antes, cuando lo políticamente correcto se había desplazado hacia la utilidad social de alguna forma de reivindicación a Lula.

Que el juicio oral de la causa Hotesur y Los Sauces no esté comenzando le ahorra por ahora a Cristina Kirchner el escarnio público del que siempre hubiera salido condenada, independientemente del fallo al que llegara el tribunal. Más tarde o más temprano tendrá que enfrentarlo, pero no será lo mismo una eventual condena en alguno de sus juicios cuando ya tenga más de 70, pudiendo ser cumplida en su casa y no fuera ya vicepresidenta.

Alfredo Yabrán expresó impúdicamente que el poder era impunidad. Las reflexiones de Carl Smith sobre el soberano y el estado de excepción derivaron en vulgatas algo más elaboradas pero en el mismo sentido. Y sería ingenuo no reconocer que el poder genera formas de impunidad, mínimamente al potenciar mecanismos de defensa como los que se vieron en esta absolución en el caso de Hotesur y Los Sauces, de la misma forma que el poder de los adversarios los reduce, como lo demuestra la sola existencia de causas como las del Dólar futuro y Memorándum con Irán. 

Así como no fueron posibles en Argentina “soluciones rápidas” al estilo de Uruguay con los militares y su Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, también el capítulo de delitos de corrupción en el Estado tendrá sus idas y vueltas para que los políticos y la sociedad puedan hacer su digesto por etapas.