En el sube y baja

La Argentina polarizada por la movilización del 21F parece haber sucedido un año atrás. Eso que asomaba como el preludio de un comienzo de año complicado, con un humor social inestable y un sector de la sociedad reactivo a una economía que no encuentra su buen camino quedó desdibujado por debates que despiertan alto voltaje pasional. ¿Despenalización del aborto, sí o no? ¿Corresponde que con nuestros  impuestos  –que tanto nos cuestan– se les costee la salud a personas que no viven aquí?

Estos temas ocuparon la agenda del oficialismo la semana en la que Mauricio Macri realizó la apertura de las sesiones en la Asamblea Legislativa. Después del caótico diciembre de 2017 y el humor social y político con el que la votación exprés de la reforma previsional cerró la actividad del Parlamento, los debates que busca instalar el oficialismo en la reapertura de la discusión legislativa son bien diferentes.
Evidentemente el Gobierno aprendió la lección en la que el logro de la reforma previsional tuvo tal costo político y social  que no se podía repetir. Imposible ir por la reforma laboral como la había planeado, y por eso puso en discusión una agenda alternativa. La parte más débil del discurso presidencial tuvo que ver con lo económico. La situación socioeconómica sigue siendo mala porque es difícil atacar los problemas de fondo. Cuando el Presidente habla de cosas invisibles está implícita la imposibilidad de mostrar resultados visibles para la gente.

Hoy el Gobierno tiene una profunda caída de imagen, y para mucha gente lo peor no pasó, circunstancia de la que el oficialismo debería notificarse. Compró una idea de optimismo enorme que la realidad no muestra. Por eso vemos en discusión hoy en día temas, por supuesto importantes, pero que no son los que afectan de fondo a la realidad de nuestro país.

Debates. Al hablar sobre el proyecto de despenalización del aborto, el presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, dijo: “Vamos a profundizar el debate por el camino de las comisiones, escuchando las voces, respetando a todos, sin ningún tipo de fanatismo, lo que hace a una sociedad democrática”. Sin embargo, en la oposición hay malestar: “Van a estirar el debate del aborto hasta al menos junio, para que pasemos de distraernos con el aborto a distraernos con el Mundial”, se quejan en los pasillos del Congreso.

La otra discusión que ocupó la agenda fue la posibilidad de cobrarles a los extranjeros por el acceso a la salud pública. Si bien sectores de la oposición critican que este debate también sea usado para desviar la atención, la situación interna en Cambiemos es otra. Hay malestar en el bloque con un sector del radicalismo que, de la mano del diputado por Cambiemos Luis Petri, e impulsado por el gobernador radical Gerardo Morales, presentó un proyecto para cobrarles a los extranjeros no residentes por los servicios de salud y educación universitaria. Fueron los diputados Nicolás Massot, jefe del bloque Pro en Diputados, y el propio radical Mario Negri, presidente del interbloque Cambiemos, quienes manifestaron malestar por la decisión unilateral de un sector del bloque de presentar el proyecto e instalar el debate en la agenda política y mediática. “Hubo una diferencia en los tiempos en los que se presentó la iniciativa y la consulta previa dentro del interbloque, que por ahí no fue lo profunda que algunos esperaban”, sostuvo Massot en declaraciones radiales. En el interior del Congreso no esperan que este proyecto prospere.

Salida. El pasado viernes Alberto Abad presentó su renuncia, luego de reunirse en la residencia presidencial de Olivos con el presidente Mauricio Macri y miembros del gabinete, y el 31 de marzo será el último día ante la Administración General de Ingresos Públicos. Si bien esta noticia irrumpió en los medios, la renuncia del titular de la AFIP ya se venía gestando desde finales del año pasado y no sorprendió a sus más cercanos. Al respecto, Abad sostuvo que la decisión fue acordada con el Presidente y dijo: “Yo cumplí cincuenta años de trabajo y 35 años en el sector público. Que quede claro, esto no es una renuncia, es un retiro”. Quiso acallar así los rumores de conflictividad con el Gobierno. Sin embargo, la relación de Abad con el Presidente tuvo en el último tiempo varios cortocircuitos.

Uno de ellos consistió en la decisión de la AFIP de ir tras uno de los empresarios favoritos del Gobierno, Marcos Galperín, al exigirle a la empresa Mercado Libre un pago millonario al Estado (aproximadamente $ 500 millones mensuales) por concluir que no la encontraba beneficiaria de una exención de impuestos a través del Régimen de Promoción de la Industria del Software. Fue otra entidad del Gobierno, el Ministerio de Producción con Francisco Cabrera a la cabeza, la que salió en defensa de la empresa garantizando el acceso a este beneficio tributario. En su momento, está decisión despertó suspicacias respecto de la interna entre las dos entidades.

Otro tema pujante para la AFIP fue la negociación de la entidad con el empresario Cristóbal López, por la deuda de más de $ 17 mil millones que mantiene el ex Grupo Indalo por la retención del Impuesto a la Transferencia de Combustibles por parte de la empresa Oil Combustibles. Cuando el grupo inversor OP Investment, encabezado por Ignacio Rosner, tuvo la intención de comprar la empresa, acusó a Abad de impedirle el pago de la deuda millonaria y como consecuencia de no poder efectuarles el pago a los más de 4 mil empleados. Al día de hoy, la operación de venta ya fue rechazada dos veces por la AFIP y por los veedores judiciales. En su momento, especialistas en finanzas cuestionaron la rigidez del titular de la AFIP: “La venta podría haberse efectuado a través de la ley de quiebras; luego de la resolución del juez Cosentino por los créditos posconcursales se podría pedir la quiebra y realizar la venta por los valores de los activos. Yo me pregunto si le dejan hacer lo que tiene que hacer o trabaja bajo ciertas presiones”.

La financiación de la deuda de la empresa postal OCA fue otro de los cortocircuitos que pusieron a la AFIP y al Gobierno en los titulares de las noticias. La empresa de correo tiene una deuda con la AFIP de $ 1.700 millones, y en plena negociación se acusó al ente regulador de considerar un plan a medida de la empresa por presiones del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. “La Rosada nunca pidió un procedimiento especial, y si hubiese existido no lo habríamos hecho”, declaró Alberto Abad en su momento: “Es una operación periodística”.

El golpe de gracia que, según el entorno, le dolió muchísimo al mismo jefe de la AFIP fue la filtración de datos del blanqueo que sufrió la institución, y que culminó en la imputación por parte del juez Canicoba Corral de siete personas acusadas de integrar una banda que vendía datos protegidos, información confidencial del organismo. Debido a estas filtraciones quedaron expuestos familiares del Presidente y gente cercana al Gobierno que adhirieron al blanqueo, mencionados en una nota publicada en Página/12 por el periodista Horacio Verbitsky.

 Producción periodística: Lucía Lopreiato.