La violencia por parte de las fuerzas de seguridad es una constante en el tratamiento y accionar en casos de violencia de género. Es conocida la reiterada incapacidad de manejo de estos hechos por parte de las fuerzas de seguridad. Desde la negación de la toma de la denuncia, a la valoración condescendiente del agresor frente a la sobrevaloración de la responsabilidad de la mujer, ya sea por la ropa que usa, adónde va, o cualquier otra condición que las responsabiliza de lo que les pasa.
Esto no es exclusivo de las fuerzas de seguridad, pero por la responsabilidad que tienen por sus funciones las hace más evidentes e inaceptables. A esto se suma la concepción de autoridad que se les inculca y que asumen en conjunto. Son las fuerzas del orden, o sea su palabra y acción es y debe ser respetada y cumplida. Caso contrario se trata de una desobediencia que debe ser castigada por la fuerza. Es una clara manifestación de un modelo de masculinidad de poder absoluto, que incluso ejercen las mujeres que se incorporan en las fuerzas. Esto no fue siempre así en nuestro país, ni es igual en todos los países, pero es un patrón de conducta preponderante.
La polémica desatada por el disparo del arma al cantante Chano, quien sufrió un brote psicótico, es un ejemplo patético de lo que ocurre todos los días porque es una conducta habitual. El policía le advirtió quién era para que depusiera su actitud agresiva. El problema es que él no era capaz de entender esa advertencia, justamente estaba enfermo mentalmente y, como tal, incapaz de entender el mensaje. Frente a esto la reacción del agente policial fue desfundar el arma y actuar como ante una persona sana que comete un delito, dispararle. Éste era un caso totalmente diferente, pero no podía entenderlo y cambiar su forma de actuar.
Como en los casos de violencia de género que nos enteramos, aunque hay muchos que nunca conoceremos, el tema es qué hacemos para que esto no se repita, porque son conductas injustas e inaceptables. El desafío es eliminar este patrón de conducta y promover modalidades de trabajo conjunto con los equipos especializados, ya sea de atención de violencia de género o de salud mental, incluido el conocimiento de las leyes respectivas en las que se fundamentan.
Frente a este caso, como pasó en otras ocasiones, el reclamo es a la ley de salud mental y no al factor humano, que en este caso no solo falló en las fuerzas de seguridad, sino también en el equipo de salud de emergencia que concurrió, ellos debieron haber logrado calmar o disminuir la agresividad y evitado la búsqueda de un arma blanca para atacar.
Los policías deben saber y poder entender que un enfermo mental en una descompensación no reconoce su autoridad y que incluso la presencia policial exacerba la agresividad del enfermo. El desconocimiento intencional o no de la ley hace que se pida cambiarla, cuando el problema no es la ley, es su desconocimiento. Desconocimiento que se vio reforzado por las voces de especialistas que ignoran la ley o no la aprueban ya que desde antes de la sanción se oponían a ella.
Estas voces confunden al público, incluidos los agentes de las fuerzas de seguridad. Porque se los llamó para poner orden y cuando lo lograron, aunque sea hiriendo gravemente a un indefenso se los castiga. Necesitamos fuerzas de seguridad bien formadas, no solo informadas, con capacidad de controlar sus emociones y de revisar su concepto de autoridad que no se socava porque no usen la fuerza y que su función no es someter a las personas, sino permitir que se atienda su salud o su necesidad de acabar la violencia. Son agentes al servicio de las personas, esto no se les inculca en la formación ni en el ejercicio profesional cotidiano.
