Al Gobierno le está costando encauzar los tres desafíos económicos planteados para 2017. La reducción de la inflación y la reactivación de la economía vienen mucho más lentas de lo esperado. Asimismo, el éxito en reducir el déficit primario del sector público nacional se ve opacado por un creciente rojo financiero: el menor financiamiento con emisión implica mayor endeudamiento público y, por ende, un mayor pago de intereses.
En cuanto al desafío inflacionario, la suba de precios registrada en los primeros meses del año (superior al 2% mensual) ratifica que no será posible cumplir la meta de inflación del BCRA para 2017 (12%-17%). Más importante aún, alerta sobre la resiliencia del proceso inflacionario. La suba de precios de los bienes y servicios regulados aceleró la inflación, pero no alcanza a explicar por qué el capítulo Alimentos y Bebidas o el IPC Resto (que excluye bienes y servicios regulados o estacionales) han trepado a un ritmo mensual del 2% en un contexto de dólar planchado.
El diagnóstico oficial es que, pasado el shock de ajustes de precios regulados, la inflación va a descender significativamente (algunas voces expresan que podría bajar al 1% mensual en el segundo semestre). Sin sobresaltos cambiarios, con aumentos nominales de salarios acotados (la mayoría de los gremios acordaron subas anuales de 20-25%, pero con cláusulas gatillo) y una política monetaria más astringente, la suba de precios debería acotarse.
El razonamiento es correcto, pero probablemente subestime la persistencia del proceso inflacionario. Ya sea por inercia o decisiones específicas de las empresas, la remarcación de precios sigue a un ritmo elevado. El caso del consumo masivo es ilustrativo: pese a que se profundiza la caída de ventas, no se observa una moderación en la suba de precios, y sólo crecen los volúmenes de las marcas con precios inferiores a la media.
La resiliencia del proceso inflacionario puede descoordinar la estrategia del Gobierno. Si la suba de precios persiste elevada durante la segunda parte del año (promedia 1,5% mensual), la inflación superaría el 23% en 2017, disparando la mayoría de las cláusulas gatillo firmadas en paritarias. Si a esto sumamos otro fuerte ajuste tarifario a fines de este año o principios del entrante, la meta de inflación de 2018 (8%-12%) también sería muy difícil de cumplir.
Más importante aún, si la inflación no desciende rápidamente, la mejora del salario real será acotada. Esto implica que la recuperación del consumo en un año electoral será menor y probablemente sesgada a aquellos bienes y servicios con precios atractivos (dolarizados).
En términos de actividad, el Indec confirmó que el PBI creció en los primeros tres meses del año. Viendo el vaso medio lleno, éste es el segundo trimestre consecutivo de expansión de la actividad (ya que en el tercer trimestre de 2016 el PBI se estabilizó). Sin embargo, el ritmo de crecimiento fue acotado (+0,6% sin estacionalidad, lo que implica un ritmo anualizado del 2,4%), por lo que este año tan sólo se recuperaría lo perdido en 2016. Pero la población en nuestro país crece cerca de 1% por año, por lo que el PBI per cápita estaría 2% por debajo del de 2015.
Además, el comienzo del segundo trimestre luce más complejo de lo que se estimaba. No se observa un despegue generalizado del consumo (los bienes durables y gastos dolarizados trepan mientras otros rubros caen), la industria persiste en retroceso y la acumulación de agua en la zona núcleo complica la cosecha gruesa.
A esto se suma un contexto externo menos favorable para nuestras exportaciones: el precio internacional de la soja bajó a menos de US$ 340 la tonelada (lejos del récord de más de US$ 600 la tonelada de mediados de 2012) y el recrudecimiento de la crisis política brasileña puede marchitar la recuperación observada en el primer trimestre de 2017, tras dos años consecutivos de caída.
Quizás lo más destacado es que finalmente la inversión comienza a dar señales de mejora gracias a la recuperación de la construcción (traccionada por la obra pública) y la incorporación de bienes de capital (principalmente importados y asociados a equipo de transporte).
En el plano cambiario, la compra de dólares por parte del BCRA durante la primera quincena de mayo (bajo el argumento de subir las reservas internacionales) le puso finalmente un piso al tipo de cambio: el dólar mayorista volvió a los $ 15,5. El cimbronazo que generó el escándalo político del presidente de Brasil hizo subir el tipo de cambio oficial por encima de los $ 16. Pero no hubo ganancia de competitividad externa, ya que la depreciación del real brasileño fue superior a la del peso argentino.
Por último, en el plano fiscal el Ministerio de Hacienda se encamina a cumplir la meta de déficit primario nacional para 2017 pese a que los gastos siguen trepando por encima de la inflación. En el primer cuatrimestre las erogaciones primarias subieron 36% interanual, mientras que los ingresos treparon 40% interanual (gracias al blanqueo). Sin estos recursos en lo que resta del año, es probable que el Ejecutivo tenga que pisar gastos hacia fin de año.
Los avances logrados en la reducción del déficit primario se ven opacados por el resultado financiero del sector público nacional. Este último trepó 47% interanual en el primer cuatrimestre del año por el salto del pago de intereses de la deuda pública (+140% interanual). Algo similar sucede en el BCRA: la política monetaria contractiva implementada implica una creciente emisión de títulos (principalmente Lebacs) y a tasas elevadas, lo que también abulta los intereses cedidos.
Consistencia y consenso. Pasadas las elecciones legislativas, el Gobierno deberá hacer un balance de los primeros dos años de gestión. A grandes rasgos, el Ejecutivo logró evitar una crisis macroeconómica producto de los significativos desequilibrios heredados, pero no ha logrado implementar un esquema económico que nos devuelva a una trayectoria de crecimiento sostenido.
El desafío para la segunda mitad de este gobierno es salir del escenario de estanflación con elevado déficit y endeudamiento externo. Es cierto que hubo muchas mejoras institucionales que impactan positivamente sobre los negocios, pero ha quedado demostrado que con eso no alcanza. Para salir del laberinto se necesita implementar una política económica consistente con consenso suficiente como para revertir problemas acumulados y modificar cuestiones estructurales.
