Lo llaman “cara cortada”. Es menor de edad. Está imputado de cinco homicidios. Está alojado en un centro de detención juvenil en la provincia de Mendoza. La Argentina no deja de sorprendernos. “Cara cortada” formaba parte de una banda de narcotraficantes en esa provincia argentina. El ministro de salud de Mendoza, Matías Roby, ha justificado un pedido que hizo “cara cortada”, pidiendo y logrando la autorización para que una cirugía plástica borre de su rostro esas marcas. Dijo el ministro: “cara cortada está estigmatizado por las marcas”. En consecuencia, con el financiamiento de los recursos públicos, “cara cortada” entró a quirófano para hacerse una cirugía plástica.
Este costado asombroso, disparatado, enloquecedor e incomprensible de la Argentina, no es un hecho aislado. Uno de los legados de los que nos deberemos hacer cargo a partir de diciembre de 2015, es que el entero edificio de la argumentación judicial ha quedado trastornado, invirtiéndose completamente el orden de los valores. Cuando digo “valores” y menciono el orden de estos valores, no estoy aludiendo a una teología inmodificable. No estoy predicando un dogma. Porque hay valores, en la Argentina como en cualquier otra sociedad civilizada, que prevalecen y se perpetúan sin que a nadie se le ocurra proclamar su supuesta antigüedad.
Hablo de sociedades civilizadas, no hablo de la Nigeria, donde 200 niñas cristianas fueron secuestradas para ser islamizadas. Estoy hablando de países que dicen pertenecer a la cultura del derecho, países que predican el respeto de la norma, sociedades que se enorgullecen de vivir en el marco de reflexiones y deberes muy precisos. Pero el caso de “cara cortada” es sumamente ilustrativo respecto de la distorsión y del completo disparate en el que se ha convertido, en la Argentina, el debate penal.
En un ensayo notable que publica este miércoles 11 de junio Diana Cohen Agrest en La Nación, “El olvido de reparar a la víctima”, se aboca al tema de la “reinserción” de los delincuentes. No creo necesario recordarles que Diana Cohen Agrest perdió un hijo, un joven muchacho que en la flor de la vida fue asesinado fríamente. Su palabra, tiene, en consecuencia, un espesor ética y existencial que no habitual. Ella sostiene que hay ausencia de voluntad política para proteger el derecho a la vida.
Alguien puede preguntarse qué tiene que ver esto con “cara cortada” y sus marcas, que según él lo “estigmatizan”. La sola idea de hablar de “estigmatización” desde una vida que, ya antes de ser mayor de edad ha liquidado a otras cinco existencias, es algo más grave que una mera burla. Es una profunda decisión de mofarse de la noción misma de la vida.
“Cara cortada” no está estigmatizado. “Cara cortada” está detenido y fue su actividad delictiva lo que determinó sus cicatrices faciales. Que el Estado, en este caso provincial, se detenga a considerar ese “derecho”, cuando en la Argentina la violencia criminal no cesa y los políticos la siguen llamando “inseguridad”, ese eufemismo horrible, es realmente impresionante, porque, como el termómetro, mide la fiebre de la sociedad.
¿Por qué estoy afirmando que acá hay una inversión de los hechos de la vida? Porque pareciera ser que la actual conducción política de la Argentina está absorbida, entusiasmada y fascinada por la idea de reivindicar los derechos humanos y las garantías de quienes cometieron delitos.
No estoy sosteniendo que los delincuentes carecen de derechos. Antes bien, estoy perfectamente consciente de que nuestro ordenamiento legal, desde la Constitución en adelante, preserva y respeta, incluyendo la adhesión a los tratados internacionales de San José de Costa Rica, los derechos humanos de todos: los libres y los detenidos.
Pero la inversión de la prueba, la alteración de lo que debería ser la realidad, pasa por este hecho brutal: al privilegiar una cirugía plástica en un individuo imputado de cinco homicidios, se está profiriendo una burla realmente muy gruesa contra la sociedad y contra los millares de argentinos que han perdido seres queridos y familiares baleados, acuchillados o despedazados por los delincuentes. En consecuencia, toda la política y toda la filosofía oficial que responde al pie de la letra al dogma “zaffaroniano”, o sea al punto de vista del juez Raúl Zaffaroni, considera que en lugar de reparar a la víctima, lo que importa es involucrarse en la excarcelación de los condenados. Dice Diana Cohen Agrest: “Las políticas públicas no deberían valerse de la salud emocional de los homicidas para modificar las condiciones de la pena o hasta para validar su excarcelación”. Hay incluso juristas, muy serios, sólidos y respetables, de clara alcurnia democrática, que sostienen que la pena perpetua es inaplicable y no debería existir. No tengo los elementos de juicio para ingresar en esa polémica, pero preferiría que esos juristas democráticos y republicanos hicieran foco en el sufrimiento, la desgracia y la pérdida de quienes han sido víctimas o familiares de víctimas de delincuentes.
Se trata, en el caso de este “cara cortada”, de un delincuente reincidente. En la Argentina, hay un altísimo nivel de reincidencia. No es un fenómeno lateral, y fue por eso que en el intento de reforma del Código Penal que hizo el Gobierno en la Argentina, la cuestión de la reincidencia que ellos pensaban eliminar, o sea quitarle su condición de agravante, tuvo que ser postergada. Lo cierto del caso es que se ha privilegiado en el caso de este menor de edad mendocino imputado de matar a cinco personas, se ha privilegiado “desestigmatizar” a una persona que, en principio, como sucede en las sociedades relativamente ordenadas del mundo, no debería salir de prisión, porque sus posibilidades de reinserción son entre nulas e inexistentes.
Lo que se condena al silencio, aquello de lo que no se habla, lo que permanece oculto como si fuese una vergüenza, la basura que se barre bajo la alfombra aunque no es basura, son las vidas perdidas: tanto sea de los policías, que ponen el cuerpo en la pelea contra el delito, como la muchedumbre de inocentes que todos los días, en Rosario o en el Gran Buenos Aires, como goteo interminable, pierden su vida a manos de los “estigmatizados”.
Que ahora esas “víctimas” pidan cirugía estética para no quedar “estigmatizadas”, es otra burla más de un país que no se cansa de sorprendernos, y lo que es peor, de sorprendernos de la peor manera.
(*) Emitido en Radio Mitre, el miércoles 11 de junio de 2014.
