Con atención. Y preocupación. Así es como sigue el Gobierno el descontrol detectado en Comodoro Py. Por primera vez en muchos años, nadie tiene interlocutores fiables con llegada eficiente a jueces y fiscales federales, quienes –salvo contadísimas excepciones– hacen lo que les place. O lo que les conviene.
Tal es la “liberación” judicial, que ni en los pasillos tribunalicios de Retiro o en los de la Casa Rosada se animan a prever el futuro penal de Cristina Fernández de Kirchner, nada menos.
Sin embargo, sí ronda al respecto un pensamiento consolidado en la cabeza de Mauricio Macri: “Que ella caiga presa tiene tantos aspectos positivos como negativos”, aseguraron a PERFIL fuentes oficiales muy confiables. Pero “el Gobierno no hará nada en ningún sentido”, aclararon esas mismas fuentes.
Aún si quisiera, para el oficialismo no resultaría sencillo hacer algo. De hecho, se ha sumado a la lista de los que acumulan sinsabores en Py. Se mantiene el gusto amargo que dejó la renuncia de Norberto Oyarbide, que pese a que lo quería destituir a través del juicio político, Macri terminó aceptando la sugerencia de su ministro Germán Garavano.
El ministro de Justicia, además, se comprometió a conseguir más “salidas” de jueces, fiscales y hasta camaristas de ese fuero, que gozan de gran desprestigio. Y todavía tiene que calmar al Presidente cada vez que le recuerda que el fiscal federal Federico Delgado, que lo imputó por los Panamá Papers, dijo por radio que a Macri “se le escapó la tortuga”.
Por si fuera poco, la mayoría de los habitantes de Py ya no atienden visitas ni llamados de influyentes, falsos o reales.
Esto con el kirchnerismo no pasaba.
