Adorno nos recuerda que la sociedad es más que la coexistencia de personas; lo que la define es la interacción entre ellas. Y en esas interacciones se producen relaciones de poder.
Por su parte Weber define el poder como “la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social”; y hasta la creación del Estado ese poder se basaba en la ley del más fuerte, lo que llevó a la necesidad de un “Leviatán” que terminara con el “estado de naturaleza”.
Sin embargo la existencia de un Estado no siempre ha impedido que algunos grupos hagan un mal uso de su poder, incluidos aquellos que manejan el Estado en nombre de sus representados.
De los muchos tipos de interacciones en los que esa “probabilidad de imponer la propia voluntad” se dan en la sociedad nos interesa una que está en su base estructural y que condiciona en buena parte el accionar de la política: la de los empresarios privados, y la de los gobernantes en su relación con los primeros.
Los empresarios privados imponen su voluntad en la interacción con varios actores sociales, entre los cuales se destacan:
1) los trabajadores, a los que fijan las condiciones de trabajo, su salario y la seguridad social;
2) los consumidores, a los que impone el precio que deben pagar por el producto que consumen; y
3) la sociedad en general, a través de contribuir o no a los recursos públicos por sus obligaciones impositivas. Los niveles de pobreza y precariedad laboral; la inflación; y el déficit fiscal, son algunos de los muchos efectos sociales, económicos y políticos que se derivan de esas imposiciones del empresariado, cuando el Estado no interviene.
Pero el accionar del Estado sobre los empresarios varía según la orientación ideológica de la fuerza política que conduce dicho Estado.
Cuando nace el capitalismo la democracia era precaria al no existir el voto de los ciudadanos que eligieran a los gobernantes, permitiendo que el Estado se comportara como “un Comité administrativo de los negocios de la clase burguesa” (Marx: El Manifiesto Comunista). Se trataba de un Estado al servicio de los intereses de la empresa privada, por lo cual no podía esperarse que la controlase.
Pero a partir del Siglo XX el avance de la democracia permite la elección de las fuerzas políticas que manejarán el Estado, por lo cual el Poder de la empresa privada queda sujeto a la voluntad, la aptitud y la transparencia que exhiba esa fuerza política.
La historia muestra que algunas fuerzas políticas lo han usado para socializar los medios de producción (los países socialistas); otras para alentar el desarrollo de las fuerzas productivas que permiten el desarrollo económico y el bienestar social (los países del hemisferio norte); mientras que otras no han sabido o no han querido impulsar dicho desarrollo a través de políticas que alienten las inversiones productivas creadoras de empleo genuino y de riquezas que bien distribuidas llevan al bienestar social.
Esto último es lo que ha ocurrido en nuestro país, con una clase política que pretende justificar su ineficiencia hablando de un capitalismo o empresariado perverso, al que hay que someter.
Con un “infantilismo” ideológico que no se observa en dirigentes revolucionarios como José Mujica, quien sin desconocer los problemas del capitalismo, lo considera inevitable (cf. mi columna: https://www.perfil.com/noticias/columnistas/el-capitalismo-y-la-sifilis.phtml).
*Sociólogo, Club Político Argentino.
