El martes 4 de mayo fue un día que marcó la realidad política de Argentina y España, en un contexto internacional de fenómenos que afectan el normal desarrollo de los sistemas democráticos. La pandemia no es el único motivo de estos aconteceres sino el friso donde se dibujan las diferentes situaciones que alteran la convivencia de los países que han decidido vivir bajo las normas de una democracia constitucional.
Las situaciones de los mencionados países han sido muy distintas. En Argentina, la Corte Suprema de Justicia se expidió sobre un conflicto de competencias en el estado federal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Madrid, la ciudadanía concurrió a votar en un porcentaje sorpresivamente alto para un sistema electoral sin obligatoriedad de voto. Si bien la elección fue para autoridades locales la importancia del distrito y el desarrollo de la elección interesó a toda la nación.
La similitud que encuentro entre ambas situaciones es que en ambos países estos hechos fueron precedidos de conductas y argumentaciones que revelan un peligroso camino hacia la intolerancia no solo expresadas por la dirigencia política de diferentes líneas sino por la multitud de personas que actúan en las redes sociales. Cuando el respeto por el otro se pierde, cuando la opinión contraria despierta rencor y las diferencias no se dirimen por el diálogo sino por el enfrentamiento la vigencia de la democracia se debilita porque ésta no es solo una forma de organización política sino un modo de convivencia.
Esto no le gusta a los autoritarios
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Señalaba Diego Berardo en un artículo publicado en este diario el domingo 2 de mayo que los discursos de odio están perjudicando no solo la calidad de la democracia sino la calidad de vida de Argentina y sus habitantes. Y esto es así porque el gran desafío de una democracia del siglo XXI se funda en la pluralidad ideológica y de partidos con diferente orientación política tanto como en el respeto de la diversidad cultural de cada uno de los integrantes de la comunidad. Como afirma Alain Touraine, hoy la democracia se define por la tolerancia a la diversidad y la posibilidad de que cada individuo o grupo exprese su singularidad con el mayor respeto del Estado y de los demás integrantes de la comunidad.
Pero la diversidad no es un eslógan de campaña publicitaria ni un elemento de marketing. Es un concepto profundo que implica la aceptación de concepciones del mundo y de la vida basadas en diferentes principios, en interpretaciones diversas de la historia y hábitos disímiles. La pluralidad en un estado democrático no son variaciones sobre un mismo tema, sino la convivencia de posiciones contradictorias que aceptan respetarse y convivir en sociedad.
Amenazas, publicidades xenófobas, frases transgresoras de inocultable cuño autoritario, precedieron el acto electoral en la ciudad de Madrid. Esperemos que el resultado de las urnas, más allá de la antipatía o simpatía que pueda despertarnos, pueda iluminar a gobernantes y oposición para cancelar esas acciones y devolverlas al pasado.
La reacción del gobierno argentino al fallo de la Corte no me despierta esperanzas. El partido de gobierno ha ocupado el Poder Ejecutivo Nacional durante 25 años desde 1983. En ese período ha gobernado la mayor cantidad de provincias y fue promotor de la reforma constitucional que implantó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada en una Convención Constituyente también dominada por el actual oficialismo y con muchos convencionales aún en las más altas esferas del gobierno. Desconocer los alcances de lo que se ha sancionado e imputar a un fallo del máximo tribunal intenciones desestabilizadoras no resulta la mejor posición para convivir en respeto por la diversidad de opinión y por el orden constitucional que se ha comprometido en respetar.
La actual composición del Poder Judicial también es responsabilidad del oficialismo pues desde 1983 hasta el presente ha tenido mayoría en el Senado, órgano que debe prestar acuerdo al nombramiento de todos los jueces. Durante la primera presidencia de Néstor Kirchner se dictó el Decreto 222/2003 que regula un especial sistema para la preselección de candidatos a la Corte Suprema de Justicia.
Ni la dirigencia política ni los integrantes de la sociedad pueden quedar divididos en “correligionarios” y “contreras”, tal como lo describe Samuel Eichelbaum en Un guapo del 900 si quiere evitarse una regresión indeseable de nuestra forma de convivencia.
