Negocios sospechosos con Venezuela, sobreprecios en licitaciones, asociaciones ilícitas, enriquecimientos de todos los colores. Las causas judiciales que investigan a varios funcionarios de la administración kirchnerista son variadas. Pero todas parecen tener algo en común: concentradas en manos de un puñado de jueces federales, avanzan más lento cuando se trata de ministros o secretarios que están ocupando sus cargos, y de manera mucho más rápida cuando los acusados se alejan del poder.
PERFIL muestra en estas páginas que la Justicia no suele citar a declaración indagatoria a hombres del Gobierno que permanecen en sus puestos, y que –en cambio– toma esa medida con más frecuencia con ex funcionarios.
El llamado a indagatoria es útil para medir el avance de una investigación, porque es cuando se imputa un delito de manera formal, y se realiza cuando ya se recolectaron suficientes elementos para sospechar que se cometió una ilegalidad.
En los últimos años, los jueces federales indagaron a varios ex integrantes del Poder Ejecutivo después de que se retiraran de la función pública. El caso más notorio es el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, que desde el año 2003 recibió más de una veintena de denuncias penales, pero se le tomó su primera declaración de ese estilo en marzo de este año.
Otros que fueron citados luego de haber presentado su renuncia son la ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti (malversación de fondos públicos) y el ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales) Claudio Uberti (la valija de dólares “bolivarianos” de Antonini Wilson).
Al mismo tiempo, la Justicia todavía no indagó a funcionarios nacionales que siguen firmes en sus despachos, en decenas de expedientes donde se los investiga por distintos delitos y que se encuentran abiertos –en muchos casos– desde hace varios años. En ese grupo se encuentran figuras como el ministro de Planificación, Julio De Vido (Skanska, contrataciones irregulares, sobreprecios, entre otros), el jefe de Gabinete Aníbal Fernández (desobediencia de órdenes judiciales), el secretario de Comercio Guillermo Moreno (Indec, amenazas, abuso de autoridad) y la ministra Desarrollo Social de Alicia Kirchner (irregularidades en los fondos de planes sociales).
El listado de ex funcionarios kirchneristas que fueron indagados luego de regresar al llano - un fenómeno que también se pudo observar durante gobiernos anteriores- es variado.
El primer ejemplo evidente corresponde al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, que realizó una gestión muy cuestionada y que fue uno de los primeros integrantes del Gobierno que comenzó a recibir denuncias en los Tribunales.
Durante los seis años que el cordobés se desempeñó en esa función, acumuló un récord de más de 25 presentaciones judiciales en contra, por varios delitos que incluían desde enriquecimiento ilícito hasta múltiples irregularidades en contrataciones públicas y el manejo de subsidios millonarios, además de supuestamente haber recibido costosos regalos y atenciones de las empresas que debía controlar.
A pesar de la cantidad de judiciales que se mantuvieron abiertos durante varios años, este polémico funcionario fue indagado recién después de que se retiró de su cargo. En efecto, presentó su renuncia el 1 de julio del 2009 y ocho meses después –el 5 de marzo pasado– le tomaron su primera declaración indagatoria, en la causa donde terminó procesado por viajar en vuelos pagados por empresas de transporte. En los últimos meses también se registraron avances en una investigación por enriquecimiento, que averigua si es dueño de propiedades millonarias, donde se realizaron varios allanamientos y en abril pasado le trabaron un embargo de 40 millones de pesos.
Algo similar sucedió con la ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti, que a mediados del 2007 fue denunciada en la Justicia por malversación de fondos públicos. A pesar del escándalo, el Gobierno la mantuvo en el cargo y durante los siguientes 18 meses no tuvo malas noticias judiciales. Pero cuando fue desplazada –en diciembre del 2008– el panorama cambió: menos de un año después fue citada a declaración indagatoria.
Otro caso corresponde a Claudio Uberti, el ex presidente del Occovi, que en agosto de 2007 fue compañero de viaje del venezolano Antonini Wilson y, pocos días después, renunció a su puesto. Fue el único hombre del kirchnerismo que llamaron a declaración indagatoria –terminó sobreseído– en la causa de la famosa valija. El presidente de la empresa Energía Argentina SA (Enarsa), Exequiel Espinosa, viajó en el mismo vuelo y fue responsable de alquilar ese avión, pero todavía continúa en el cargo y fue citado a declarar como “testigo”.
La palabra “declaración indagatoria” y “funcionario” no se combinan, hasta tal punto que el Gobierno prefirió desplazar autoridades que fueron o que iban a ser llamadas a indagatoria. Eso fue lo que sucedió en mayo del 2007, con dos hombres muy comprometidos con las presuntas coimas de la constructora Skanska: el presidente del Enargas Fulvio Madaro y el gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa. Y la misma decisión se tomó dos meses después con Felisa Miceli, que salió eyectada del Ministerio de Economía apenas se conoció que el fiscal Guillermo Marijuan la había citado por el dinero encontrado en el baño de su oficina.
Sin embargo, la Justicia parece avanzar a un ritmo más lento cuando se trata de funcionarios que ejercen un cargo, porque no llamó a declaración indagatoria a altos integrantes del Poder Ejecutivo, en decenas de causas judiciales donde son investigados por distintos delitos.
El ejemplo más notorio parece ser el ministro de Planificación Federal Julio De Vido, que en la actualidad se encuentra en la mira de más de diez expedientes judiciales, donde se lo investigan por irregularidades en contrataciones, sobreprecios en obra pública y supuestas coimas.
Pero como si esto fuera poco, además fue el jefe directo de ex funcionarios que están bajo la lupa de la Justicia por supuestos hechos de corrupción: Claudio Uberti (comisiones con Venezuela), Fulvio Madaro (caso Skanska) y el secretario de Transporte Ricardo Jaime.
Otro integrante del club es el poderoso jefe de Gabinete Aníbal Fernández, el ministro con más antigüedad del Gobierno y que ya recibió más de una decena de denuncias.
En los últimos tiempos acumuló varias por desobedecer órdenes judiciales: cuatro por no desalojar la sede del gremio de aeronavegantes y una que presentó Martín Redrado en el verano pasado, cuando la Policía Federal no lo dejaba entrar al Banco Central.
Entre las denuncias más importantes que enfrentó el ex intendente de Quilmes se encuentra una presentación por enriquecimiento ilícito, que fue presentada por el abogado Ricardo Monner Sans a mediados del año 2008. Y también quedó vinculado a la delicada causa por el triple crimen de General Rodríguez, desde que el principal sospechoso declaró que es amigo de Alejandro Giancristóforo, un integrante de la corriente política liderada por el ministro.
Dentro del listado se encuentra el secretario de Comercio Guillermo Moreno, que tampoco fue llamado a indagatoria en varios expedientes que se abrieron para investigarlo. Acumuló denuncias por delitos de intimidación, amenazas y abuso de autoridad, tanto hacia empresarios como a funcionarios públicos.
Además, fue denunciado por incumplimiento de deberes y por su actuación en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
En ese expediente, estuvo cerca de ser indagado: en julio de 2007, el entonces fiscal Carlos Stornelli lo citó con ese objetivo, pero el juez federal Rodolfo Canicoba Corral no concretó ese pedido.
La ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner es otra funcionaria que no fue llamada a indagatoria. La hermana del ex presidente fue denunciada por supuesto enriquecimiento ilícito, por la compra de tierras fiscales en El Calafate y distintas irregularidades en el manejo de los fondos destinados a planes sociales de su ministerio.
La lista incluye a Carlos Zannini, el secretario Legal de la Presidencia y hombre de extrema confianza del matrimonio Kirchner. Está siendo investigado en una megacausa por asociación ilícita, que tiene en la mira a los hombres más importantes del kirchnerismo y en ese mismo expediente fue mencionado por el senador Luis Juez como la persona que le programó una reunión con Cristóbal López, donde -según su testimonio- el empresario kirchnerista le habrían ofrecido dinero a cambio de hacer negocios en la ciudad de Córdoba.
